La nueva ley de Doñana regularizará los regadíos de frutos rojos pero sólo con agua en superficie
PP y Vox presentan mañana en el Parlamento la proposición de ley para regularizar los regadíos de frutos rojos de la Corona Norte
Los socialistas también están negociando una solución para los regantes que llevan años sacando ilegalmente agua del acuífero
El PP negocia un acuerdo para aprobar el nuevo plan de regadíos de Doñana antes de las municipales
La ampliación de los regadíos de frutos rojos en la Corona Norte de Doñana da un paso definitivo. Tras más de un año dando pares y nones a la última propuesta para regularizar la situación de los regantes que llevan años cultivando de manera ilegal en cinco pueblos regando con agua extraída de pozos ilegales, el PP y Vox van a presentar este viernes en el registro del Parlamento una proposición de ley para regularizar esos cultivos en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado.
Un texto legislativo que se ha elaborado tras meses de negociaciones a varias bandas. El Gobierno andaluz ha negociado con el Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera —que es el competente en la demarcación de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir— y también con representantes de la Comisión Europea para garantizar que el objetivo de esta ley es dar una respuesta a un problema grave en una zona particularmente sensible, siempre preservando los valores ecológicos del Parque de Doñana. En este escenario, el PP ha pactado con Vox los términos de esta ley y ha incluido planteamientos del PSOE que también tiene mucho que decir en la zona ya que cuatro de los seis alcaldes afectados pertenecen a su formación política.
Sin embargo, los socialistas no se han sumado a esta proposición de ley por el momento aunque todas las partes implicadas coinciden en señalar el «buen clima» de trabajo que hay entre todas las fuerzas políticas. No está cerrado, sin embargo, que puedan sumarse a este texto legislativo a lo largo de la tramitación parlamentaria. «Lo que queremos es una salida que solucione el problema», explicaba a ABC la diputada onubense del PSOE, María Márquez.
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