Los populares denuncian al ex alcalde socialista de Estepona
MÁLAGA. Los concejales del equipo de gobierno del Ayuntamiento del municipio malagueño de Estepona presentarán una denuncia contra el portavoz del PSOE y ex alcalde de la población esteponera, Antonio Barrientos, por sus «temerarias acusaciones»de presunto soborno cometido por los miembros del Partido Popular, según informó ayer el Ayuntamiento de Estepona.
Para los populares, «esta acción legal servirá para esclarecer un asunto que ha desviado la atención sobre la realidad informativa de Estepona, confundiendo a la opinión pública y mintiendo a los ciudadanos esteponeros con unas declaraciones que faltan a la verdad».
Según el Ayuntamiento, «desde que el Partido Popular gobierna en el municipio, se ha abierto una nueva etapa política caracterizada por la honestidad y la gestión eficaz de los recursos, frente a la ineficacia de otros equipos de gobierno».
Ante los tribunales
El equipo de gobierno considera que si el ex alcalde, Antonio Barrientos, entiende que se ha cometido algún delito, su «obligación» es denunciarlo ante los tribunales de justicia y no poner en entredicho la labor del Ayuntamiento mediante ruedas de prensa con «acusaciones infundadas».
Las declaraciones de Antonio Barrientos se produjeron el pasado lunes, y en las mismas el ex alcalde de Estepona denunció el intento de soborno, por un importe de 1,8 millones de euros, para que retirara el recurso interpuesto contra el acuerdo adoptado por la comisión de gobierno del Ayuntamiento para la reactivación de una licencia urbanística otorgada en 1992 a Babylon Playa.
Según el ex alcalde de Estepona, los escándalos que se están produciendo en este municipio no tienen parangón en la Costa del Sol. Barrientos, en su intervención ante los medios de comunicación, acusó al presidente del Partido Popular de Málaga, Joaquín Ramírez, de dar cobertura legal a las «tropelías» y barbaridades urbanísticas de Estepona a través de José Gerez, actual teniente de alcalde.
Barrientos dijo que no había querido llevar el caso del presunto soborno a los tribunales «para no judicializar la vida política de Estepona».
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