La Guardia Civil confirma que el PSOE en la Junta de Andalucía condonó a CC.OO. y UGT 6,7 millones

El Equipo de Delincuencia Económica y Urbanística de la Guardia Civil en Sevilla califica su inacción de «reiterada dejadez y negligencia» porque durante seis años (2006-2012), bajo distintos gobiernos socialistas, «no se hizo nada» para reclamar una deuda tan cuantiosa contraída por los sindicatos con la Junta de Andalucía. Es una de las conclusiones a las que llega la Policía Judicial en un informe de 83 páginas al que ha accedido ABC e incorporado al sumario que instruye el Juzgado número 9 de Sevilla.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) declaró prescrito el derecho de la Junta al reintegro de los fondos públicos en el año 2017.

Enterrada la vía contencioso-administrativa para recuperar el dinero bajo el mandato de Susana Díaz (PSOE), el nuevo Gobierno del PP y Ciudadanos presentó una denuncia a la Fiscalía de Sevilla que ha derivado en la apertura de una investigación penal por el Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla. Basándose en el citado informe policial, el fiscal atribuyó un supuesto delito de malversación de fondos públicos a seis exdirigentes de ambos sindicatos y otro de prevaricación «omisiva» a tres ex altos cargos.

Tras el reciente fallecimiento de Francisco Javier Guerrero , la causa se dirige contra sus sucesores en la Dirección General de Trabajo de la Junta: Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera . Hay otros seis exdirigentes sindicales investigados, entre ellos, los exsecretarios generales de CCOO-A Julio Ruiz Ruiz (1992-2004) y Francisco Carbonero (2004-2017), así como su homólogo en la dirección regional de UGT-A, Manuel Pastrana (1998-2013).

El atestado policial que ha dado pie a la denuncia del fiscal entrevera consideraciones técnicas con otras más subjetivas. Los agentes entienden que «claramente» ha existido «un trato de favor y opacidad hacia UGT-A y CCOO-A por parte de la Consejería de Empleo de la Junta y, más concretamente, desde la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social en el periodo 2007-2012». Tras analizar la documentación, la Guardia Civil concluye que la Junta de Andalucía realizó una «presunta exoneración encubierta en todos los años de gestión de las residencias de tiempo libre por parte de los sindicatos» en un régimen de «monopolio» hasta 2006, cuando los tribunales tumbaron esta exclusividad al considerarla discriminatoria con otras centrales.

El Consejo de Gobierno cedió por decreto a ambos sindicatos la gestión de las plazas en siete residencias de tiempo libre de titularidad autonómica en el año 1999. La cesión obligaba a sendas centrales a reintegrar a la Junta el 80% de los precios públicos cobrados a las familias que veraneaban en estos complejos vacacionales. Entre los ejercicios de 2003 y 2006, CCOO y UGT no ingresaron el dinero recaudado , aunque en sus propias cuentas sí contabilizaron las deudas.

La Guardia Civil pone de manifiesto la «reiterada dejadez y negligencia de la Administración en aquellas fechas para el cobro de cantidades importantes de las que era responsable final».

Hasta junio de 2015 la Junta no abrió un procedimiento de reclamación de 4,02 millones a CCOO y de 3,37 millones a UGT –que pagó una parte y adeuda 2,69 millones–, pero incluso en este trámite los agentes creen que «sigue la Administración reclamante favoreciendo a las centrales sindicales». En el reintegro no se computa el «preceptivo interés de demora anual de estas cantidades» correspondientes a 8 años de atraso.

En su declaración en el juzgado , tantoJuan Márquez como Daniel Rivera alegaron que el jefe de servicio nunca les informó sobre la citada deuda, por lo que ignoraban su existencia. Según explica la defensa de Márquez, la Guardia Civil ratificó el informe policial y declaró que los supuestos indicios delictivos contra él derivan del cargo que éste ocupaba.