La falta de norma crea agravios en el coste de las plazas en las residencias
La Cámara de Cuentas reprocha a la Junta que usuarios en la misma situación económica reciben una bonificación distinta según donde vivan
En igualdad de condiciones y con idénticos ingresos, un usuario paga más que otro por alojarse en una residencia de mayores o acudir a una unidad de estancia diurna (UED). El importe de la bonificación de cada plaza varía sin que exista una razón objetiva. Todo depende de la provincia en la que el mayor resida o de las pautas que se marque la empresa que explote este servicio, a pesar de estar concertado con la Junta de Andalucía.
Esta disparidad en el desembolso que deben realizar los usuarios, en su mayoría pensionistas con ingresos limitados , se debe a que la Administración autonómica carece de una norma para calcular su nivel de renta, lo que constituye una fuente inagotable de agravios. Así lo revela la C ámara de Cuentas de Andalucía en un informe publicado el pasado día 21 que fiscaliza la gestión de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (Assda), adscrita actualmente a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. El citado organismo puede financiar hasta el cien por cien del coste de la plaza dependiendo de la aportación y la renta del usuario.
Sin procedimiento
En su análisis, de 87 páginas, los auditores reprochan al ente público encargado de planificar y coordinar estos servicios que «no hay procedimiento uniforme para el cálculo y la revisión de la capacidad económica del usuario , con el fin de determinar su aportación en el servicio que se presta, aún cuando, para la concertación de los centros de Atención Residencial y Unidad de Estancia Diurna (para discapacitados y mayores), existe una normativa que regula el método de cuantificación de estos ingresos y una Instrucción de 2003 que fija ciertos criterios aplicables a estos conciertos y, además, a los de Respiro Familiar».
La Junta dispone de alrededor de 40.200 plazas concertadas en residencias y centros de día de la comunidad autónoma , de las cuales 25.700 están concebidas para personas mayores y más de 14.400 para discapacitados.
La falta de procedimiento alienta las desigualdades. «Este hecho ha provocado que la bonificación de la agencia difiera partiendo de una misma situación en función de las provincias o del criterio que aplique el personal que realiza esa gestión», señala la Cámara de Cuentas en su informe. Ilustra el agravio con ejemplos extraídos de su propio trabajo de campo para fiscalizar a la Assda durante el ejercicio de 2013. «Por ejemplo, en las unidades de estancia diurna de mayores, mientras en un convenio de Huelva se computan los ingresos brutos de la unidad familiar, en una concesión administrativa de Córdoba se consideran los ingresos líquidos de la unidad familiar».
Las diferencias afectan por igual a las plazas concertadas en centros privados y en los públicos. En el caso de los segundos la gestión se desarrolla mediante la figura de la concesión administrativa. Éstos tampoco se libran de los reparos de la Cámara de Cuentas. Dentro de la propia Administración se aplican criterios sin seguir un patrón fijo: «No consta regulación o instrucción para la aplicación de descuentos en el precio de la plaza, lo que ha ocasionado que en algunos centros se apliquen estas reducciones, con diferentes porcentajes, y en otros no». De hecho, añade, «se ha detectado la aplicación de un descuento del 10,5% en los expedientes tramitados por la agencia», mientras que en los de la Consejería a la que está adscrita se aplica una reducción del 3,6% y en los de extinta Fundación Andaluza de Servicios Sociales (FASS) no se aplica descuento alguno.
Servicios
La agencia, que pertenece a la denominada «administración paralela» de la Junta, asumió las competencias de dos fundaciones que se extinguieron bajo el paraguas de la polémica Ley de Reordenación del Sector Público de Andalucía aprobada en 2011. La Assda se encarga de la concertación de plazas en centros ajenos y propios para Atención Residencial y las unidades de estancia diurna, la asignación de prestaciones económicas, el Servicio Andaluz de Teleasistencia, el de Ayuda a Domicilio y la Tarjeta 65.
El ente fiscalizador dibuja en su informe un escenario donde reina cierto descontrol . Así, detecta un incumplimiento de la Ley de Dependencia en algunos centros de día. La norma estipula que deben permanecer abiertos los doce meses. Pero en cuatro de los conciertos revisados por la Cámara de Cuentas «no se aplica esta previsión y cierran un mes por vacaciones». «Hay centros en los que, si los usuarios dan su conformidad, se permite el cierre por vacaciones, sin que el concierto establezca esta posibilidad ni consten comunicaciones e instrucciones internas que contenga el protocolo de autorización», señala.
A lgunos de los centros concertados con la Junta llevan funcionando «durante años con la acreditación caducada o con un informe desfavorable o provisional» , advierten los auditores. Le reprochan que no exista «un plazo máximo para que un centro permanezca sin acreditación definitiva».
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