Las rutas migratorias de Alborán y el Estrecho dejan 180 fallecidos

En el caso de la ruta del Estrecho la mayor parte de los fallecimientos se han producido por ahogamientos al intentar atravesar a nado la frontera con Ceuta, una ruta que ha crecido exponencialmente este año. Sin embargo, no hay constancia de incidentes de embarcaciones tratando de llegar hasta la Costa de Cádiz. De hecho, los datos reflejan como esta ruta para llegar a la península ha ido perdiendo peso progresivamente en los últimos años dejando muy atrás las cifras de la crisis migratoria andaluza de 2018. Apenas el 15% de las llegadas a Andalucía de forma irregular durante este 2024 se han producido a través de esta vía.

La ruta más habitual se ha consolidado como la de Alborán que desemboca en las provincias de Almería y Granada. Según los datos del Ministerio del Interior hasta el 30 de noviembre, último dato oficial registrado, habían llegado a las provincias de Granada y Almería 4.435 de los 5.332 inmigrantes llegados de forma irregular a las costas. Un 84%. Se trata además de una ruta de especial riesgo.

La ONG Caminando Fronteras estima que se han producido en esta zona 70 fallecidos o desparecidos en unos 14 naufragios de embarcaciones o motos náuticas en esta zona. La cifra coincide con los datos recabados por la Organización Internacional de Migraciones este mismo año. Así ocurrió por ejemplo en noviembre cuando una decena de personas desaparecieron cuando viajaban con destino al municipio de Adra.

«Los controles que se implantaron en Marruecos en torno a estas dos rutas han hecho que las llegadas a la provincia de Cádiz sean mínimas ya. En el caso de las provincias de Almería o Granada se trata ya sobre todo de rifeños que viajan en lanchas neumáticas o de embarcaciones que realizan la ruta argelina. En la zona de Almería sí se han producido graves incidentes aunque son cifras que no tienen nada que ver con otras rutas mucho más peligrosas a las que se desvían ahora las embarcaciones como la atlántica», explican desde la ONG Caminando Fronteras.

En cualquier caso, son estimaciones realizadas por esta ONG y otros organismos porque la realidad es que no hay un registro oficial del número de personas fallecidas o desaparecidas cuando intentan llegar a las costas andaluzas huyendo de un conflicto o de una grave situación económica.

«El Gobierno no comparte esta información. Hay una gran opacidad en torno a la situación de las personas inmigrantes cuyas embarcaciones desaparecen», lamenta el director de Políticas Migratorias de la Junta de Andalucía, Francisco Jesús Toronjo, quien incide en que se ha ofrecido al Ejecutivo un «marco de colaboración y un modelo de cogobernanza» para afrontar los naufragios y atender a las víctimas que se produzcan pero sin obtener respuesta.

Los datos del Ministerio del Interior de llegadas a las costas andaluzas no obstante reflejan una caída de la presión migratoria en Andalucía. Hasta el pasado 30 de noviembre se habían registrado 5.332 llegadas lo que supone un 34% menos que en esa misma fecha del año anterior. Las rutas de la inmigración ilegal se han realizado así principalmente a Canarias.

Aunque esto no supone que los recursos disponibles para menores o para acoger a adultos que necesitan de un apoyo en sus primeros meses de estancia o que han solicitado asilo estén más libres. Todo lo contrario. Han cerrado el año 2024 prácticamente llenos principalmente por los efectos de la crisis migratoria de Canarias que según los datos del Cabildo ha recibido más de 45.000 inmigrantes durante este año. Muchos de ellos han sido trasladados a la península ante la saturación de los recursos.

«Estimamos que en torno a un 25% de las personas que reciben una atención de primera acogida en la península lo hacen en Andalucía», apuntan el director andaluz de Políticas Migratorias que denuncia «la falta de información y de coordinación» por parte del Gobierno que les impide contar con un dato exacto. La Junta de Andalucía sí dispone de un informe mensual sobre los recursos estatales de acogida para inmigrantes que han llegado de forma irregular: según éstos hay unas 10.000 plazas en la comunidad autónoma y estaban ocupadas en un 94% al cierre del mes de noviembre. «Hay una saturación de los recursos que ha ido empeorando en los últimos meses por la situación de Canarias y por otros factores como el atasco en las solicitudes de asilo ya que los solicitantes tienen el derecho a permanecer en los recursos públicos un año hasta que se resuelvan».

Desde la Delegación del Gobierno en Andalucía matizan que hay recursos suficientes y disponibles para atender a las personas inmigrantes que llegan: «El sistema nacional es flexible y capaz de responder a las necesidades de cada momento por lo que los recursos varían de forma continua. Se dispone de tantas plazas como sea necesario, el tiempo que sea necesario».

La Junta de Andalucía también incide en su voluntad de «acogida y solidaridad» con las personas inmigrantes, especialmente los menores que sí son de competencia autonómica. Las 645 plazas existentes llevan ocupadas por encima del 100% todo el año aunque, según la Consejería, el origen de esta saturación está en los 560 menores que llegaron a la comunidad autónoma como si fueran mayores de edad y luego se comprobó que no habían cumplido los 18 años.

Resolver este conflicto es una de las principales reivindicaciones de la Dirección General de Políticas Migratorias que también reclama al Gobierno central que incorpore la consideración de Andalucía como frontera Sur, que negocie con las comunidades autónomas y que frene la posibilidad de un acuerdo de cesión de competencias en materia migratoria a Cataluña: «Será un caos si hay diferencias de competencias y de gestión entre territorios».