María Jesús Montero dejó como consejera el 86% de la deuda que ahora le perdona a la Junta de Andalucía

Casi la mitad de esa deuda (47%) es la que la actual ministra de Hacienda ha propuesto ahora condonar a Andalucía, que es la comunidad a la que se reconocería la mayor quita en cifras absolutas, 18.791 millones de euros, seguida de Cataluña (17.104). Aunque la reducción del pasivo fue un compromiso que los independentistas de ERC arrancaron al PSOE, junto con otras concesiones, a cambio de hacer presidente del Gobierno a Pedro Sánchez, la decisión de la ministra de Hacienda de hacerla extensiva a los demás territorios acabaría beneficiando de rebote a Andalucía, donde ella se ha estrenado como jefa de la oposición.

Montero ha logrado la cuadratura del círculo en la propuesta que este miércoles presentará a los consejeros de Hacienda en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Por un lado, satisface las exigencias de los nacionalistas catalanes y aporta estabilidad parlamentaria al Ejecutivo de coalición del PSOE y Sumar. Por otro, se apunta un tanto electoral en Andalucía al librar a la comunidad del pago de hasta 140 millones de euros al año en intereses de los préstamos estatales. Ha diseñado una carambola a tres bandas entre el Gobierno, los independentistas y el interés por cuidar a Andalucía, justo ahora que ha tomado el mando del PSOE andaluz y tendrá que medirse en las urnas ante el presidente Juanma Moreno (PP) en las elecciones autonómicas previstas en la primavera de 2026.

Aunque había especulado con la posibilidad de adherirse a una quita de la deuda estatal, la Junta de Andalucía ha avanzado que votará en contra de lo que considera una oferta «trampa» de Montero para «blanquear a los independentistas» mientras aplaza la reforma global del sistema de financiación autonómica, es decir, el dinero que el Estado reparte entre las comunidades para financiar la sanidad, educación y servicios sociales.

El 61% de la deuda que acumula la Administración andaluza está en manos del Estado. Aun siendo elevada, no representa una mochila tan pesada como la que carga la Generalitat catalana, que debe 88.917 millones de euros, de los que el 89% corresponde a préstamos del Estado.

Cuando se desató la crisis financiera y se desplomó la recaudación, el Gobierno de Mariano Rajoy tuvo que salir al rescate de las comunidades autónomas poniendo en marcha diversos mecanismos para inyectarles liquidez como el conocido FLA. María Jesús Montero tuvo que capear esa tormenta económica como consejera de Hacienda recurriendo a ese 'banco' creado por el ministro Cristóbal Montoro, que a su vez había heredado la crisis del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Como consecuencia, bajo el mandato de Montero, la deuda andaluza con el Estado subió como la espuma: pasó de los 10.664 millones de euros en el año 2013 a los 26.899 millones que había cuando abandonó la gestión de las finanzas de la Junta para marcharse al Ministerio de Hacienda en junio de 2018. El pasivo que ahora tiene la Administración autonómica, a través de mecanismos estatales de liquidez, llegó a su nivel más alto en 2019 (26.867 millones) y se ha ido reduciendo desde dicho ejercicio hasta situarse en 24.290 millones a finales de septiembre de 2024.

El endeudamiento total de la Junta, incluyendo los préstamos con el Estado, los bancos y otras entidades, asciende a 39.842 millones de euros, según último dato disponible en la serie histórica. Aunque el montante es más elevado que en 2018, la losa de la deuda resulta menos pesada para la economía andaluza, puesto que ahora representa el 19% del PIB. Está muy lejos de ser tan insoportable como la deuda catalana, que supone el 30,1% de su PIB, lo que limita sus posibilidades de financiarse directamente. Esto no le ocurre a Andalucía, que desde el año 2019 está captando fondos en el mercado de capitales sin problemas.

La situación de Cataluña es menos desahogada. La deuda representa un obstáculo tan insalvable que en noviembre de 2023 los independentistas de Oriol Junqueras acordaron con el PSOE una quita de 15.000 millones de euros —que se ha aumentado hasta los 17.104 millones— a cambio de sus votos para investir a Pedro Sánchez.

Para calcular una quita parcial de la deuda entre las diferentes comunidades autónomas, el Ministerio de Hacienda ha introducido mecanismos correctores. El punto de referencia para determinar el reparto es el criterio de población ajustada, que tiene en cuenta el número total de habitantes de cada territorio pero también factores como la infrafinanciación, el envejecimiento, los menores en edad escolar o la dispersión geográfica, que encarece la prestación de servicios. De este modo, no solo salen favorecidas Andalucía o Cataluña, que se benefician de una condonación de 2.285 euros y 2.284 euros por habitante ajustado, respectivamente, sino también la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Murcia.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presiona a las once comunidades del PP –Andalucía, entre ellas– para que aprueben este miércoles su propuesta en el órgano que reúne al Ministerio de Hacienda con los consejeros autonómicos del ramo. Asegura que sería «marciano» votar en contra de la condonación de 83.252 millones de euros, la cifra global de deuda de las comunidades, una medida que, asegura, favorecerá a «todas» las regiones del régimen común.

El Gobierno andaluz, en una actuación coordinada con otros barones regionales del PP, ha avanzado que se va a oponer a la medida. Lo considera un parche para intentar tapar la reforma de la financiación autonómica que la propia Montero exigía día sí y día también al Gobierno de Mariano Rajoy cuando ella era consejera de Hacienda.