UGT Andalucía, relato de un fraude: de las aulas de formación subvencionadas en el Caribe al banquillo

Al mismo tiempo que la federación comunicaba el ajuste a su plantilla alegando que se había agotado la ayuda autonómica que sufragaba sus nóminas, a 12.000 kilómetros de Sevilla, su secretario general, Manuel Pastrana, convidaba a la delegación anfitriona del Congreso Internacional de Servicios Públicos a una comida en un restaurante especializado en pescado y marisco en el puerto de la ciudad sudafricana de Durban. La factura se cargó a la tarjeta Visa Corporate Oro que tenía asignada el líder ugetista.

Luego se supo que este detalle representaba una minucia comparado con la burbuja de privilegios en la que vivían encerrados los directivos de la central, a resguardo de la intemperie en la que iban a dejar a sus trabajadores. El informe pericial que el personal incluido en el ERE aportó al juzgado, publicado por ABC y La Voz de Cádiz , no logró anular sus despidos pero sacó a la luz conductas poco ejemplarizantes en la organización fundada por Pablo Iglesias en 1888 para defender a la clase obrera. Los miembros de la ejecutiva cobraban sobresueldos –a veces con billetes de 500 euros– , mientras la UGT-A se gastó 228.000 euros en la compra de una casa adosada en Sevilla para que viviera en él Pastrana, inquilino y casero al mismo tiempo.

El edificio sindical tenía anclados sus cimientos sobre una ciénaga de corrupción que se nutría de las subvenciones autonómicas, muchas de ellas excepcionales y nominativas . Entre 2009 y 2013 recibió 102 millones de euros repartidos en 32 ayudas . Con el lubricante que le inyectaba la Junta de Andalucía para dar cursos a desempleados y trabajadores, Pastrana y su sucesor, Francisco Fernández Sevilla, montaron un engranaje perfectamente engrasado.

El dinero público constituyó una vía de financiación paralela e irregular para sus gastos de estructura. Con las ayudas con membrete oficial abrieron sucursales y aulas en el Caribe, y costearon su propaganda , pancartas para las huelgas, barras libres en la Feria de Abril y hasta mariscadas que hacían pasar por reuniones directivas sobre los acuerdos de concertación social, aprovechando el laxo control de la Administración. En 2007, la UGT-A costeó también los gastos de su viaje a Panamá junto al entonces vicepresidente de la Junta Gaspar Zarrías , que subvencionó la construcción de unas aulas sindicales.

Tras el registro policial de las sedes del sindicato ordenado por la juez Mercedes Alaya , quien ya seguía la pista del dinero cobrado por los sindicatos en los ERE, la investigación volvió al juez de Instrucción 9 de Sevilla, Juan Jesús García Vélez , que había abierto las diligencias previas el 22 de agosto de 2013. Entre tanto, la opinión pública asistía perpleja al goteo incesante de revelaciones periodísticas sobre facturas falsas e infladas de compras emitidas por proveedores de confianza y de alquileres de aulas que pertenecían al propio sindicato, incluidas algunas casas del pueblo compartidas con el PSOE, el partido «hermano» (hasta 1990 la doble militancia era obligatoria) que mandaba en la Junta de Andalucía. La presión se hizo tan insoportable que Fernández Sevilla tuvo que dimitir a los siete meses de llegar al cargo.

En paralelo, el sindicato inició una cruzada judicial contra su antiguo trabajador Roberto Macías, para el que pide cuatro años de prisión (tres años solicita la Fiscalía) por un supuesto delito de revelación de secretos. En el juicio, que está pendiente de la sentencia, el ex administrativo justificó la filtración de documentos internos alegando que la federación funcionaba como una «organización criminal»

La apertura del juicio oral contra la antigua cúpula de la UGT-A decretada por el instructor del caso durante seis años y la dura acusación de la Fiscalía Anticorrupción –que pid e 7 años de cárcel para Fernández Sevilla y otros tres exresponsables sindicales – demuestran que las noticias no eran conjeturas de la «derecha mediática», fruto de las filtraciones de extrabajadores movidos por una sed de venganza, como dijeron sus dirigentes, sino una cadena de indicios palmarios de delito. Basándose en el informe de un perito de la Junta, el juez cifró el fraude en 40,7 millones . Éste es también el importe de la fianza impuesta a los principales acusados.

Pastrana se ha librado del banquillo por sus problemas de salud, aunque el juez sostiene que la central de compras que instauró el desvío sistémico de fondos fue «decisión directa» suya . El magistrado sitúa a la UGT-A como responsable civil subsidiaria. Es decir, si los procesados se declarasen insolventes y fueran condenados, tendrá hacer frente a un agujero millonario con su propio patrimonio.

El fraude que sigue negando la actual dirección bajo el mando de Carmen Castilla , amenaza la supervivencia de la federación, que tiene otras cuentas pendientes con la Junta y la Justicia. La Consejería de Empleo le reclama 18 millones de euros por no justificar de forma adecuada una subvención para cursos de formación de 2007.

El fiscal jefe de Sevilla tiene abierta otra investigación sobre el supuesto desvío de 7,4 millones (4,02 millones de CC.OO. y 3,37 de la UGT) correspondientes a las cuotas cobradas a usuarios de las Residencias de Tiempo Libre que los sindicatos debían haber reintegrado a la Junta de Andalucía, deuda que dejó prescribir el Ejecutivo de Susana Díaz , cuyo marido, José María Moriche , trabajó desde 2003 hasta 2012 para el IFES (Instituto de Formación y Estudios Sociales) de la UGT. Su nómina se financió con fondos de formación hasta poco antes de que la líder del PSOE andaluz aterrizara en el Gobierno presidido por José Antonio Griñán .

Al proceso judicial que más daño ha hecho a la reputación de la UGT-A se han sumado unas arcas cada vez más vacías por la pérdida de afiliados cuando estalló el escándalo y la suspensión de la formación durante seis años debido a las irregularidades por parte del anterior Ejecutivo regional . Sus ingresos autonómicos han menguado de forma exponencial. Los 52 millones de euros que recibió en 2009 se han reducido a 363.093 euros, la suma de cuatro ayudas de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales recogidas en sus cuentas para 2020. Su presupuesto ronda los 5,4 millones y los gastos jurídicos casi igualan ya a los ingresos para ejecutar programas.

Lejos queda la situación boyante en la que vivía en 2008, cuando un dirigente sindical de Jaén confesó abrumado que no sabía qué hacer con tanto dinero acumulado en el «bote» , el saldo que se nutría con las facturas infladas de un proveedor habitual cuyo administrador también se va a sentar en el banquillo. En el borrador del acta de una reunión interna, que el sindicato no reconoce, quedó transcrita esta frase: «Llegará un momento en que no sabrá qué hacer con tanto dinero». La preocupación de la UGT-A tiene ahora un origen muy diferente: cómo sobrevivir si la Justicia acaba pasándole al cobro y en diferido una factura millonaria. No hay bote ni Visa Oro que puedan resolver ese dilema.