La Junta acelera su recurso contra una Ley de Amnistía que tacha de «veneno contra la igualdad de los españoles»
La iniciativa deberá ser elaborada por los servicios jurídicos sobre los pilares de la vulneración de la separación de poderes, el derecho a la igualdad ante la ley o la seguridad jurídica»
Apenas cinco días después de la aprobación de la Ley de Amnistía en el Congreso y en la recta final de la campaña para las elecciones europeas, la Junta de Andalucía formalizó ayer su primer paso para elevar ante el Tribunal Constitucional la ley aprobada por el Gobierno de España en el marco de los acuerdos suscritos con las formaciones independentistas catalanas para la investidura de Pedro Sánchez. El Consejo de Gobierno aprobó adoptar esta iniciativa de acuerdo con el criterio que establezcan los servicios jurídicos del Gobierno autonómico.
El Gobierno autonómico, que trata de liderar así una iniciativa coordinada entre todas las comunidades autónomas gobernadas por el PP a la que se ha sumado el Gobierno de Castilla y La Mancha (PSOE), aunque defendiendo en todo momento su autonomía. «Es una decisión nuestra en defensa del interés de los andaluces de protección de la comunidad y de la constitución».
Andalucía basa su recurso en cinco ejes que fueron detallados por el Consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz y que deberán ser desarrollados por los servicios jurídicos que tienen además que acreditar en su recurso que se vulneran principios de ámbito autonómico. Tendrá un plazo de tres meses desde que se publique la ley en el BOE.
En primer lugar, el Gobierno andaluz considera que se «vulnera el principio de separación de poderes que es un pilar del Estado de Derecho» y que supone una «intromisión del legislativo al poder judicial que alcanza incluso a procedimientos vivos o pendientes de incoación».
En segundo lugar, la «vulneración del derecho de los españoles ante la igualdad ante la ley al fijar arbitrariamente que por unos mismos hechos ilícitos y en un mismo ámbito temporal unos españoles deban responder a las penas y otros queden exonerados de cualquier responsabilidad». Para Antonio Sanz esto supone que «se rompe el principio de igualdad ante la ley. Ciudadanos que delinquieron y se crea un ámbito de impunidad que permite que algunos ciudadanos se vean exonerados y otros ciudadanos por hechos idénticos caiga todo el peso de la ley».
El tercer argumento expuesto por el consejero Antonio Sanz es que se «vulnera la seguridad jurídica al fijar un principio de hecho que quiebra la confianza ciudadana en el sistema jurídico, abre un espacio de impunidad en el que sólo para determinados ciudadanos las leyes no se van a aplicar».
El cuarto eje es que «vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva de quienes han sido víctimas entre los que se encuentran los poderes públicos cuando el delito amnistiado es la malversación de caudales públicos». «La amnistía supone la extinción de las responsabilidades civiles y contables», concluyó Sanz.
Por último, el recurso se basará en una «vulneración de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos». «Es una ley arbitraria que sólo sirve a intereses políticos y que se aprueba para servir a un partido político», completó el consejero.
«La ley aprobada por el Congreso vulnera normas y principios constitucionales de manera evidente. No caben amnistías para personas concretas. Es veneno contra la igualdad, la separación de poderes, la seguridad jurídica, o vulneración al derecho de tutela efectiva », completó Sanz.
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