El sector turístico de Andalucía alerta de las pérdidas que causa el nuevo sistema de registro de viajeros

Si hasta este momento bastaba con rellenar el nombre completo, el número y tipo de identificación (con su caducidad), la fecha de nacimiento, nacionalidad y sexo, el nuevo Real Decreto de Fernando Grande-Marlaska insta a dejar constancia del teléfono móvil, la dirección de correo electrónico, el lugar de residencia completo, el tipo de transacción monetaria -con la respectiva tarjeta o cuenta corriente-... entre un sinfin de categorías.

De una decena y media ahora se deben consignar más de 40 (en hoteles y alojamientos turísticos) y hasta 64 en lo tocante al alquiler de vehículos.

«En el momento actual, los mayores ataques a la seguridad ciudadana vienen protagonizados tanto por la actividad terrorista como por el crimen organizado, en los dos supuestos con un marcado carácter transnacional. En ambos casos cobran especial relevancia en el modus operandi de los delincuentes la logística del alojamiento y la adquisición o uso de vehículos a motor, cuya contratación se realiza hoy en día por infinidad de vías, incluida la telemática, que proporciona una mayor privacidad en esas transacciones», aducía el Ministerio en el BOE del 27 de octubre de 2021, donde quedaba desglosado el nuevo marco normativo.

Sin embargo, el equilibrio entre el blindaje de las ciudades y la privacidad personal podría quedar en entredicho. Por ejemplo, el Real Decreto obliga ahora a indicar incluso la relación de parentesco entre viajeros. Eso sí, siempre que uno de ellos sea menor de edad.

La propia Junta de Andalucía asegura que esta práctica «vulnera la intimidad de los clientes». Es una de las múltiples reacciones de rechazo que, desde hace semanas, viene planteando el sector turístico nacional y especialmente el andaluz, que tanto peso tiene en la economía general de la región.

Otra de las cuestiones que llevan a la negativa del Ejecutivo andaluz es que «no queda determinada cuál es la finalidad de los datos que se solicitan». De hecho, el Partido Popular Europeo ha hecho un requerimiento al Parlamento de la UE para analizar en profundidad la posible vulneración de los derechos a la intimidad y de la ley de Protección de Datos.

La Consejería de Turismo y Andalucía Exterior alerta además de la más que probable «merma la competitividad de España» en este aspecto teniendo en cuenta que «estos requisitos no se piden en otros destinos competidores del nuestro».

Tanto es así, que para evitar este doble perjuicio el sector solicitó dos meses de prórroga antes de la entrada en vigor de este lunes, para contar con un margen de maniobra que permitiera alumbrar alternativas. «No se ha dado respuesta a ninguna de las comunicaciones que se han enviado desde las confederaciones de hoteles, agencias de viaje y alquiler de vehículos», recalcan desde la Consejería que lidera Arturo Bernal.

Especialmente reaccionarios se han mostrado los profesionales de los operadores turísticos y las agencias. Por ejemplo, desde la Federación Andaluza de Agencias de Viajes (FAAV) aseveran encontrarse en «una situación nunca antes vivida».

Y es que más alla del deber del propietario del inmueble o de la flota móvil, el Real Decreto rige que estos intermediarios también faciliten los datos en cuestion.

Aunque en todo momento se muestran sensibles al problema de fondo, y colaborativos con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la institución que preside Luis Arroyo recalca que «nuestro sector no ha estado nunca obligado a facilitar estos datos (tampoco en ningún otro país). El artículo 25 de la Ley Orgánica 4/2015 de la que emana dicho Real Decreto no menciona ni a las agencias de viajes ni a los operadores turísticos como posibles sujetos obligados a la comunicación y registro».

La FAAV también pone el acento en que el sector se compone principalmente de pymes y micropymes, «muchas de ellas sin capacidad de adaptación tecnológica y que tampoco pueden asumir el alto coste operativo y administrativo que tendría el cumplimiento de la norma».

El problema final, concluyen, sería el «descrédito» de cara al exterior, que abonaría el terreno a que turoperadores europeos terminaran optando por destinos competidores al español y andaluz, donde no se exige esta cesión de datos «que atenta de manera directa y flagrante contra la intimidad y seguridad de los propios turistas».

Los prestadores finales de los servicios, es decir las empresas de hospedaje y de alquiler de vehículos tampoco ven con buenos ojos el cambio. Por ejemplo, la Asociación de Hoteles de Sevilla -uno de los grandes polos turísticos de Andalucía- se alinea totalmente con la postura de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), que hace una semana abrió la puerta a la vía judicial.

El presidente de este órgano de representación de los hoteleros a nivel nacional, Jorge Marichal, se mostraba hastiado de solicitar «diálogo y propuestas concretas para garantizar la seguridad jurídica y la viabilidad del sector» sin respuesta del Ministerio.

«Ante esta falta de voluntad política, nos vemos obligados a plantear vías legales para proteger tanto a los empresarios como a los viajeros», sentenció tajante.