Los protagonistas de la fábrica de chorizos que dio origen a los ERE, a un paso del banquillo
El juez procesa a Juan Lanzas y once personas más por los casi 20 millones enterrados en la vieja Cárnicas Molina
La historia del caso ERE comenzó en una fábrica de embutidos y chorizos de Jaén, de nombre Cárnicas Molina, cerrada en el año 2007. El sistema de ayudas irregulares por el que han sido condenados dos expresidentes de la Junta de Andalucía nació en lo ... que hoy es el esqueleto de unas naves industriales en ruinas. El Gobierno de Manuel Chaves montó el 'método ERE' como un atajo a las objeciones que tanto la Comisión Europea (CE) como los interventores autonómicos pusieron a las primeras subvenciones concedidas en el año 1999 a la empresa cárnica en una provincia escasamente industrializada. En esta fábrica que fue cambiando de nombre y de propietario –Hijos de Andrés Molina SA (Hamsa), primero, y Primayor, después–, la Junta de Andalucía enterró casi 20 millones de euros para prejubilar a sus empleados, tratar de reflotarla y apagar con la manguera de un fondo discrecional los conflictos laborales que le estallaban al Gobierno andaluz. No sólo no lo logró reactivarla, sino que 22 años después de que la fábrica empezara a funcionar como 'cobaya' de los ERE, buena parte de los protagonistas han sido procesados por el juez que instruye esta investigación en una pieza separada de la macrocausa centrada en dichas ayudas irregulares.
Instrucción
Un auto dictado el pasado 16 de diciembre da por cerrada la instrucción con su transformación en un procedimiento abreviado (el paso previo a la apertura de juicio oral). A un paso de sentarse en el banquillo se sitúan el exdirigente sindical y conseguidor de ayudas Juan Lanzas, y once personas más.
El comité de empresa de Hamsa buscó como negociador ante la Junta al dirigente de la federación agroalimentaria de UGT Juan Lanzas, que a partir de ese momento se especializó en ser el intermediario entre las empresas que iban a recibir ayuda para un ERE y la Junta. Hay una foto en la que aparece sentado en la mesa de negociación entre el comité de la empresa de Cárnicas Molina y el entonces presidente, Manuel Chaves, con su mano derecha, el exconsejero Gaspar Zarrías.
En la pieza de la fábrica de embutidos también están procesados los directivos de Primayor Ramón P.D. y Felipe M.H.; el exconsejero de Hamsa Luis S.V.; el exdirectivo de la consultora Vitalia Antonio José Albarracín; los «intrusos» Alfredo P.R. y Miguel Ángel M.G., quienes «nunca habían trabajado» para Primayor, pero figuraban en el ERE incentivado por la Junta; el abogado Carlos L.B.; el sindicalista de CCOO Damián J.R.; el que fuera presidente de la asociación de extrabajadores de Hamsa Luis Javier G.D.L.R.; el que fuera presidente del comité de Primayor, Manuel José L.B.; y el presunto «testaferro» de Lanzas, Francisco Algarín Lamela. Están investigados por presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental.
De igual modo, el juez de refuerzo de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, dirige el procedimiento, en calidad de responsables civiles subsidiarios, contra Primayor Alimentación Andalucía S.A., Primayor Foods S.L., Grupo Campofrío, Asociación para la Promoción Sociolaboral de los extrabajadores de Hamsa, Vitalia, UGT Andalucía, UGT, Confederación Sindical de CCOO y un despacho de abogados.
El importe de las «supuestas subvenciones graciosamente concedidas» entre 2000 y 2009 ascenderían, al menos, a 7.788.391 euros en el caso de las concedidas en favor de Hamsa, y a la suma aproximada de 12.178.479 euros en el caso de las otorgadas a Primayor.
Ayudas «camufladas»
En su auto, el juez pone de manifiesto que los fondos públicos «fueron comprometidos y dispuestos bajo el supuesto y ficticio camuflaje de ayudas excepcionales sociolaborales individuales, cuando en puridad lo que se pretendía era allegar fondos para financiar el proceso de viabilidad y reestructuración de una mercantil de naturaleza privada, en el marco de sus propios ERE».
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En febrero de 1999, Bruselas declaró que las primeras subvenciones a Cárnicas Molina, canalizadas a través del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) –el germen de la posterior Agencia IDEA–, eran incompatibles con el mercado común y ordenó su devolución. Para sortear este obstáculo, la Consejería de Empleo ideó un nuevo procedimiento que consistía en que ella repartía las ayudas a través de la Dirección General de Trabajo, pero en vez de pagarlas directamente, la Junta optó por hacerlo a través de un órgano externo, IFA/IDEA, al que enviaba el dinero a través de transferencias de financiación. Este sistema no era el legalmente establecido para pagar subvenciones. Fue el origen del fraude.
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