El puesto de Defensor del Pueblo Andaluz queda vacante tras expirar el mandato de Jesús Maeztu

Así se recoge en una resolución de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, firmada con fecha de este pasado miércoles, 18 de septiembre de 2024, y consultada por Europa Press, por la que «se declara vacante el cargo de Defensor del Pueblo Andaluz por expiración del plazo del mandato».

De esta manera, el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, declara en esta resolución «vacante» el cargo de Defensor del Pueblo Andaluz, por «expiración del mandato» de Jesús Maeztu, «dando cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2.º.1 y 5.º.1.2.º y 2 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, según redacción dada por la Ley 3/2001, de 22 de mayo».

La misma resolución precisa que, «de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5º.3 de la referida ley, en la redacción dada por la Ley 3/2001, y hasta tanto no se proceda a la toma de posesión del titular designado para el siguiente mandato por el Parlamento de Andalucía», Jesús Maeztu Gregorio de Tejada «se mantendrá en el ejercicio de sus funciones como Defensor del Pueblo Andaluz».

Jesús Maeztu fue elegido por el Parlamento para un primer mandato como Defensor del Pueblo Andaluz en el año 2013, y en el año 2019 fue elegido de nuevo para un segundo mandato que ha concluido ahora, en 2024. Con anterioridad, ya desempeñó el mismo cargo, pero en funciones, entre 1995 y 1996, en sustitución de su entonces titular, Manuel Conde-Pumpido Ferreiro.

El ahora Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, que sustituyó en dicho cargo a José Chamizo, nació en Medina Sidonia, Cádiz, en el año 1943. Es profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad de Sevilla y estuvo al frente del Comisionado del Polígono Sur de Sevilla.

Hace tres meses, el pasado 12 de junio, Jesús Maeztu aprovechó su comparecencia en el Pleno del Parlamento para presentar el Informe anual correspondiente a 2023 del Defensor del Pueblo Andaluz, para despedirse de los diputados al estar próxima la finalización de su segundo mandato, con unas palabras en las que pidió a los parlamentarios que cuidaran de la institución que él ha estado dirigiendo desde 2013, pidiendo que la alejaran «de las controversias y opciones políticas legítimas, para que en el siguiente mandato, ya cercano, esta institución pueda seguir trabajando en mejorar la vida de las personas, con especial prioridad en la ciudadanía que se está quedando en la cola ante los nuevos retos».

De igual modo, Jesús Maeztu expresó al finalizar su intervención en dicha comparecencia en el Pleno su deseo de que su sucesor como Defensor «estuviera representado ahora por una mujer».

La Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz establece que dicho cargo «será elegido por el Parlamento para un período de cinco años», y para su elección se requiere una mayoría de tres quintos de la Cámara, que en la asamblea andaluza, conformada por 109 diputados, se traduce en al menos 65 escaños.

De esta manera, la mayoría absoluta con la que cuenta el PP-A en el Parlamento, de 58 diputados, no es suficiente por sí sola para elegir al nuevo Defensor del Pueblo Andaluz, sino que requiere del apoyo de, al menos, siete parlamentarios más. En la presente legislatura, el Grupo Socialista cuenta con 30 diputados, Vox con 14, Por Andalucía con cinco y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía está conformado por dos parlamentarios.

Al respecto de esta cuestión, el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, señalaba recientemente en una entrevista concedida a Europa Press que desde el grupo mayoritario de la Cámara -el PP-A- no le habían trasladado todavía una propuesta para ocupar la vacante del Defensor, y sobre el comentario del propio Jesús Maeztu sobre que le gustaría que fuera una mujer quien la pudiera sustituir, el líder socialista defendió que se trataba de un comentario «lógico y coherente».

Al respecto, el secretario general del PSOE-A subrayó que «hay instituciones y cargos de responsabilidad en los que no ha habido nunca ninguna mujer al frente», por lo que sería «una magnífica noticia» que, igual que «ahora ha ocurrido con el Consejo General del Poder Judicial y la presidencia del Tribunal Supremo», una mujer «asuma instituciones de este nivel», según apuntó Espadas.