El nuevo giro del caso ERE de Andalucía coge con el pie cambiado al PSOE

El órgano que preside Cándido Conde-Pumpido corrigió las sentencias de la Audiencia Provincial de Sevilla y el Tribunal Supremo que les impusieron penas de cárcel como autores de un delito de malversación.

El PSOE ha rehabilitado a los condenados antes incluso de que los siete magistrados que integran el órgano de garantías, nombrados a instancia de este partido, abrieran la puerta al borrado de delitos en el sistema de ayudas de los ERE. La primera beneficiada fue la exconsejera y exministra Magdalena Álvarez, a quien el TC anuló parcialmente el delito de prevaricación por el que había sido inhabilitada.

A lo largo del pasado julio, fue reduciendo la responsabilidad penal de una decena de ex altos cargos al dar por bueno el relato alternativo sobre el fraude de los ERE en favor de los acusados y radicalmente en contra de lo dictaminado por los tribunales que los juzgaron y sentenciaron.

El 5 de junio pasado, un mes antes de que Conde-Pumpido hiciera saltar por los aires la narrativa judicial de los ERE, el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, reivindicó a Álvarez en un mitin en Benalmádena (Málaga), al que había acudido con su mujer, Begoña Gómez, también investigada por tráfico de influencias en otra causa judicial. «Tampoco soy yo el primer presidente socialista que ha sufrido y sido objeto de este ataque. Aquí tenemos también, ahí está Magdalena, ex ministra malagueña, el vil ataque de la derecha y la ultraderecha durante muchos años», proclamó Sánchez.

Se ignora si tenía información privilegiada de que iba a ser indultada por el TC. Pero los hechos son que apenas un mes después de poner a la exministra como ejemplo este tribunal dio amparo a Álvarez, Chaves y Griñán.

El PSOE andaluz se vino arriba y organizó en su sede un acto público de desagravio con Chaves como protagonista. El exdirigente aprovechó para arremeter contra los jueces y reducir todo a una «operación política y mediática con ropaje judicial montada por el PP» para desalojar a los socialistas de la Junta. El entonces líder del partido, Juan Espadas, antes de ser relevado por María Jesús Montero, lo aplaudía en primera fila. De ser poco menos que un desterrado del partido, del que se tuvo que dar de baja al ser procesado, Chaves se transmutaba en un mártir de la causa socialista.

Al amparo de la revisión del TC que la Audiencia plantea no aplicar, el PSOE construyó una nueva narrativa sobre el caso. «Se ha demostrado que todo esto fue un invento, un intento por parte del PP de desbancar por la vía no democrática a los gobiernos socialistas que regían en Andalucía», sentenció Montero, que también es vicepresidenta primera del Gobierno.

El relato estaba creado. Ya solo faltaba acompañarlo de gestos simbólicos. Éstos llegaron en el Congreso Federal del PSOE que reeligió a Sánchez que se celebró en Sevilla en el último fin de semana de noviembre y en el que Chaves, Griñán, Álvarez o la exconsejera Carmen Martínez Aguayo fueron recibidos con todos los honores. Espadas les brindó un homenaje desde la tribuna con una frase quedará en los anales: «Gracias Manolo, gracias Pepe». Ambos se levantaron de sus asientos mientras el auditorio les dedicaba una ovación.

El siguiente acto de rehabilitación política se produjo en el Congreso del PSOE-A celebrado los días 22 y 23 de febrero, en el que Chaves aleccionó a los suyos sobre autogobierno. Montero se proclamó heredera de los condenados: «Les doy las gracias por tantos años y esfuerzo, por tanto talento que hemos vertido en Andalucía para que realmente pudiera aspirara a converger, tener igualdad y disfrutar de unos verdaderos servicios públicos». Ella había formado parte del gobierno de ambos.

El PSOE dio un paso más en esta estrategia cuando Montero entregó a la exconsejera Martínez Aguayo uno de los premios 'Clara Campoamor', que concede su partido con motivo del 8 de marzo. La exresponsable de Hacienda estuvo año y medio en la cárcel por los ERE. Pese a que no ha sido absuelta de todos los delitos de prevaricación por el TC, Montero justificó el premio por que ha sido «una gran servidora pública».