La 'pequeña Malaya' se desinfla en el juicio

Una vez enfriado el tema, vinieron diez años de instrucción, declarada compleja, para luego en 2018 llegar a una calificación fiscal que argumentó una corrupción absoluta en el Consistorio entre 2003 y 2008, que gobernaban PSOE con el Partido de Estepona (PES), en los primeros años apoyados por IU y luego por el PA.

El fiscal desgranó no solo una financiación ilegal del PSOE y del PES, sino también una serie de regalos y prebendas que los políticos recibieron a cambio de facilitar el acceso de algunos empresarios a negocios en la ciudad. A Antonio Barrientos le supuso «una fuente oculta de ingresos» que le permitió entre 2003 y 2008 ahorrar el 71 por ciento de su sueldo.

Afirmaba aquel documento que recibió regalos como botellas de gran reserva o cajas de puros, pero también viajes, cenas por varios miles de euros, hoteles con gastos de 600 euros por noche o cheques de hasta 25.000 euros. Apuntaba a que fue obsequiado con el pago de la factura de 236.000 euros de la reforma de una vivienda que adquirió, valorada en 580.000 euros.

No fue el único agraciado. Al jefe del Gabinete de Alcaldía, José Flores, lo colocó como gestor de la 'Caja B' del Ayuntamiento con mordidas de empresarios y de las aportaciones a la 'Caja C' con regalos personales y pagos para actos del PSOE y el PES. Según Anticorrupción, Flores obtuvo invitaciones a eventos y se le llegó a abonar 932,50 euros en 2007 para actividades en el club de alterne Milady Palace de Marbella.

Y así siguió dando paso de lo que arrojaba la instrucción con Francisco González, que era el subordinado de Flores en el Gabinete de Alcaldía, donde estaba facultado para ralentizar o agilizar los expedientes. La Fiscalía apuntó que, por eso, se benefició de los obsequios navideños de una empresa, como una pantalla de plasma y de las vacaciones familiares a Rivera Maya, Tanzania y Zanzíbar.

El líder del PES, Juan Ignacio Crespo, también recibió, según Fiscalía, «importantes sumas de dinero en efectivo». La Fiscalía dijo que no lograba acreditar la procedencia de 42.000 euros de los 136.000 que gastó en los muebles de su casa.

Del mismo modo, había concejales que montaban sociedades para confundir el patrimonio de esas empresas con el suyo personal. Garajes, viviendas, locales, apartamentos... En los procesados había importantes y sospechosos incrementos de patrimonio. Algunos hasta en dos millones de euros y otros tanto en España como en otros países como Marruecos. Empresas sin personal asalariado para blanquear o sociedades pantalla para ocultar las transacciones.

Sin embargo, como reseñaría uno de los abogados defensores antes de entrar en la sala para escuchar la sentencia a los 36 encausados, «el juicio es el VAR de la instrucción», y ahí muchas pruebas acabaron desechadas como las escuchas telefónicas que cerraban gran parte del relato del Ministerio Público y que eran una de las pruebas capitales para justificar las elevadas peticiones de pena.

Así, ya durante juicio la causa sufrió un importante pinchazo. Cuando la Fiscalía presentó la solicitudes de pena al Tribunal la causa comenzó a desinflarse. Y ayer, pasado 17 años desde las detenciones en Estepona, todo quedó multas e inhabilitaciones para los miembros de esa presunta trama.