La Policía asocia el amaño de contratos del Infoca con una red nacional de mordidas

La Policía Nacional encuentra una «conexión» entre el supuesto amaño de la adjudicación por parte de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía de contratos de medios aéreos para desarrollar e l Plan Infoca entre 2015 y 2018 y una red criminal que salpica a ex altos cargos valencianos y catalanes y empresarios que presuntamente pactaban precios y sobornaban a autoridades para «repartirse el pastel» del mercado de la extinción de incendios a escala nacional y con tentáculos que pueden extenderse hasta Portugal e Italia. El juzgado de Instrucción 8 de Sevilla que investiga las irregularidades en la adjudicaciones de contratos autonómicos a cinco empresas aeronáuticas por importe de 93,18 millones ha recibido un atestado policial que revela que cuatro de estas empresas ganadoras «estaban siendo objeto de investigación» en otras diligencias abiertas por el juzgado de Sagunto (Valencia ) y declaradas secretas.

De hecho, la Unidad Adscrita de Policía Judicial que analiza los contratos del Infoca y que ha realizado este informe señala en el mismo que tanto ella como la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía fueron requeridos por el juzgado valenciano para realizar las detenciones de ocho empresarios andaluces y registros en sus empresas, presuntamente involucradas en un posible «cártel en el negocio del fuego». Este juzgado también investiga una «posible colusión de empresas del sector aeronáutico, mecanismo que derivó en presumible responsabilidad penal al alterar los precios de concursos públicos en contra de los intereses de los consumidores», el mismo modus operandi de las sociedades en las adjudicaciones de la Junta.

Entre los investigados (la nueva denominación de imputados tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) se encuentran cuatro responsables de la sociedad Fumigación Aérea Andaluza S.A. (Faasa) : su presidente, Miguel Ángel Tamarit Campuzano, su hijo Héctor Tamarit Almagro, Manuel González Gabaldón y Javier Ortiz Martín. Faasa se hizo con el lote más cuantioso del concurso resuelto por la Junta en marzo de 2015, por valor de 43,71 millones de euros.

Además de esta firma, con sede en la localidad cordobesa de Palma del Río, están implicados en la supuesta red nacional Fernando Espejo Delgado, que preside Trabajos Aéreos Espejo ; Miguel Ángel Martínez Ridao y Miguel Ángel Martínez Bonilla, de Servicios Aéreos Europeos y Tratamientos Agrícolas , empresas que tienen sus sedes en Córdoba y el municipio sevillano de Utrera, respectivamente. Ambas constituyeron una unión temporal de empresas que ganó otro contrato de 6,68 millones de euros para la lucha contra los incendios forestales en Andalucía. Completa la lista de investigados por el juzgado de Sagunto Antonio Miguel Román Guillén, quien está al frente de la Sociedad Aeronáutica Peninsular S.L ., ubicada en Mairena del Aljarafe (Sevilla), que se hizo con otro lote de 1,05 millones dentro de la convocatoria de la Junta.

Los agentes señalan que cuando empezaron a indagar en la vida laboral de los máximos responsables de las citadas compañías «se produce, gracias a los canales internos de coordinación policial, un cruce con una investigación llevada a cabo por la Brigada de Blanqueo de Capitales de la UDEF de los organismos centrales del Cuerpo Nacional de Policía».

La investigación judicial sobre los contratos del Infoca 2015-2018 se inició a raíz de la denuncia presentada por un funcionario, al que la Junta abrió un expediente disciplinario. Ya ha declarado como «investigado» Antonio Martínez López, jefe del servicio de Contratación de la Consejería de Medio Ambiente . Ecologistas en Acción, que se querelló contra Martínez López por presunta prevaricación en relación con los hechos, ha pedido la declaración como testigos del interventor de la Junta Ángel Francisco Pérez Molera; Alicia Rollán Gómez, exjefe de Contratación; el presidente de Faasa, Miguel Ángel Tamarit Campuzano ; el vicepresidente, Miguel Ángel Tamarit Almagro; y el apoderado Manuel González Gabaldón.