Mariscadas, maletines y otros excesos de los antiguos gestores pasan factura a la UGT Andalucía en los tribunales

Al calor de las subvenciones millonarias que entraron en sus arcas de la mano de los siete acuerdos de concertación social que firmaba la Junta de Andalucía con la patronal, UGT-A y CCOO-A en la etapa de Manuel Chaves y José Antonio Griñán , el sindicato multiplicó su patrimonio. En el año 2011, cuando arreciaba la crisis, reunía posesiones inmobiliarias valoradas en 19,57 millones de euros, según el informe pericial aportado por los empleados afectados por un ERE presentado por la UGT-A en noviembre de 2012 que acabó avalando el Tribunal Supremo. Gran parte de su patrimonio ha sido vendido para obtener liquidez y evitar el crac del sindicato.

En una muestra más de megalomanía, el entonces líder del sindicato hermano del PSOE (la doble militancia antes era obligatoria) incluso financió una orquesta sinfónica para que tocara en sus actos conmemorativos. Era la orquesta de un Titanic que empezó a hundirse el 30 de noviembre de 2012, cuando la organización comunicó los ceses a los mismos trabajadores a los que arengó, meses antes, a salir a la calle para protestar contra la reforma laboral de Mariano Rajoy en vísperas de las autonómicas de 2012.

En mayo de 2013, Pastrana dejó las riendas del sindicato a su ‘número dos’, Francisco Fernández Sevilla , cuando su frágil salud se agravaba y después de que ABC desvelara que la UGT-A era su casera. Lo que vino después fue una sucesión de capítulos publicados en la prensa sobre mariscadas, maletines falsos y aulas que el sindicato se auto alquilaba , gastos que éste utilizaba para justificar ayudas autonómicas dirigidas a dar formación a los parados.

El caso de las facturas falsas dio pie a una extenuante instrucción judicial que concluyó en abril de 2020 con el procesamiento de Fernández Sevilla, otros cuatro antiguos dirigentes y diez proveedores acusados de un supuesto fraude de 40 millones por las subvenciones que recibió de la Junta entre 2009 y 2013. El juez libró a Pastrana del banquillo por su «incapacidad sobrevenida» en referencia a su salud.

Carmen Castilla, la primera mujer que asumió el mando del sindicato en enero de 2014, ha tratado por todos los medios de enderezar el rumbo de la nave. No lo ha tenido fácil. Pero ha logrado que vuelvan muchos de los afiliados que perdió, restablecer su reputación dañada y mantener una interlocución útil con el Gobierno actual del PP y Cs.

Pero la sombra del pasado es alargada y se proyecta hoy sobre su futuro. El juez instructor impuso una fianza de 40,7 millones de euros a la entidad sindical como responsable civil subsidiaria por el uso irregular de los fondos públicos que hicieron sus antiguos dirigentes. El destino de la UGT-A está en manos de la Justicia. Hace una década nadie lo habría imaginado.