Las residencias de tiempo libre de Andalucía: una vía de ingreso sindical muy cara para los andaluces

El problema llegó cuando UGT y CC.OO. dejaron de ingresar en las arcas públicas 6,1 millones de euros que generaron las residencias bajo su gestión. Según reclamó en 2020 la Junta, ya en manos del PP, fueron 4 millones de euros por parte de CC.OO. y 2,1 por parte de la UGT los que dejaron de ingresarse al erario público.

¿Qué pasó? Según explicaron ambos sindicatos en su momento, nadie de la Junta, entonces con el PSOE al frente, les pidió que ingresaran ese dinero. La dejadez en la petición de cobro devino en la prescripción de cualquier presunto delito que las acciones de UGT y CC.OO. pudieran haber supuesto.

En 2006 la Administración asumió la adjudicación de las plazas tras una sentencia firme del Tribunal Supremo que rechazó la cesión exclusiva a los sindicatos.

El caso se complica y en el mismo entran actores más que conocidos en los juzgados andaluces. Porque quienes estaban al frente de los departamentos que firmaron las cesiones de dichos espacios y no reclamaron el dinero público eran tres: Juan Márquez, Daniel Alberto Ribera y Francisco Javier Guerrero. Los nombres sonarán porque estos tres altos de la Consejería de Empleo en tiempos del PSOE han hecho en más de una ocasión el paseíllo por los juzgados a cuenta de varios casos de corrupción.

El caso tiene hasta un muerto. Se trata precisamente de uno de los señalados en este caso, el exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, quien murió en 2020 y, por razones obvias, no fue juzgado por este asunto aunque sí por otros que dieron con sus huesos en la cárcel.

Desde 2006, cuando los sindicatos dejan de gestionar las residencias y volvieron a la Junta y hasta 2020, todo el mundo miró hacia otro lado. En ese año la consejera de Empleo, Rocío Blanco, llevó a los juzgados el agujero de 6,1 millones de euros. El cambio en el Gobierno andaluz, que desde dos años antes estaba en manos del PP por primera vez en 37 años, hizo que variara también la actitud de la Junta ante esta cuestión. El problema es que el Juzgado determinó que, después de tanto tiempo, el caso estaba prescrito.

Además, según el juez, las pruebas no determinaban una apropiación indebida. Los tres acusados que eran altos cargos de la Junta -que quedaron en dos por la muerte de Guerrero- se libraron del caso. Pero no del escarnio de ver en el escrito de la Guardia Civil que habían actuado «con una reiterada dejadez y negligencia» en la gestión de los centros de tiempo libre.

En el caso también estuvieron envueltos hasta seis dirigentes sindicales. Sin embargo, como ocurrió con los altos cargos socialistas en la Junta, el archivo del caso les libró de cualquier condena.

La cuestión es que, aunque el caso de archivara tras prescribir, en las arcas públicas andaluzas, reconoció el juez, quedó un agujero de 6,1 millones de euros. Las residencias de tiempo libre, de las que ahora se desprende la Junta, fueron en su día rentables. Al menos para el bolsillo de UGT y CC.OO.