Hacienda Local
María Jesús Montero le cierra el grifo a los alcaldes para usar el superávit como inversiones
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda les obliga en una nota técnico a destinarlo para quitar deuda por la ausencia de Presupuestos Generales del Estado
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La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acaba de propinarle un importante revés a los ayuntamientos andaluces (y por extensión a los de todo el país) a cuenta de la falta de Presupuestos Generales del Estado para ... 2025. El departamento de Montero acaba de remitir a los alcaldes una nota técnica de doce puntos, a la que ha tenido acceso ABC, en la que les prohíbe usar el dinero del superávit logrado el ejercicio anterior (y en gran parte los remanentes siempre que sean inferiores a ese indicador) para inversiones llamadas 'financieramente sostenibles'. Y de forma añadida, les obliga a destinarlos exclusivamente a quitar deuda.
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Esta restricción afecta en bloque a inversiones que venían siendo un balón de oxígeno para los alcaldes si eran buenos gestores -ingresar más que gastar- o no alcanzaban niveles de deuda en sus arcas muy elevados. Proyectos que iban desde coches no contaminantes para la Policía Local, o autobuses similares de transporte público, máquinas de limpieza, parques, climatización de colegios, aplicaciones de gestión tecnológica para el turismo, la cultura o los propios trámites municipales; mejora de la red de abastecimiento de agua o alcantarillado; reparación de calles o mejora de edificios públicos,... Casi todo menos contratar a personal. Eso sí, gastando el dinero en el año en curso y no programándolo.
Las entidades locales andaluzas arrojaron un resultado presupuestario positivo en 2023, según el propio Ministerio, de unos 1.500 millones de euros
La nota del ministerio de la también líder del PSOE andaluz es muy tajante a este respecto. «En tanto no se apruebe la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2025 o, en su defecto, una disposición normativa con rango de ley que lo habilite, no se podrá destinar el superávit a financiar inversiones financieramente sostenibles», recoge el documento. Solamente admite como excepción aquellos ayuntamientos afectados por la DANA del pasado mes de octubre en la comunidad valenciana, principalmente.
Impacto económico
Hay que recordar que estas reglas del gasto nacieron de la mano de Cristóbal Montoro en 2012, justo en la peor época de la crisis financiera de 2008, y con clara intención de controlar las cuentas disparatadas entonces en los ayuntamientos y, por ende, en el resto de administraciones. En un principio se ajustaba el cinturón para destinar recursos a bajar la deuda, luego se fue abriendo la mano para gastar de manera responsable.
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Para tener una idea del impacto económico que acarrea la decisión, según datos de la propia Federación Española de Municipios y Provincias, los remanentes de tesorería ajustados -parámetro aproximativo para medirlo- de la liquidación de 2023, se elevaron a 21.795 millones de euros. Bajando al escalón de Andalucía, la decisión de la vicepresidenta primera afectaría de manera más que parcial a la gestión de 2.856 millones de euros en remanentes de todas las entidades locales, según los datos de Hacienda para 2023. Unos 1.500 millones usando de la misma fuente los resultados presupuestarios.
El malestar cunde ya por los consistorios. Los regidores ven cómo se les quita la posibilidad de decidir sobre sus recursos. Y, además, se recela de que el Gobierno no pare de endeudarse en un contexto donde, además, pide que se acepte la condonación de deuda.
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