Multa de 225 millones de euros a cinco excargos de UGT Andalucía por defraudar ayudas para parados y trabajadores

La sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, notificada este miércoles a las partes, establece que los condenados financiaron «de forma consciente y fraudenta» al sindicato a través de subvenciones que le concedió la Junta de Andalucía entre los años 2009 y 2013, bajo distintos gobiernos del PSOE, para impartir cursos de formación destinadas a trabajadores y desempleados en lo peor de la crisis precisamente en la comunidad autónoma con más parados de España.

La resolución, de 246 páginas, representa un doloroso golpe a las finanzas de la UGT de Andalucía, que deberá devolver a la Administración autonómica los 40,62 millones de euros defraudados en caso de que no lo hagan los cuatro exdirigentes del sindicato y la antigua jefa de compras. Los magistrados declaran responsable civil subsidiaria a la UGT de Andalucía por el importe de 40.620.256,43 euros, es decir, por el total de la cuantía distraída a las arcas públicas.

La sentencia hace un severo reproche a la actuación de los antiguos dirigentes sindicales. Subraya la «alarma social» que producen las actuaciones delictivas ahora sentenciadas, teniendo en cuenta su «gravedad», el elevado montante de las subvenciones, la cuantía de lo defraudado, la multiplicidad de solicitudes y de modalidades defraudatorias.

Además, los magistrados ponen de manifiesto el «perjuicio causado a los trabajadores a cuya formación estaban destinadas las subvenciones y en general para la sociedad», sobre todo porque dichas conductas son «ejecutadas por agentes sociales a los que, precisamente, se les conceden las subvenciones por su proclamada defensa de los intereses de los trabajadores y desempleados, nos determina a fijar la pena dentro de la horquilla punitiva en su valor máximo».

El principal condenado, a tres años de cárcel y al pago de una multa de 50 millones de euros, es el exsecretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla por desviar un importe total de 40.620.256,43 euros destinados a la realización de cursos de formación para personas desempleadas y ocupadas a «fines distintos» de los que «debieron destinarse, y de los que ha dispuesto UGT-A para financiar actividades propias del sindicato, ajenas al fin social para el que las recibieron».

Las mismas condenas se imponen a otros tres excargos del sindicato: el exvicesecretario general de administración de UGT-A Federico Fresneda; la que fuera secretaria de gestión económica del sindicato María Charpín, y el entonces consejero delegado de la entidad Soralpe Enrique Goicoechea. También ha sido condenada, en su caso a seis meses y dos días de cárcel, la que era responsable del departamento de Compras de UGT-A Dolores Sánchez Montaño, aunque en este caso como cómplice de los delitos referidos, por lo que su multa individual se reduce a la mitad, de 25 millones de euros, y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un periodo de un año y medio.

En concepto de responsabilidad civil, el tribunal condena a los cinco antiguos cargos del sindicato a que indemnicen conjunta y solidariamente a la Junta de Andalucía en la cantidad de 40.620.256,43 euros. Los cuatro condenados como autores de los delitos deberán hacer frente al 99 por ciento de esta cantidad, y la condenada como cómplice al 1 por ciento de la misma, y de manera subsidiaria con los condenados como autores hasta el límite de 4.288.707,74 euros.

Se libran del castigo penal nueve proveedores utilizados por la organización para idear distintos «mecanismos defraudatorios» de los fondos públicos, que estaban acusados como cooperadores necesarios del delito continuado de falsedad documental en concurso medial con un delito de fraude de subvenciones.

El sindicato se valía de varias empresas para la obtención de «descuentos, comisiones y rappels de los proveedores que no figuraban en las facturas presentadas como justificación de gastos» ante la Junta de Andalucía, «con lo que, al ocultar su realidad, se conseguía imputar íntegramente su importe a la subvención sin tener en cuenta el descuento pactado», señalan los magistrados. El tribunal estima que la responsabilidad que podría atribuírsele debe ser la relacionada y concretada a los expedientes de subvención objeto de este procedimiento y no a su relación global con el sindicato que no es objeto de acusación

La Audiencia de Sevilla aplica a los condenados la atenuante de «dilaciones indebidas» en el procedimiento, dado que la imputación de los mismos en el denominado caso de las facturas falsas se remonta al año 2014. La lentitud de la Justicia marca esta reducción de las penas.