Las principales novedades del nuevo modelo de Atención Temprana en Andalucía

La Junta paga ahora algo más de diez millones de euros por la atención a los 31.150 menores durante año y medio a razón de 28 euros la hora de sesión de terapia que está en manos de entidades y organizaciones concertadas en un convenio que finaliza a mediados de 2024. Supone un aumento con lo que había en años anteriores pero no es suficiente porque la medicina ha avanzado mucho en este campo tan sensible.

La nueva ley crea las Unidades de Seguimento y Neurodesarrollo que sustituyen a las Unidades de Atención Temprana y serán las encargadas de atender a los pequeños con problemas del desarrollo. Serán siempre públicas y de gestión directa del SAS y estarán en los centros de Atención Primaria. Los niños llegarán a estas nuevas unidades por tres vías: el pediatra de Atención Primaria, como hasta ahora, pero también por las unidades de gestión clínica de pediatría hospitalaria y por los servicios de neonatología. Sus informes también abrirán las puertas al sistema sanitario para estos pequeños lo que supone en la práctica una reducción en el tiempo de atención de la primera consulta ya que la familia se ahorra tener que esperar el diagnóstico de su médico de Atención Primaria. También serán el dispositivo de coordinación de los recursos sanitarios para el proceso diagnóstico y el seguimiento tanto en los centros como en los servicios sociales comunitarios en el caso de que sean necesarios.

Las Unidades de Seguimiento estarán compuestas por un equipo de médicos especialistas en pediatría con formación específica en neurología infantil y psicólogos clínicos, expertos ambos en neurodesarrollo y atención temprana y que en el ámbito del sistema sanitario público de Andalucía constituyen un dispositivo asistencial específico para la valoración inicial, el diagnóstico sobre la causa de la enfermedad, los patógenos que puedan tener los pequeños, sus problemas funcionales, así como el seguimiento, la orientación y la valoración de las necesidades de los menores entre 0 y 6 años.

Aunque la nueva norma no establece plazos muy concretos, los diputados de todos los grupos que están debatiendo esta norma son conscientes de que el tiempo es muy importante para el desarrollo de los menores. Por eso el PP ha aceptado la enmienda planteada por una de las impulsoras de esta norma, la diputada de Unidas Podemos Esperanza Gómez, por la que se establece el plazo de un mes para que los niños sean atendidos por primera vez en estas unidades antes de ser derivados a los Centros de Atención Infantil Temprana (CAIT) que también cambian de modelo.

Ahora pasan a denominarse Centros de Atención e Intervención Temprana ya que dar protagonismo a la intervención, no sólo como tratamiento sobre la persona menor con trastornos de desarrollo o riesgo de presentarlos, sino también al de su familia y su entorno. Los centros podrán ser públicos o prestar servicio mediante concesión administrativa como las actuales en la mayor parte de Andalucía. La novedad es que se implantarán también en centros públicos, una demanda de una buena parte de las familias afectadas.

Porque las familias son otra de las principales novedades de esta ley ya que en todo el proceso, el SAS va a atender tanto a los menores como a sus familiares durante los primeros seis años de vida. Los expertos consideran que la familia también necesita atención y apoyo, así como recursos para atender las necesidades especiales de los pequeños con dificultades en su desarrollo.

La Comisión de Salud del Parlamento está debatiendo sobre la nueva Ley de Atención Temprana en un clima de cooperación y colaboración entre todos los grupos políticos. La consejera Catalina García quiere lograr el consenso de todos y por ello está aceptando enmiendas de todos los grupos políticos. La oposición entiende que todavía queda mucho por mejorar pero lo que parece claro es que ningún partido votará en contra cuando se debata definitivamente en la Cámara, lo que será en las próximas semanas.