El profesorado de Religión, la cesión a Andalucía que sigue bloqueada desde el Gobierno

Con base en este artículo el Gobierno de España transfirió a la comunidad autónoma la gestión de los recursos humanos de todo el profesorado hace décadas. Todo, salvo un colectivo de unos 2.000 profesionales responsables de las clases de religión en Educación Primaria. Años después, este traspaso sigue pendiente. Es, en estos momentos, el único que tiene reclamado formalmente la Junta de Andalucía y para el que se mantienen abiertas las comisiones mixtas de transferencias.

El bloqueo de este traspaso es más que una anécdota. A nivel estatal, el profesorado de religión depende en 13 comunidades autónomas de los gobiernos regionales y sólo tres se encuentran en la misma situación que Andalucía: Cantabria, Asturias y Canarias.

A esto se añade que el profesorado de religión de Secundaria, unos 800 profesionales sí dependen de la Junta de Andalucía por lo que este colectivo tiene dos niveles completamente distintos en el ámbito autónomico. El efecto de esta situación recae sobre todo en la plantilla: está en un limbo legal y administrativo que les deja fuera de los convenios, de las circulares de permisos y licencias, del régimen de sexenios o de los beneficios de reducción horaria para mayores de 55 años.

El Ministerio de Educación y la Consejería andaluza de Desarrollo Educativo y Formación Profesional coinciden en apuntar que el traspaso estuvo cerca de cerrarse durante el pasado año. Sin embargo, el ciclo electoral (municipales y generales) paralizó todo y aún no se ha retomado. Desde ambos departamentos, no obstante, afirman que próximamente se retomarán los trabajos de la comisión mixta.

En el impacto de esta transferencia aún no hay acuerdo. Desde la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional subrayan que Andalucía tiene 2.800 profesores de religión de Primaria pendientes de este traspaso y que éste debe venir acompañado de una transferencia de 140 millones de euros. Además, previamente, inciden desde el Gobierno autonómico, deben de realizarse por parte del Ministerio una «serie de abonos pendientes reclamados por el profesorado en cuanto a cotizaciones a la Seguridad Social y deudas reclamadas de antigüedad como los sexenios».

El Ministerio de Educación admite que la cesión está aún pendiente y que se ha retrasado por el ciclo electoral, aunque aporta otras cifras del impacto de este traspaso: «En Andalucía afecta a 1956 profesores y profesoras, con un coste estimado de 89 millones de euros». En cualquier caso, anuncian que las negociaciones se retomarán próximamente y que en ello ya están también el Ministerio de Hacienda y el de Política Territorial, a quienes corresponde la convocatoria de la comisión mixta de transferencias que prevé el Estatuto de Autonomía.

En medio de esta negociación que se arrastra desde hace años están los profesores. Una plantilla de en torno a 2.000 profesionales, a la que hay que añadir una bolsa de sustitutos, de los cuales casi el 90% son mujeres y la mitad tienen son mayores de 55 años. Ahora mismo, sólo se pueden acoger al convenio general de trabajadores y mantienen una singular dependencia administrativa: Los nombra el Arzobispado, les paga y dependen legalmente del Estado pero realmente trabajan para la Junta de Andalucía. Sobre el alumnado, esta situación tiene efectos en cuanto a la organización de sustituciones o cobertura de bajas.

El sindicato FeUSO ha sido tradicionalmente uno de los más activos en la reivindicación del traspaso de toda la plantilla de Primaria a la Junta de Andalucía. Tras el parón que se produjo en las negociaciones en el año 2023, antes de Navidad realizaron una ronda de reuniones con todos los grupos parlamentarios para recabar apoyos y solicitar mediación ante las dos administraciones que deben abordar este traspaso.

«Cuando se transfirió el personal de Secundaria, nos dijeron que nos llegaría poco a poco. Desde entonces luchamos para ser transferidos. Justo antes de la pandemia nos reunieron para decirnos que estaba todo preparado, y que se estaba avanzando ya en la comisión mixta (...) El año pasado se nos dijo que se iba a culminar el proceso. Pero sigue atascado. Seguimos en un limbo», explica Esperanza Suárez, profesora de Religión y responsable de Acción Sindical, Salud Laboral, Igualdad y Educación Pública de FeUSO Andalucía.

Desde el sindicato acogen con escepticismo cualquier anuncio y en los últimos meses sólo «han recibido apoyos sin medidas concretas». El Ministerio y la Junta de Andalucía confían en que el traspaso pueda ser uno de los acuerdos entre administraciones de esta legislatura.