Presos comunes, algún privilegio y una pelea: la nueva vida entre rejas de los condenados de los ERE

El protocolo impone, además, otras servidumbres como el cacheo y el registro del equipaje para retirar todos los objetos prohibidos dentro de la cárcel, además de someterse a un reconocimiento médico.

El siguiente trámite es una entrevista con un equipo técnico formado por un trabajador social, un educador, un psicólogo y un jurista que deben decidir el módulo al que son enviados provisionalmente hasta su clasificación penitenciaria. Aunque dicha evaluación obligatoria ha de ser inmediata, no todos la habían pasado en sus primeras 24 horas.

El exconsejero de Empleo José Antonio Viera, que ingresó el pasado domingo a mediodía en la cárcel de Huelva, fue trasladado directamente al módulo 12 o de respeto, en el que se suelen instalar los reos que trabajan dentro del propio penal, un régimen menos estricto donde conviven los delincuentes no reincidentes o los que tienen un perfil menos conflictivo. «Son presos 'de confianza', entre comillas, que tienen un buen comportamiento», explicaron a ABC fuentes penitenciarias.

«No es nada normal que sin ser evaluado lo hayan destinado allí, en lugar de dejarlo en el módulo de ingreso o aislamiento hasta su clasificación. Eso ha sorprendido mucho», añaden. Viera se aloja en una celda con dos literas, que comparte con otro preso, y que dispone de cuarto de baño con ducha. A los 'novatos' se les asigna un preso de apoyo para que los acompañen y guíen sus pasos durante los primeros días de internamiento.

Viera y su sucesor al frente de la consejería, Antonio Fernández, quien eligió la prisión gaditana de Puerto III, no coincidirán con el resto de penados del caso ERE. Vallejo, Rodríguez y Serrano han preferido la cárcel de Sevilla I, más cercana a sus domicilios, para cumplir penas de entre seis y siete años. Todos ellos están condenados por malversar casi 680 millones de euros a través de un sistema fraudulento de ayudas a empresas que funcionó durante diez años (2000-2009) en la Junta de Andalucía.

Carmen Martínez Aguayo, por su parte, ha optado por penar su castigo dentro de la única cárcel andaluza reservada exclusivamente a mujeres, el centro penitenciario de Alcalá de Guadaíra, a poco más de 20 kilómetros de Sevilla. Es el mismo centro en el que Isabel Pantoja cumplió su condena por blanquear dinero de origen ilegal, pero sin las ventajas de las que disfrutó la famosa tonadillera.

A diferencia de la cantante y viuda del torero Paquirri, la que fuera mano derecha de José Antonio Griñán no ha sido recluida en el módulo A o de respeto, donde se alojan las presas que desempeñan trabajos dentro de la propia prisión, como la cocina o la biblioteca. Dentro de este módulo reservado a las que tienen mejor comportamiento se siguen normas menos rígidas y están separadas del resto. Una de sus inquilinas es María del Carmen Rodríguez Quijano, la exesposa de Francisco Correa, el cabecilla de la trama Gürtel.

La exconsejera andaluza, en cambio, ha sido derivada al módulo III, donde comparte celda con la hermana del empresario sevillano José María Gil Silgado, conocido por su extinta relación con la miss María Jesús Ruiz. Está condenada como él por un delito contra la Hacienda Pública. Fuera del espacio acotado de la celda, Aguayo ha de mezclarse con otras delincuentes comunes, algunas de ellas drogodependientes, tanto en el comedor como en el patio.

Inaugurada en 1999, la cárcel de Alcalá de Guadaíra cuenta con 83 celdas y capacidad para 149 internas, donde a menudo afloran las rencillas y los enfrentamientos entre internas. En el primer día de estancia, Martínez Aguayo presenció la primera pelea entre dos presas en la cola que se forma para recibir la medicación en la enfermería y justo detrás de ella tuvo que escuchar los gritos de dos transexuales de origen subsahariano. «Ella estaba descompuesta. No sabía dónde meterse», comentaron a este periódico fuentes penitenciarias.

La extitular andaluza de Hacienda ingresó el 28 de diciembre, paradójicamente el día de los Inocentes, y las primeras jornadas fueron complicadas para esta antigua política, que ejercía como médico de atención primaria hasta poco antes de poner un pie en la prisión para cumplir su pena de seis años. «Ella no ha recibido ningún tipo de beneficio. Pasa desapercibida, no da ruido y suele frecuentar la zona que llamamos el polideportivo, donde ha utilizado la bicicleta estática, o las zonas para aulas formativas aunque no funcionan en estas fechas navideñas. Desayuna, almuerza y cena en el comedor, como todo el mundo», exponen las citadas fuentes.

En la cárcel, su rutina se rige por un horario estricto que hay que cumplir a rajatabla. A las ocho de la mañana tiene que bajar para tomar el desayuno en el comedor. A mediodía, tras permanecer en el patio o en las aulas, suben de nuevo a la celda, donde permanecen entre las dos y las cinco de la tarde, salvo los fines de semana, cuando se pueden quedar hasta las siete.

La celda donde duerme Martínez Aguayo tiene tres camas, de las que se ocupan dos. «Las estanterías para la ropa son de mampostería y las colchas están a juego con las cortinas. Tienen un pequeño baño con un inodoro y un lavabo. Las duchas están fuera de la habitación y son comunes, aunque están separadas por un tabique», detallan las fuentes consultadas. Las internas no pueden llevar teléfono móvil ni dinero en metálico, salvo lo que les facilita el economato cada jueves para hacer alguna compra.

Mientras seis de los condenados tratan de adaptarse a su nueva vida tras los barrotes, el expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán apura los trámites para esquivar la prisión. Ayer, a las nueve de la mañana, acudió a los juzgados del Prado de San Sebastián en Sevilla para ser examinado por la médico forense del Instituto de Medicinal Legal.

El informe que emita será decisivo para que la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla decida si ingresa en la prisión para cumplir la condena de seis años de prisión o, por lo contrario, accede a la petición de su defensa para suspender la pena. Su abogado alegó que padece un cáncer de próstata que requiere un tratamiento con radioterapia fuera del centro penitenciario. Dicha exploración médica es lo que marca el protocolo en este tipo de periciales judiciales, a fin de comprobar el estado de salud del penado.

La Audiencia dejó en el aire su ingreso tras recibir un escrito de la defensa del exdirigente socialista. El letrado expuso que «el ingreso en un centro penitenciario incrementaría el riesgo de fracaso del tratamiento iniciado, dificultaría su control por especialistas en oncología o urología y podría reducir su expectativa de vida».