Las tarjetas monedero del Gobierno colocan al Banco de Alimentos de Andalucía al borde del abismo

El nuevo sistema estatal, al que la Junta de Andalucía se opuso desde un primer momento, y que entró en vigor en abril del año pasado, ha sustituido al antiguo Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (Fead) de la Unión Europea. Ahora, las familias beneficiarias reciben esta ayuda de forma directa a través de tarjetas monedero que se recargan para la compra de alimentos y productos de primera necesidad en siete cadenas de supermercados adheridos al programa. En Andalucía únicamente están implantadas tres de ellas: Eroski, Carrefour y Alcampo, que además no tienen presencia en poblaciones pequeñas y por supuesto, tampoco en el entorno rural, lo que excluye al 85% de los municipios andaluces.

Según los datos adelantados hace unos días por ABC y facilitados por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta, el nuevo sistema dejó fuera a unos 200.000 andaluces el año pasado.

La presidenta de la Federación del Banco de Alimentos de Andalucía, Isabel Gomis, sostiene que la situación es grave y que peligra el trabajo de la entidad: «Este cambio nos ha supuesto un detrimento de entre el 40 y el 50% de nuestros recursos alimenticios y para estructura. Antes, cada kilo de alimentos venía con una dotación económica para su gestión de almacenaje y distribución, entre otros aspectos. Hablamos de que en los Bancos de Alimentos provinciales y los de Ceuta y Melilla, que son las asociaciones que componen la federación andaluza, son en torno a 10 millones de kilos de alimentos menos».

Gomis se queja además de que la federación andaluza está afrontando esta falta de recursos en solitario: «Estamos sorteando la situación a pulmón, con un esfuerzo extraordinario por parte de los voluntarios y de la sociedad. Hemos tenido que espaciar más los repartos y ya no son tan continuos como antes. Nos vemos muy desatendidos por el Gobierno central y el regional porque les hemos trasladado que nuestra situación actual es muy crítica y la conocen. Podemos perder las naves que tenemos, la maquinaria, los voluntarios y los técnicos, lo que tanto nos ha costado conseguir tras 25 años de esfuerzo. Nos han dejado solos ante la atención que nos demandan los comedores sociales, las casas de acogida. No lo entendemos. El año pasado hemos aguantado porque teníamos un remanente del anterior pero este año, sinceramente, no sabemos qué ocurrirá», reconoció.

Subraya además que el convenio que el Banco de Alimentos ha mantenido durante una década con el Gobierno central les ha permitido crecer en estructura y maquinaria. «Cuando hablo de crecer es para llegar al máximo número de personas posibles y llegar mejor, con más recursos, así como abrir otras áreas como las que tenemos de inserción socio-laboral o sensibilización ante el despilfarro alimentario, por ejemplo. Sin embargo, cuando nos habíamos consolidado, nos retiran esta ayuda. Serán necesarios muchos años para recuperar tanto el reparto como la gestión de nuestras instalaciones sin ayuda institucional», asegura.

El futuro, por tanto, es muy incierto, según reconoce: «Seguimos trabajando porque tenemos planes de futuro pero necesitamos estructura y respaldo financiero ello. Hemos empezado el año sin saber cómo vamos a terminarlo, si vamos a tener que dejar alguna nave o despedir a técnicos, porque ayuda directa, por mínima que fuera, no tenemos ninguna».

Pero el nuevo sistema del Gobierno deja también otros aspectos destacables. Según Gomis, la federación andaluza «no ha percibido ninguna disminución» en el número de familias con menores a su cargo que atiende tras la implantación las tarjetas. Este sistema, además, es carísimo. Antes, con la dotación directa, con el alimento se hacía una subasta a la baja, pero ahora los productos son precio venta al público en los supermercados».