Miguel Ferrer sobre el vertido de Aznalcóllar: «En España quien contamina no sólo no paga, sino que cobra»

Ferrer, profesor de investigación en la Estación Biológica de Doñana y uno de los mayores expertos en aves de presa, como el águila, y otras especies, entre ellos los pingüinos, recuerda por qué pudo evitarse el vertido tóxico, explica cómo se actuó con rapidez para minimizar el impacto y por qué aquel hecho cambió la legislación medioambiental española y europea para que no pase lo que acaba de ocurrir: que la empresa Boliden no tendrá que pagar los 90 millones de euros que costó restaurar la zona del vertido.

-Usted se convirtió en portavoz del CSIC para el vertido tóxico, informando periódicamente a las administraciones y a la Prensa. ¿Por qué el CSIC asumió ese papel?

-En cuanto tuvimos noticia de lo ocurrido propusimos al presidente del Gobierno, José María Aznar, crear un comité científico porque el problema afectaba a muchos aspectos diferentes, incluido la contaminación de suelos, seres vivos, agua... Como estaba en juego el entorno de Doñana nos parecía que teníamos un papel activo en la solución del problema. El entonces presidente del CSIC, César Nombela, encabezó ese comité científico con 90 investigadores de todas las especialidades, un comité que se creó en menos de 72 horas. El primer informe a Aznar lo entregamos el segundo día del vertido, un informe que visto con perspectiva histórica estaba bastante acertado en sus predicciones, tanto en lo que íbamos a encontrar como en lo que había que hacer.

-¿Cuánto era la composición de los lodos y el agua que se vertió al Guadiamar?

-El vertido fueron 5 hectómetros cúbicos y eran lodos y agua procedentes de la molienda y extracción de un mineral de la franja pirítica. Los restos esa actividad minera generó prácticamente toda la tabla periódica en granos muy finos y disuelto en un agua de un PH de 2,5, como el de una batería de coche. El componente fundamental era zinc, seguida de hierro, pero había otras cosas peligrosas, como mercurio, plomo y cianuro.

-El vertido afectó a 6.000 hectáreas. ¿Llegó algo al Guadalquivir?

-Bueno, llegó una parte pequeña. Por el Guadiamar cayeron cinco millones de metros cúbicos pero cuando llegaron a la desembocadura del Guadalquivir, el lodo se había ido quedando por el camino. Cerca de dos millones de metros cúbicos de aguas contaminadas se vertieron al Guadalquivir porque no dio tiempo literalmente a impedirlo. El resto se retuvo porque se construyó un muro de urgencia.

-¿Se cuantificaron los daños a la flora y fauna?

-Sí. La sangre de la aves acuáticas que extrajimos tras el accidente arrojaron los niveles de contaminación más altos que jamás se han publicado en la literatura científica. A día de hoy nadie ha encontrado aves tan contaminadas como las que encontramos en Doñana. En el caso de los gansos, que venían del Norte de Europa a pasar el invierno en Doñana, calculamos que murieron entre 5.000 y 7.000, y por supuesto hubo toneladas de peces muertos por el agua ácida. Lo más preocupante de todo era recuperar los niveles de contaminación previos al accidente porque la contaminación biodisponible, es decir, que se puede disolver en agua y por tanto entra en la cadena trófica, es más peligrosa para aquellos animales que tienen una vida más larga. En aquel momento se prohibió para consumo humano hasta seis especies típicas de la desembocadura del Guadalquivir.

-Se eliminaron 20 centímetros de suelo de la superficie por donde pasó el vertido usándose más de mil operarios, 800 camiones y 150 maquinas. ¿La zona volvió a su situación previa?

-Los 20 centímetros fue un valor medio de penetración porque en algunos sitios fue más y en otros menos. En la Cuesta de las Doblas, cerca de Sanlúcar, el suelo era especialmente arenoso y más permeable al vertido y allí la contaminación llegó a más profundidad. De hecho, al día de hoy todavía se pueden encontrar restos de contaminación a mayor profundidad en esa zona. El resto de las 6.000 hectáreas se limpió a un nivel que, si bien no recuperó nunca la situación de partida, está muy lejos de los niveles preocupantes de contaminación.

-¿Pudo evitarse el vertido tóxico?

-El Instituto de Recursos Naturales de Andalucía, del CSIC, que se dedica a trabajar con suelos y aguas, publicó quince años antes del vertido que había filtraciones del Agrio que llegaban al Guadiamar procedentes de la mina de Aznalcóllar. Además, dos meses antes, tuvimos una reunión con Ministerio de Medio Ambiente, a la que acudió la ministra y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, donde mostramos nuestra preocupación con la situación de la balsa de Aznalcóllar. Pedimos por escrito que al menos preparara un plan de emergencia, algo que nunca se hizo porque decían que era imposible que se rompiera. Cuando aquello ocurrió nadie sabía muy bien qué hacer.

-La balsa de Aznalcóllar sigue existiendo. ¿Ha dejado de ser un peligro?

-Esa balsa está sellada pero no inertizada. Es decir, que está tapada por arriba lo que hay debajo sigue siendo potencialmente muy tóxico. Al no estar inertizada, tiene partículas muy pequeñas con un PH de 2,5. En condiciones de acidez, los metales pesados son biodisponibles, por lo que se pueden disolver en agua y entrar en seres vivos. Si se hubiera inertizado la balsa, se habría cambiado el PH de la balsa para no tener ningún problema. Como era un proceso muy caro no se inertizó y mientras eso no se haga, si hay algún nuevo problema con la balsa podemos encontrarnos con una situación grave de nuevo.

-¿Debemos preocuparnos?

-Sigue habiendo filtraciones a día de hoy desde esa balsa. Depende de cuánta agua lleve el río Agrio. Si es poca, encontraremos filtraciones que no son tan despreciables, pero si hay lluvias son poco significativas al estar diluidas. Lo que está claro es que gota a gota sigue circulando contaminación desde la balsa al río Agrio y de ahí al Guadiamar.

-¿Es éste el peor accidente medioambiental que ha conocido como biólogo?

-Sí, fueron imágenes dantescas que no puedo olvidar, como ver a los peces saltar a tierra porque no podían aguantar el agua ácida y ver morir a miles de gansos.

-La Justicia española acaba de dictaminar que Boliden Apirsa, la empresa que explotaba la mina de Aznalcóllar, no está obligada a pagar los 90 millones de euros que costó restaurar la zona afectada por la rotura de la balsa, un dinero que adelantó de forma subsidiaria la Junta de Andalucía. ¿Le ha sorprendido?

-De entrada es sorprendente, pero para mí no lo ha sido. Es cierto que con la legislación que antes existía se preveía que Boliden iba a escaparse de rositas. La buena noticia es que la legislación medioambiental cambió a raíz de este accidente. Ahora no se trata de litigar a posteriori, sino que a priori hay que depositar una fianza por si hay daños ambiental. Sin embargo, nos encontramos ahora con una situación parecida a la Ley del sí es sólo sí, ya que todo los hechos que ocurrieron antes de la nueva legislación medioambiental y que estén pendientes de juzgar podrían correr la misma suerte que Boliden. Vivimos en un país donde el que contamina no sólo no paga, sino que además cobra, porque Boliden no sólo no pagó por el vertido tóxico, sino que después recibió ayudas públicas, más de 1.800 millones de pesetas, para mantener el empleo.

-Pero antes de la nueva legislación medioambiental había una Ley de Minas, cuyo artículo 81 decía que «todo titular o poseedor de derechos mineros será responsable de los daños y perjuicios que ocasione con sus trabajos...»

-Está claro que los abogados de Boliden han sido más ágiles que los del Estado. Apenas un año y medio después de la rotura de la presa y del vertido tóxico de Aznalcóllar a la gente le pasó inadvertido un hecho importante: quebraron artificialmente a Boliden e hicieron una separación legal y jurídica de la filial española de la matriz sueca. Nos encontramos así con una situación curiosa: la infracción la cometió una empresa que ya no existía. La nueva legislación medioambiental exige ahora a las empresas mineras avales ante posibles contingencias medioambientales, por lo que eso no podría ocurrir ahora.

-¿El vertido tóxico marcó un antes y un después en la política medioambiental europea?

-Sí. La UE no tenía entonces legislación sobre vertidos tóxicos en suelos y a raíz de entonces desarrolló esa normativa.

-¿Puede volver a ocurrir en Andalucía otra rotura de una balsa minera?

-Hay algo más de cien balsas de minas sin actividad en la faja pirítica en Andalucía, algunas con un contenido peor que el de Aznalcóllar, como aquellas que extraían plata y en lugar de tener arsénico como residuo, como ocurre con las de cobre, tienen cianuro. Algunas de esas balsas son más grandes que las de Aznalcóllar. Como se trata de presas de minas que no tienen actividad, no hay recursos económicos para que nadie las vigile y están siendo vigiladas genéricamente por la Administración, como lo estaba la presa de Aznalcóllar cuando se rompió. Es decir, la confianza que tenemos es baja.

-¿Quién controla esas balsas actualmente?

-Buena pregunta (risas). Teóricamente es la Junta de Andalucía.

-Pero las balsas de minas con actividad están actualmente controladas por las empresas explotadoras.

-Sí, además del genérico control que haga la Administración. Visto lo visto, que nos estamos jugando muchos millones de euros, tengo la esperanza de que al menos la empresa explotadora tenga motivos más que sobrados para procurar avisar y evitar cualquier accidente, pero no existe la misma garantía con las balsas de minas que ya no están en explotación.

-La minería es una actividad industrial en alza, que genera riqueza para la comunidad y empleo en las zonas donde se ubican.

-En este momento, con el precio de los metales es posible que en los próximos años veamos la reapertura de minas porque la rentabilidad lo justifica y porque los procesos de extracción industrial han evolucionado en este tiempo y ahora es más barato. Deseo poder ver que no se vuelvan a hacer explotaciones mineras de molienda y reflotación porque generan balsas húmedas absolutamente inestables para siempre jamás, hasta que se caigan. Espero que se vuelvan a poner en funcionamiento las minas con los nuevos sistemas de explotación industrial que no generen ese tipo de balsas porque representan una actividad económica que puede ayudar a mejorar la situación ambiental que han dejado las antiguas explotaciones, lo que se conoce como pasivos ambientales. Si no, no sé quién va a pagar todo esto.