El TC se prepara para anular también la malversación de los ERE, lo que beneficiará a Griñán

El TC aborda este debate después de haber anulado la semana pasada la condena por prevaricación de la exconsejera Magdalena Álvarez, una rebaja que afectará a Martínez Aguayo que también está condenada por este delito, o al también viceconsejero (y luego consejero de Empleo) Javier Fernández. Con el borrado de la malversación y de la prevaricación, el fraude de las ayudas sociolaborales que provocó un agujero de 679,4 millones de euros, el Constitucional ya sí que desmonta el mayor caso de corrupción que ha habido en España en términos cuantitativos, porque la lectura que la vicepresidenta y ponente Inmaculada Montalbán hace de este delito es extrapolable al resto de recurrentes, entre ellos al propio Griñán, cuyo recurso está previsto que se vea en el pleno del 16 de julio.

Junto con el recurso de la viceconsejera, el Pleno abordará otros cuatro amparos de condenados por ambos delitos, lo que ha llevado aparejadas penas de prisión: Francisco Vallejo, Antonio Fernández, Jesús María Rodríguez y Miguel Ángel Serrano.

Según ha podido saber ABC de fuentes del Tribunal, al igual que la sentencia de Magdalena Álvarez con la prevaricación, el borrador de la relativa a Martínez Aguayo parte de que el control de los anteproyectos del Gobierno andaluz no corresponde al Poder Judicial y que una vez aprobadas las leyes por el Parlamento autonómico tampoco se puede decir que puedan constituir «la fuente de actos de disposición ilícita de caudales públicos» a efectos de condenar por ese delito de malversación».

La ponencia, adelantada por El Español, admite la ilegalidad de «concretas aplicaciones» de las ayudas de los ERE, que fueron a personas que nunca habían pertenecido al colectivo afectado al que se destinaba, y extralimitándose en un ejercicio jurisdiccional que no corresponde al TC, señala que las pruebas «no llegan a demostrar» que Martínez Aguayo se pudiera hacer «una representación suficiente de que las ayudas se fueran a conceder al margen de toda finalidad pública».

La vicepresidenta del órgano, Inmaculada Montalbán, propone así declarar la nulidad de las sentencias del Tribunal Supremo y de la Audiencia de Sevilla al considerar que se vulneraron el principio de legalidad penal y el derecho a la presunción de inocencia.