Un rodillo sin enmienda

La tramitación del «decretazo» en el Parlamento no garantiza que el PSOE acepte los cambios que piden oposición y funcionarios. Los socialistas sólo han admitido con cuentagotas alguna de las más de 700 enmiendas planteadas en lo que va de legislatura por PP e IU

JESÚS SPÍNOLA

J. MORILLO

04/12/2010
Actualizado 05/12/2010 a las 11:39h.

La Junta decidió el pasado 23 de noviembre aprobar un nuevo decreto de reordenación del sector público que, a diferencia del aprobado en julio, se tramitará como proyecto de Ley, es decir, se debatirá en el Parlamento y no lo aprobará unilateralmente el Gobierno andaluz , al menos teoría. Porque en la práctica el nuevo decreto no sólo está en vigor, aunque como la reforma laboral puede enmendarse en la Cámara, sino, y lo que es aún más importante, el PSOE cuenta con una mayoría absoluta que se ha traducido en un uso y abuso del denominado «rodillo» parlamentario, que ha sido el responsable de que la oposición apenas haya podido introducir enmiendas a las leyes que se han aprobado en lo que va de legislatura.

Por esta razón, la nueva táctica del Gobierno que preside José Antonio Griñán, quien reconoció que había cometido errores en la tramitación de este decreto, se antoja más como un intento por desactivar la protesta de los funcionarios que en la búsqueda del consenso con la oposición y la mayoría de los sindicatos de la función pública —Csi-Csif, Safja y Ustea—.

La razón es que el Gobierno no se ha movido ni un ápice de su posición, esto es, sigue negando, como le critican sindicatos y oposición, que el decreto busca hacer fijos al personal de empresas públicas y fundaciones , y traspasar competencias exclusivas de los funcionarios a las nuevas agencias públicas.

Estas demandas son difícil que modifiquen el actual proyecto de Ley, a lo que se suma que el PSOE se ha mostrado la mayor parte de la legislatura contrario a las enmiendas de la oposición, sirvan como ejemplo los presupuestos andaluces, donde han sido contadas las enmiendas aceptadas . Así de las más de setecientas enmiendas planteadas por PP e IU en lo que va de legislatura a proyectos de Ley del Gobierno —sin contar los presupuestos—, el PSOE apenas ha admitido una veintena de los primeros y más de un centenar a los segundos. Pero hay que tener en cuenta que la mayoría de las aceptadas a IU se centran en la Ley de Aguas de Andalucía, en total 115, una situación que desde la federación de izquierdas no dudan en calificar de excepcional.

Ejemplo reciente

De hecho, en el último pleno se produjo un buen ejemplo de este uso que hacen los socialistas de su mayoría absoluta, al sólo aceptar dos de las más de treinta enmiendas que planteaba la oposición al proyecto de Ley de medidas fiscales para la reducción del déficit público, que, al igual que la reordenación del sector público , se aprobó primero por decreto. El PSOE sólo aceptó dos modificaciones que proponía IU a la Ley, que incluye nuevos impuestos para las bolsas de plástico de un solo uso y para entidades financieras con depósitos bancarios en Andalucía, mientras que rechazó todas las del PP.

De hecho, la única Ley que ha contado con el consenso y la unanimidad de todas las fuerzas políticas en lo que va de legislatura fue la relativa a medidas para la asistencia y atención a las víctimas del terrorismo en Andalucía , aunque esto es la clara excepción que confirma la regla que marca el rodillo socialista.

Esta situación ya es habitual para el PP, partido al que la Junta no le ha aceptado ni una sola enmienda en leyes de calado, como la de derecho a la Vivienda , a la que presentaron 37 modificaciones; la de medidas tributarias de reactivación económica, que introducía modificaciones en impuestos autonómicos; y la de Aguas.

En esta última, además, se dio un caso curioso. El PSOE aceptó, por fallo de uno de sus diputados al marcar el sentido del voto al grupo parlamentario, 63 enmiendas de los populares , lo que obligó a tramitar de nuevo la ley en comisión. Al pasar de nuevo por el pleno, el grupo socialista no introdujo ni una sola de las enmiendas populares.

Leyes locales

Más suerte tuvo el PP en la tramitación de dos normas de fundamentales para los ayuntamientos andaluces: la Ley de Autonomía Local, donde le aprobaron 10 de las 141 enmiendas planteadas ; y la reguladora de la participación de entidades locales en los tributos de la comunidad, aunque en esta ocasión los socialistas no aceptaron ni una sola de sus 32 enmiendas.

Otras leyes que se aprobaron sin que el PP pudiera introducir la más mínima modificación fueron la ley de acceso de los municipios andaluces al régimen de organización de municipios de gran población, la Ley de Mediación Familiar y el plan Proteja .

En esta última Ley, IU tampoco pudo introducir enmiendas, a pesar de haber registrado hasta 81 de ellas. Esta situación se repitió para la federación de izquierdas también en las leyes de Autonomía Local y de participación de los ayuntamientos en los tributos de la comunidad, a las que presentaron 180 modificaciones.

Tampoco se mostró muy dispuesto al consenso con IU el PSOE en la Ley de Vivienda , donde no consideró ni una sola de la treintena de enmiendas registradas. Más receptivos se mostraron los socialistas en la tramitación de la Ley de garantías de la dignidad de la persona en el proceso de muerte, en la que aceptó a la federación de izquierdas 9 de sus 18 enmiendas. En esta norma, el grupo socialista también hizo suyas dos de las 21 modificaciones que planteó el PP.

El PSOE también aceptó un número reducido de enmiendas en la modificación de la trasposición de la normativa europea relativa a servicios en el mercado interior, dos de las once presentadas; y en la Ley de la Dehesa, seis de 68 presentadas.

Ante estos números del rodillo socialista y la nula voluntad del Ejecutivo andaluz para modificar los aspectos sustanciales del decreto —sólo ha reconocido errores en la tramitación—, su paso por el Parlamento como proyecto de Ley puede confirmar todos los temores de los sindicatos, esto es, que se desoiga su voz y la de la oposición y el decreto haga fija a la «administración paralela» de la Junta de Andalucía.