El palacete okupado de Málaga: de polémico centro cultural a bar ilegal clausurado

El bar clausurado está en el patio interior de un palacete del siglo XIX en la céntrica calle Nosquera. En marzo de 2007, los casi 2.000 metros cuadrados de este noble edificio, en estado de abandono, fueron okupados por una serie de creadores locales «para convertirlos en un pulmón de creatividad y producción cultural». El Ayuntamiento ya había invertido cuatro millones de euros en su expropiación para una rehabilitación como edificio de oficinas, pero todo se paralizó.

Desde entonces el inmueble ha visto como la polémica campa a sus anchas entre los muros de sus edificios, cada vez mas en unas ruinas más evidentes, y aglutinando denuncias por sus actividades de hostelería ilegales, como la venta de alcohol a menores. «Es habitual ver a turista allí sentados al sol, sin saber que pueden estar en peligro», señalan las mismas fuentes.

Este es un nuevo choque en entre el Consistorio y el colectivo okupa. Hay una larga lista de confrontación, sobre todo por las polémicas actividades culturales que se desarrollaron dentro de sus muros bajo el amparo de la libertad de expresión. En 2018 se vieron obligado a cancelar unas jornadas en las que estaban como invitados varios terroristas del Grapo. No fue lo único. Un año antes habían colgado de la fachada un horca hecha con una bandera de España.

Fueron días en los que ante la polémica defendieron ser un centro cultural alternativo de referencia, que contaba con el beneplácito para sus actividades del Museo Reina Sofía de Madrid. En rueda de prensa, los responsables del grupo de izquierdas radical Fundación de los Comunes, esgrimían la relación casi de protección con el que fuera director del Museo Reina Sofía (Mncars) durante década y media, Manuel Borja-Villel.

El desalojo del palacio parecía imposible. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 4 de Málaga denegó el pasado mayo la autorización judicial para el desalojo del inmueble, que el Consistorio solicitó por segunda vez en octubre de 2022. La resolución judicial explicaba que no era posible llevar a cabo el desalojo del inmueble «sin vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva».

Y mientras tanto, los conciertos y la fiesta seguía en el patio, hasta que recibieron varias inspecciones municipales, como ocurre con todos locales de ocio de Málaga. El pasado 15 y 16 de noviembre la Policía Local levantó acta al detectar una actividad de «libre concurrencia» por la entrada existente por calle Andrés Pérez.

Los agentes señalan en su acta que esta entrada y salida era «de reducidas dimensiones a la hora de una evacuación», así como que da acceso a un patio amplio «donde se realizan todas las actividades recreativas, y donde se ofrece al público en general, sin limitaciones, situaciones de ocio y diversión, además de ofrecer, mediante pago, bebidas de diversa índole y alimentos».

El lugar es anunciado como «el patio» y tiene horarios de apertura estipulados con «actuaciones de diversa índole y en directo todos los miércoles, viernes y sábado».

La Policía Local hizo seguimiento de las actividades, que venía chequeando desde el 7 de noviembre, cuando unas 20 personas sentadas en mesas consumían refrescos y cervezas, adquiridas en una barra existente al fondo del recinto atendida por dos chicas y amenizado con música.

Volvieron el 13 de noviembre y se observaron «la misma actividad descrita» con unas 14 mesas y alrededor de unas 40 personas. El 15 de noviembre había a las 19.30 horas unas 50 personas sentadas en mesas, y consumiendo bebidas, y en algunos caso alimentos. Había un espectáculo humor y magia en vivo denominado «Joni Macarroni».

Los agentes observan que la barra «hace de bar, está atendida por dos chicas, las cuales venden al público bebidas alcohólicas y refrescos, además de alimentos precocinados, concretamente empanadillas y snack». En el lugar se detallan varias neveras en funcionamiento, máquina registradora para la recaudación y cartel con precio de los alimentos, así como y altavoces.

No se observa cocina, pero si horno microondas. Así mismo registran diferentes bebidas alcohólicas de alta graduación como whisky, vodka, ron o ginebra para su venta al público. Por este motivo se procede a la inspección formal del «establecimiento» abierto al público.

No hay declaración responsable, ni permiso de música y de actuaciones en directo. No hay hojas de reclamaciones, ni seguro de responsabilidad civil. Los agentes realizan acta de advertencias legales, recordando al que se identifica como persona responsable, que dicho inmueble se encuentra clausurado para el uso de actividades de pública concurrencia.

Y ya había sido avisados antes. El 27 de septiembre, el Consistorio notificó la advertencia legal de que en dicho edificio no se pueden llevar a cabo actividades de pública concurrencia y que se ha incumplido. La Policía Local explica que «resulta evidente» que se lleva a cabo todos los días de la semana una actividad de hostelería sin permisos.

Por esto, el Consistorio ordena el «cese inmediato» de la actividad de hostelería y prohíbe su ejercicio a La Casa Invisible. Del mismo modo, prohíbe y suspende los espectáculos públicos. Ambas actividades no se pueden retomar hasta que no cuenten con los permisos oportunos, que el colectivo okupa no puede solicitar porque no son titulares del inmueble.

En el caso de volver a incumplir lo ordenado, el Ayuntamiento podrá adoptar las oportunas medidas de corrección, incluida la incoación de expediente sancionador, sin perjuicio de las responsabilidades penales o civiles a que hubiera lugar.