El exdiputado de Vox Francisco Serrano, procesado por estafa con su fábrica subvencionada con 2,4 millones
El Ministerio de Industria les concedió un préstamo para financiar un proyecto industrial pero una vez cobrado, comenzaron las «disposiciones» de dinero «para fines no comprendidos» en el mismo
Francisco Serrano Castro, juez en excedencia y exportavoz de Vox en el Parlamento andaluz, está a un paso de sentarse en el banquillo acusado de un delito de fraude de subvenciones y otro de estafa. El Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla ha dictado un auto por el que procesa al que fuera cabeza de lista del partido de Santiago Abascal en las elecciones autonómicas de 2015 y 2018, que se caracterizó por lanzar todo tipo de ataques contra los «chiringuitos feministas», «la Andalucía subvencionada», las «paguitas» y la «ideología de género».
Tanto Serrano –que se dedicó a su bufete de abogados tras abandonar Vox–, como dos de sus antiguos socios en la empresa Biowood Niebla SL, Enrique Pelegrín Díaz y Francisco Javier López Ballesteros, están investigados por el desvío de al menos 1.944.684 euros. Es la mayor parte de los 2.489.000 euros abonados por el Ministerio de Industria en diciembre de 2016 a través de un préstamo concedido para financiar la puesta en marcha de una planta de fabricación de pellets (combustible generado con madera prensada) que nunca llegó a funcionar en la localidad onubense de Niebla, sin que el dinero público haya sido devuelto.
Los tres «se concertaron con el propósito de obtener, sin tener la debida solvencia, un préstamo Reindus (del Ministerio de Industria), cuyo importe de 2.489.000 euros se ha destinado para fines distintos de la construcción de una fábrica de pellets», según concluye el magistrado Juan Gutiérrez Casillas en un auto de transformación de las diligencias previas en un procedimiento abreviado (previo a la apertura de juicio oral), dictado el pasado 18 de enero.
Cada socio tiene asignado un rol en el negocio y tienen «una participación activa» en la comisión de los supuestos delitos, señala. El reparto de funciones es el siguiente: el exdiputado aporta inversión y soporte jurídico a través de su despacho Serrano Abogados; Pelegrín es inversor y experto en su condición de ingeniero técnico industrial, mientras que López Ballesteros es el gestor financiero.
Apariencia de solvencia financiera
El proyecto fue un ‘bluf’. Todo o casi todo estaba falseado desde su inicio, según se desprende de la investigación judicial. La empresa que abanderaba el proyecto fue constituida el 30 de marzo de 2016 (sólo dos meses antes de pedir la ayuda pública) con una imagen de solvencia que «no se ajustaba a la realidad». La maquinaria para producir pellets «nunca fue comprada ni poseída por los socios». La memoria presentada al ministerio también indicaba que no era necesario comprar tres granuladoras y un ciclo rotativo de secado porque «ya lo posee», «lo que no se ajusta a la realidad». Industria hizo un requerimiento a los promotores al dudar de la valoración de los fondos propios de la empresa. Para disiparlas, Biowood presentó una factura proforma de un presupuesto sobre maquinaria cuya venta «no se llegó a efectuar nunca».
Ante nuevas objeciones planteadas por el ministerio sobre el «escaso valor» y falta de experiencia de la sociedad «en comparación con el préstamo», el propio Serrano formuló alegaciones «por él firmadas» sobre los fondos propios, la deuda y la financiación. Una estrategia que tenía como objetivo «aparentar una solvencia financiera que no tenía y lograr la concesión del préstamo de forma indebida». Tres meses después de cobrar el crédito Reindus, los administradores y socios de Biowood Niebla SL «reducen capital y eliminan la supuesta aportación de maquinaria, devolviendo cada supuesta máquina a uno de los socios» . «Obtenido el préstamo, ya no era necesario mantener la apariencia», advierte el juez instructor del caso.
Una fábrica sin suelo
Los promotores ni siquiera disponían del suelo donde se iba a instalar la fábrica porque la concesión administrativa del Ayuntamiento de Niebla durante 30 años «tampoco se ajusta a la realidad». En resumen, «de los 2.489.000 euros abonados por el Ministerio de Industria para la instalación de fábrica de pellets de acuerdo con las partidas autorizadas, sólo es acorde con el proyecto la cifra de 544.316 euros», que se corresponde con el importe máximo del préstamo destinado a la edificación de la fábrica, que es inferior al gasto realizado en la construcción de la nave y oficinas (654.851 euros). El resto del crédito público, que asciende 1.944.689, se habría destinado «a fines distintos» a los comprendidos en el proyecto subvencionado.
Parte del dinero acabó en otras sociedades del exdiputado de Vox. El auto del caso, que se abre a raíz de una denuncia inicial ante la UDEF del secretario general de Facua, Rubén Sánchez, precisa que hubo «una serie de reconocimientos de deudas por Serralba a Francisco Serrano» que son pagadas con cargo a Reindus, pagos de pólizas de crédito y un acuerdo de exoneración de responsabilidad por la gestión del préstamo Reindus.
El juez acuerda finalmente el sobreseimiento parcial y archivo de las actuaciones respecto al notario Álvaro Sánchez Fernández al no considerar acreditado que «hubiese participado directamente, ni como colaborador necesario, ni como copartícipe inductor o encubridor de ninguno de los actos relacionados en el relato de hechos».
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete