El PSOE mira a Andalucía para 'paliar' los efectos del pacto catalán

Ya con Salvador Illa como presidente de la Generalitat, en este curso político el PSOE trata de pasar pantalla, de cambiar su relato y su discurso. Se trata, en palabras de su portavoz, Esther Peña, de «relanzar el partido tras el ciclo electoral y renovar el equipo de dirección». Pasar página y afrontar un nuevo ciclo. Para eso se adelanta el congreso federal al próximo mes de noviembre (del 30 de noviembre al 1 de diciembre) y por eso se elige como sede de nuevo Andalucía, más concretamente el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla.

Hay un punto de partida clave en la elección de Andalucía para este congreso federal. La comunidad autónoma tiene el 25% del censo de la militancia del PSOE en España. Uno de cada cuatro militantes socialistas están afiliados a una agrupación de la comunidad autónoma. Le sigue de lejos la Comunidad Valenciana con un 10% (sede del Congreso anterior en 2021), Madrid con el 8% y Cataluña, con el 7%.

En segundo lugar, el peso político electoral de Andalucía. De la comunidad autónoma salen 61 escaños del Congreso de los Diputados. En las últimas generales 25 fueron para el PP y 21 para el PSOE. Esta distancia tan estrecha fue, de hecho, determinante para interpretar el resultado electoral final que salió de las urnas en julio de 2023.

El tercer factor está en el calendario político de los próximos meses. Si no hay adelantos electorales (escenario que nunca se puede descartar) el horizonte está despejado hasta 2026 cuando están previstas las elecciones en Castilla y León (donde gobierna el PP aunque sin mayoría absoluta y con una de las coaliciones fracasadas de PP y Vox) y en Andalucía (la gran mayoría absoluta del PP con Juanma Moreno). Y en este caso no sólo se trata de fijar ya como objetivo principal del PSOE la comunidad autónoma (una especie de Operación Andalucía) sino también de que el debate orgánico en torno a la candidatura de Juan Espadas se cierre lo antes posible.

Es decir, tanto si se mantiene Juan Espadas como candidato, tal y como él y su equipo pretenden, como si se articula una alternativa que en estos momentos no tiene un liderazgo asociado, el escenario se va a despejar en el congreso federal de Sevilla y apenas unos meses después en el Congreso Regional y en los cónclaves provinciales y locales que se celebrarán posteriormente. Si es así, a principios de 2025 estará casi despejado no sólo la candidatura para 2026, sino también los equilibrios que definirán las candidaturas un año después para las elecciones municipales, donde los socialistas son desde 2023 oposición en prácticamente todas las grandes ciudades salvo excepciones como Dos Hermanas, La Rinconada, San Fernando o Chiclana.

Pero más allá de estos aspectos, existe un motivo de fondo. El PSOE ha puesto en cuestión con sus acuerdos firmados con las formaciones nacionalistas todo el modelo autonómico actual. Es cierto que aún no se ha concretado nada. Pero se ha firmado una quita de deuda de 15.000 millones a Cataluña junto con una «financiación singular», el compromiso de financiar la dependencia al País Vasco al 50% o el traspaso de parte de las líneas de Rodalíes a Cataluña a cambio de una inversión económica asociada. Todas ellas cuestiones que en función de cómo se concreten podrían (o no) hacer saltar por los aires todos los equilibrios.

En buena medida, el desarrollo de estos acuerdos está aún por escribir. Y para escribirlo ahora los interlocutores son otros (un gobierno de coalición en el País Vasco con un PNV muy distanciado del PP, y un gobierno del PSC en solitario con Salvador Illa), el PSOE tiene que abrir el terreno. Y de ahí que sea en Andalucía donde se deba encarar el debate concreto sobre la financiación o las competencias autonómicas, con un final aún impreciso. Las referencias de Ferraz a revisiones en los estatutos de autonomía recuerdan al escenario de los años 2005 a 2007 cuando de los acuerdos de Cataluña derivaron una reforma en cascada de todos los estatutos, un nuevo sistema de financiación en todo el territorio e incluso algunas compensaciones como el reconocimiento de la deuda histórica andaluza.

El PSOE-A quiere convertir un problema (el efecto sobre la ciudadanía de los acuerdos de Cataluña) en una oportunidad. Pero al mismo tiempo esto supone un desafío, no exento de riesgos. Organizar un congreso, ser responsable de su éxito o fracaso y absorber todos los focos a nivel nacional del debate orgánico tiene también una importante complejidad y el efecto puede ser especialmente negativo para los socialistas si no consiguen lanzar un mensaje de alcance y adecuado para la ciudadanía andaluza. Al igual que la tiene asumir el papel de equilibrar los intereses y discursos de federaciones ahora mismo tan distantes de Ferraz como Aragón o Castilla La Mancha.