Orden de desahucio para 127 vecinos de Torremolinos por un operación inmobiliaria del ‘banco malo’ del Gobierno
Estas familias, en régimen de alquiler, serán desahuciadas porque la Sareb cederá a un tercero las viviendas que se adjudicó tras el impago de la hipoteca por parte del promotor del edificio
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El futuro de unas 40 familias de Torremolinos está en el aire. Se encuentran a las puertas de un desahucio porque sus viviendas, que pertenecen a la Sareb, van a ser cedidas a un tercero como parte de un proceso de ejecución hipotecaria. Por ello el Partido Popular ha presentado este miércoles una pregunta escrita a la Mesa del Congreso en la que piden explicaciones al Gobierno central sobre qué medidas va adoptar para proteger a los vecinos.
En concreto, en el escrito, los diputados por el PP de Málaga recuerdan que la Sareb, participada por el Estado, es actual titular de unos activos en Torremolinos situados en la calle Rodrigo y en la calle Río Yeguas, que actualmente se encuentran en régimen de alquiler y que van a ser cedidos a un tercero por una ejecución hipotecaria.
«Esto va a suponer que un total de 127 vecinos van a ver suspendidos de golpe su contrato de alquiler, algunos de ellos en una situación de vulnerabilidad comprometida«, aseguran desde el PP.
En este sentido, han añadido que los servicios sociales del Ayuntamiento de Torremolinos han hecho un informe de vulnerabilidad a varias familias y han precisado que hay tres que tienen un miembro con discapacidad reconocida y con dependencia, dos familias numerosas, una persona con problemas de salud mental, dos familias monoparentales, tres familias de personas con avanzada edad y varias con algún miembro a la espera de ver reconocida su discapacidad.
Por ello, han preguntado sobre qué medidas va a adoptar el Gobierno central de cara a proteger a estos vecinos para que no se vean en la calle fruto del acuerdo de la Sareb con un tercero.
Además, cuestiona al Ejecutivo sobre si puede revertir que la Sareb ceda los activos a un tercero, antes del 22 de abril, fecha prevista para materializar este acuerdo.
La promotora y la hipoteca
El inicio de la historia se remonta al año 2005, cuando se construyó este edificio residencial a través de una promotora que tuvo que pedir una hipoteca para construirlo. Ocho años después, la promotora suscribió un contrato de arrendamiento junto a otras sociedades explotadoras, pero el problema comenzó en el momento en el que se decidió subarrendar las viviendas.
La promotora llegó a un acuerdo con otras mercantiles por sus dificultades económicas, pero estas sociedades no aportaron contraprestación. Y empezaron las trabas legales, ya que llegan a decir que «no se aprecia la existencia de título que legitime la posesión por parte de las mercantiles arrendatarias».
Así, la situación de estos vecinos se complicó a raíz de un auto de ejecución hipotecaria que comienza en 2018 cuando la inmobiliaria quebró, suscribió un contrato de arrendamiento con otra empresa y esta le cedió el contrato a una tercera.
De esta forma, se firmaron contratos diferentes y con entidades diferentes en esta cadena de cesión de contratos de arrendamiento, por lo que la situación de cada vecino es diferente. En el trámite de la ejecución hipotecaria, como hay ocupantes en el inmueble, en 2023 se les pide que aporten los contratos. Pero hay un auto del 8 de enero de 2024 donde el juez sentencia que no son títulos legítimos.
El Ayuntamiento
La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, ha tildado de injusta la situación y ha asegurado que el consistorio y la delegación de servicios sociales la solución pasa por contactar con la Sareb. Evitar que los contratos de alquiler que se han declarado nulos mantengan la legalidad y se les permita a los vecinos continuar viviendo en sus hogares. «Eso es posible hacerlo porque la Sareb depende del Gobierno de España«, ha afirmado Del Cid.
En esta línea la diputada de Torremolinos Gema Pérez ha subrayado que en la pregunta que han presentado en la Mesa del Congreso, exigen al gobierno de Pedro Sánchez que ofrezca las explicaciones pertinentes a la mayor brevedad posible para evitar que los 127 vecinos vean suspendido de golpe su contrato de alquiler.
Así, las preguntas que realizan al Gobierno son las siguientes: ¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno central de cara a proteger a estos vecinos para que no se vean en la calle fruto del acuerdo de la Sareb con un tercero? ¿Puede el Gobierno central revertir que la Sareb ceda los activos a un tercero, antes del 22 de abril, fecha prevista para materializar este acuerdo?
Los diputados pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso que han firmado esta petición para que el Gobierno central responda por escrito son D. Elías Bendodo, D. Sergio Sayas, Dña. María del Mar Vázquez, D. Mario Cortés, D. Cristóbal Garre, Dña. Gema Pérez, Dña. María Soledad Cruz-Guzmán, Dña. Isabel Borrego, Dña. Cristina Agüera, D. Miguel Ángel Sastre, D. Alberto Fabra, D. Carlos Gil, D. Celso Luis Delgado, D. Daniel Pérez, D. Silverio Argüelles, D. Juan Andrés Bayón, Dña. Cristina Moreno y D. Joan Mesquida.
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