La llegada irregular de inmigrantes a las costas andaluzas cae un 40% respecto a 2023 mientras sube en Canarias y Ceuta

Según la información facilitada a este periódico por el Ministerio del Interior, hasta el 15 de agosto de 2024 habían llegado a las costas andaluzas de las provincias de Cádiz, Málaga, Huelva, Almería y Granada un total de 3.369 personas inmigrantes en situación irregular. El año pasado por estas mismas fechas, la cifra era de 5.798 personas, lo que refleja una caída del 41,9%. Si tomamos como referencia el número de embarcaciones detectadas en las costas la relación es similar: este año han llegado 289 embarcaciones hasta el momento mientras que en 2023 la cifra a 15 de agosto fue de 468 embarcaciones, una caída por tanto del 38,2%.

Pese a estas cifras, Andalucía se mantiene como el segundo territorio español con una mayor presión de la inmigración irregular con 3.369 personas, aunque muy lejos de las Islas Canarias que en este mismo periodo de 2024 ha sumado 22.304 inmigrantes llegados de forma irregular, lo que supone un aumento del 126% respecto al mismo periodo del año anterior. De ahí las llamadas de auxilio y las peticiones de ayuda protagonizadas durante todo este año por parte del Gobierno canario (dirigido por una coalición de CC y PP) dada la situación excepcional que se viene registrando durante este ejercicio.

Tras Canarias, Andalucía es la comunidad que recibe más inmigrantes de forma irregular por delante de Ceuta y Melilla, donde la llegada de inmigrantes se produce principalmente por vía terrestre. No obstante, la caída de las costas andaluzas y el hecho de que se hayan duplicado las llegadas a las dos ciudades autónomas hace que ambos datos se encuentren cada vez más próximos: hasta el 15 de agosto los inmigrantes llegados de forma irregular a estos territorios alcanzan los 1.698, lo que supone un impacto mucho mayor que en el caso andaluz al tratarse de territorios con mucha menos superficie, población y recursos.

Ambos han lanzado una petición de ayuda en este año a la que Andalucía, que mantiene un acuerdo de colaboración en el caso de Ceuta, ha respondido en la medida de sus posibilidades. El resto de la inmigración irregular que ha llegado a España durante este año (3.800) se reparte entre otras zonas que tradicionalmente no eran receptoras como era el caso de Andalucía. Es el caso de Baleares, que durante los últimos meses ha recibido un importante volumen de embarcaciones de forma irregular. Pero también de otras comunidades del levante, como Valencia o Murcia.

En total, según el último informe del Ministerio del Interior, hasta el momento este año han llegado a España 31.155 inmigrantes de forma irregular, lo que supone un 66% más que el año pasado. De estos, 22.304 han llegado a Canarias por vía marítima y 1.650 han llegado a Ceuta y Melilla. En ambos puntos este año se han disparado las llegadas. Sin embargo, en el resto de la península y Baleares las llegadas han disminuido un 11% (de 8.068 a 7.184) principalmente debido a la caída en el caso de Andalucía que acumula 3.369 personas inmigrantes llegadas a sus costas. La tendencia se ha registrado ya en ejercicios anteriores. De hecho, en el año 2023, los inmigrantes llegados a Canarias casi triplicaron los registrados en la península y Baleares. Las islas absorbieron de esta forma la mayor parte del incremento de la llegada de embarcaciones irregulares que se registró en el país.

El cambio de tendencia en la inmigración irregular también tiene su reflejo en la distribución por provincias de las llegadas a las costas de la comunidad andaluza. Según los datos del Ministerio del Interior, de los inmigrantes llegados de forma irregular a la comunidad autónoma, el 72% han alcanzado las costas de Almería. En total, 2.434 lo que confirma esta provincia como uno de los puntos de España con más inmigración irregular. En el otro extremo, han caído drásticamente las cifras de inmigración irregular que se venían registrando en otras provincias de la costa andaluza.

Es el caso de Cádiz, en cuyas playas este año han sido menos habituales las llegadas de embarcaciones de forma irregular. Según los datos del Ministerio del Interior, hasta el 15 de agosto han llegado 391 personas. Basta revisar los datos de ejercicios anteriores para constatar el cambio de tendencia. En 2022 llegaron al litoral gaditano 2.126 personas, mientras que en el año 2023, fueron 1.152.

Más inmigrantes, sin embargo, han llegado este año a Granada, con 529 según los datos del Ministerio del Interior, puesto que como ya ocurrió durante el año 2023 puntos como Motril mantienen cifras elevadas de llegadas de inmigrantes de forma irregular.

Desde Cruz Roja Andalucía vienen constatando la tendencia que definen los datos del Ministerio del Interior que atribuyen a un cambio progresivo a lo largo de los últimos años en las rutas migratorias. En el caso andaluz crecen en la zona de Almería, y empiezan a alcanzar otras comunidades como Baleares. También se refleja en un cambio de los países de origen, con un aumento de las personas de origen argelino o de Mauritania que huyen de su país en busca de unas mejores condiciones económicas o de nuevas oportunidades.

No obstante, la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Inclusión Social, Familias, Juventud e Igualdad viene subrayando durante todo el año que la presencia de inmigrantes llegados a España de forma irregular este año es igual o en algunas circunstancias superior a años anteriores. Entre otros factores se encuentran los inmigrantes que de acuerdo con la normativa son trasladados desde las islas a la península por parte del Gobierno ante la saturación de las instalaciones canarias. Es a este factor al que responde, por ejemplo, que los centros de atención a menores se encuentren saturados este verano mientras que en ejercicios anteriores en el mes de agosto se encontraban en torno al 60%.

Por este motivo, el Gobierno andaluz que ha venido demostrando una actitud abierta y solidaria en el ámbito de la inmigración («No vamos a participar de ninguna cacería al inmigrante», afirmó en el Parlamento el presidente Juanma Moreno) sí ha sido muy crítico con la gestión del Ejecutivo central y ha pedido en repetidas ocasiones tanto la declaración de emergencia migratoria, que reivindica el PP en el Congreso, como un reconocimiento a la singularidad andaluza que de momento no se ha producido.

La realidad es que aunque se haya producido una disminución en el número de inmigrantes llegados de forma irregular a Andalucía y que estemos lejos de crisis migratorias como la de 2018, la comunidad sigue siendo el segundo territorio con más llegadas a sus costas y los recursos para menores se encuentran por encima del 100% de ocupación. Sin embargo, la actual legislación sólo reconoce la singularidad de Canarias, de Ceuta y de Melilla, regiones a las que en caso de saturación, se presta una ayuda extraordinaria.

Durante los dos últimos veranos, con más inmigrantes llegados de forma irregular a las costas andaluzas, los centros dedicados a la atención de menores se encontraban en torno al 60% de ocupación. Esto permitía agilizar los traslados desde Ceuta de acuerdo con el convenio suscrito entre Andalucía y la ciudad autónoma. Fueron 38 en 2022 y 36 en 2023, cifras que convirtieron a Andalucía en una de las pocas comunidades que de forma voluntaria cumplió con los acuerdos con el Ministerio y con el plan de respuesta ante crisis migratorias de Canarias, Ceuta y Melilla.

Este año, sin embargo, aunque ha caído la presión migratoria en las costas por una disminución de las llegadas de embarcaciones, los centros para la atención a los niños, niñas y adolescentes inmigrantes se encuentran completamente saturados. Concretamente, al 115%, según subrayan desde la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad. Es decir, las 645 plazas disponibles están ocupadas y hay que reforzar incluso con distintos acuerdos con entidades.

El motivo, según las informaciones difundidas por la Consejería, es la llegada de inmigrantes a Andalucía trasladados principalmente desde las Islas Canarias a la península entre los que se encuentran un elevado número de menores con apariencia de mayoría de edad que son identificados por parte de la Fiscalía. En lo que llevamos de 2024 la cifra de menores que han llegado a Andalucía de esta forma asciende a 503. Todos ellos son atendidos por los servicios autonómicos pese a no haber llegado por las fronteras marítimas andaluzas y sin que se realice compensación económica alguna por parte del Gobierno de España a la comunidad.

Esta cifra, junto con los menores llegados a través de vías marítimas o terrestres, provoca que los recursos autonómicos se encuentren saturados y que se vayan abriendo huecos conforme se producen las salidas al cumplir la mayoría de edad. Hasta el mes de septiembre están previstas 73 salidas por este motivo.

Este margen es del que dispone la Junta de Andalucía para atender el compromiso de solidaridad con Ceuta derivado del acuerdo autonómico alcanzado el pasado mes de julio y del convenio existente con la ciudad autónoma. Está previsto que se reciban 30 menores en los centros públicos andaluces a través de esta vía de los que seis llegaron la semana pasada y otros seis llegarán esta semana si se cumplen las previsiones. La Junta de Andalucía, ante la petición de ayuda de Ceuta, ha mostrado su disposición a acelerar los trámites, dentro de sus posibilidades para cumplir con el cupo asignado, aunque también asume que difícilmente se podrá incrementar en esta ocasión pese a la grave situación que atraviesa Canarias.

Pese a la situación de saturación actual de los centros de menores, Andalucía no forma parte del plan de contingencia nacional ante crisis migratorias ni de la proposición de Ley de Extranjería tramitada y rechazada en el Congreso de los Diputados. En ambos casos, el Gobierno plantea un sistema (voluntario el primero y obligatorio el segundo) para distribuir entre las comunidades a los menores que hayan llegado a Canarias, Ceuta y Melilla cuando sus instalaciones se encuentren al 150% (porcentaje que se supera ampliamente en estos momentos). Este modelo no está previsto para el caso de Andalucía en caso de que se supere el 150% de ocupación.