El último barrio de pescadores de Málaga tiene 570 casas 'ilegales'

María López come tortitas de coliflor en su terraza frente a la playa, tiene 78 años, nació en esa misma casa, donde su madre llegó a los 92 años y que viene heredada desde sus abuelos. «La casa es mía. ¿De quién va a ser el suelo? Mío. Si llevo aquí toda la vida. Y cuando me muera será de mis hijos», explica esta mujer, en cuyo balcón hay una pancarta de «¡Deslinde ya!».

Un deslinde es la única solución para regularizar estas viviendas junto al mar, que comenzaron a construirse en el siglo XVII. En una hambruna, los trabajadores del campo de La Axarquía se instalaron en esta zona para buscarse la vida dedicándose a la pesca. Se asentaron en las cuevas cercanas, pero con el tiempo pidieron permiso para hacer casetas para guardar los aperos de pesca.

«Viendo que los niños podían prosperar en esa playa comenzaron a pedir unos permisos, se les dieron unos cerfiticados de alquiler para hacer chabolas y luego casitas», recuerda Benavides, quien explica que, poco a poco, las casas fueron creciendo, se formaron calles y al final un barrio. «Los propios vecinos hicieron el urbanismo. Esto es historia, hay que protegerlo, no tirarlo», añade este vecino, quien reivindica estas callejuelas como «el urbanismo del pueblo».

En los años 70 del siglo pasado en El Palo no había nada. «Los que estamos luchando ahora somos los niños de aquellas casas, que nos bañábamos en la playa apartando los mojones que salían de las tuberías», explica Benavides. Fueron las familias las que levantaron este barrio marinero. «Recuerdo que aquí no daban créditos y las obras se hacían con el primo, el vecino, el hermano... A pulmón con ahorros. Así iban levantando las viviendas poco a poco. Ahora que es un sitio turístico el problema es irresoluble. Nos las quieren quitar», sentencia este vecino.

La primera gran eclosión de esta barriada fue en el siglo XIX. Ahí ya se conformó el origen de lo que ahora se conoce. Más tarde, después de la Guerra Civil, las monjas del convento, fueron dando a los vecinos las parcelas que quedaban libres. «A mi madre este terreno se lo dieron las monjas e hicieron la casa. ¿De quién va a ser? He nacido aquí. Esto es mío y de nadie más», añade Remedios Mendoza.

Esta vecina tiene «miedo» por si los echan, pero asegura que va a dar la batalla. «Esto es como el barco de Chanquete. De aquí no nos vamos. Si viene una máquina nos tiene que llevar por delante», remarca esta vecina. El conflicto empieza en los años 60 del siglo pasado. Los pescadores ya llevaban más de un siglo en la zona.

En esos años es cuando se hace el deslinde de El Palo por la antigua vía del tren. Las casas de los pescadores quedan dentro de la costa, en la playa y fuera de la ordenación. Sin embargo, no hay problemas hasta 20 años después, cuando se redacta la primera Ley Costas. En 1984 ese medio millar de edificaciones quedan en dominio público terrestre.

En esa legislación no se hace un segundo deslinde para salvar a los vecinos. «El PSOE gobernaba el Ayuntamiento, la Junta y el país. A alguien no le interesaban los pescadores», añade Francisco Cuesta, otro vecino. Sin ese deslinde el suelo no es ya de los propietarios de las casas, si no de todos los españoles. «Es cuando realmente corrieron peligro las viviendas y las pudieron tirar», reconoce Cuesta.

De hecho, se decidió que había que demoler el barrio, pero la movilización social, así como el alto coste que suponía la solución para los vecinos desplazados por el derribo hicieron que se optara por otra fórmula. No se les pudo convencer de una concesión administrativa, así que se dejaron las edificaciones, sin modificarse la línea de costa, y se hizo un paseo marítimo para que no siguieran proliferando casas junto a la playa.

Y así quedó. «Cuando se pudieron ir legalizando se fueron haciendo las cosas legales. No había ni saneamiento. Aquí se salía por la mañana y se tiraba el cubo a la playa», recuerda Benavides, quien explica que, al final, consiguieron tener escrituras de sus casas, agua, luz y hasta llevan años pagando el IBI de las propiedades. Eso sí, sin que el suelo sea suyo.

Fueron haciendo su vida y regularizando todo lo que podían para salvar sus casas, hasta que en 2013 la entonces delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, fue a El Palo para decirle a los vecinos que había una disposición adicional en la nueva Ley de Costas que legalizaba sus casas.

Sin embargo, el PSOE recurrió la ley. Dos sentencias del Tribunal Constitucional pararon la regulación. Todo quedó pendiente de una transferencia de los terrenos del Ministerio de Medio Ambiente a los vecinos, pero tiene que ser negociada con Hacienda. Y así está.

Es el punto que el Gobierno de España ve «irresoluble» la situación y tiene a los vecinos otra vez en pie de guerra, entre otras cosas porque no pueden afrontar ni siquiera una reforma de la casa. «Solo se pueden hacer obras menores. Aquí la gente lo que hace es que pide licencia y si los pillan haciendo demás, pues paga la multa», abunda Francisco Cuesta, quien explica que Hacienda ahora tasa esas casas en más de 500.000 euros.

«¿Pero que estarán buscando? ¿La fórmula de que los abuelos se vayan muriendo y los niños no puedan quedarse con las casas, se vendan y vayan buscando inversores extranjeros?», pregunta Manuel Benavides, quien también demanda que se haga una protección para el barrio, porque es una parte histórica importante de Málaga, que guarda la esencia marinera de la ciudad y los secretos de su plato más emblemático.