El Gobierno vuelve a poner en pie de guerra a la Costa del Sol con otro portazo al tren litoral

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha criticado la falta de voluntad del Gobierno de Pedro Sánchez para abordar los problemas de movilidad en la zona, destacando además la hipocresía de los socialistas en la provincia al votar a favor del tren y luego justificar su abandono.

«Han tenido seis años para retomar y avanzar en el proyecto que dejó planteado, con dos alternativas de trazado y estudios de demanda, el Gobierno del PP. Y lo único que han hecho es esconderlo todo en un cajón, decir que no hay papeles y no hacer absolutamente nada más», ha apuntado el presidente.

Según Salado, los malagueños merecen las mismas infraestructuras de transporte que otras grandes áreas metropolitanas del país, y no pueden esperar más tiempo para su desarrollo. «Son obras costosas, sí, pero en otros puntos de las geografía española ese coste no es un argumento para no acometerlas», ha asegurado, «no podemos permitir este agravio constante cuando esta es una de las zonas en las que más impuestos recauda el Estado».

En sus declaraciones de este lunes, el ministro Óscar Puente ha vuelto a incidir tras la polémica del pasado mes de febrero en que «no hay ni un solo papel» para trabajar en esta conexión, que aliviaría el atasco de las comunicaciones de la Costa del Sol hasta Algeciras. Unas afirmaciones que los regidores populares consideran «bochornosas».

Las alcaldesas de Marbella, Ángeles Muñoz, y de Fuengirola, Ana Mula, han coincidido en calificar de inaceptable esta decisión y han recordado los estudios previos que respaldan la viabilidad y la alta demanda del proyecto del tren litoral. En este sentido, Muñoz ha afirmado que con sus declaraciones Puente ha constatado que «desconoce absolutamente de qué está hablando y que se trata solo de una decisión política».

«Suponemos que los papeles que el señor Puente dice que no existen son los relativos a reanudar esta iniciativa», ha incidido la regidora marbellí, que ha recordado que en enero de 2018 el entonces ministro de Fomento, Iñigo de la Serna (PP), ya presentó en Marbella el estudio informativo realizado por el Gobierno para que el municipio dejara de ser la única ciudad de España de más de 150.000 habitantes que no cuenta con conexión ferroviaria.

Por su parte, la alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula, considera que cuando el ministro de Transportes dice que el proyecto de ampliación del Cercanías «no es competitivo», lo que en realidad quiere decir es que «no lo es para el ejecutivo al que pertenece».

«Siempre parece más dispuesto a destinar las inversiones en esta materia a otros territorios del país de cuyos grupos políticos nacionalistas depende su permanencia en el cargo», ha dicho en referencia a País Vasco y Cataluña, comunidad, esta última, con el que el Gobierno acordó a cambio de la investidura la concesión de la gestión ferroviaria de Rodalies -el Cercanías catalán-.

La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, acusa directamente al Gobierno central de «negacionista» y de dar la espalda a la realidad de una conurbación que supera el millón de habitantes de población y que «requiere de una importante apuesta inversora en materia de movilidad y de transporte público».

Así, ha recordado que el proyecto y sus estudios llevan años apareciendo en los Presupuestos Generales del Estado y que decir que no hay ningún papel «es o mentir o prevaricar», además de «dejar en muy mal lugar» a los líderes socialistas provinciales como Ignacio López o Daniel Pérez.

Junto a Marbella, el municipio más perjudicado por la desconexión ferroviaria es Estepona, cuyo alcalde, José María García Urbano, considera sorprendente que la oposición del Gobierno a un proyecto ferroviario tan necesario. Más aún teniendo en cuanta la «pujanza» de este territorio. Además, no sólo barre para casa, sino que ha defendido la inclusión en el proyecto de la conexión hasta Algeciras para el desarrollo conjunto de la Costa del Sol y el Campo de Gibraltar.

La postural de los alcaldes viene amparada por la dirección del PP provincial, que también ha criticado duramente la decisión del Gobierno central y ha anunciado iniciativas parlamentarias para exigir las modificaciones presupuestarias necesarias para impulsar el proyecto del tren litoral.

Su presidenta, Patricia Navarro ha cuestionado la prioridad del Gobierno hacia otras regiones en detrimento de la Costa del Sol. En este sentido, ha recordado que Málaga tiene un ritmo de crecimiento de 20.000 residentes al año, con la proyección de aumentar en 300.000 nuevos habitantes en el horizonte de 2035, según el INE.

«¿Quizás no es el momento de Málaga porque es el momento de Barcelona, Tarragona, Gerona y otras provincias del País Vasco?», ha cuestionado la presidenta de los populares en la provincia en relación a los compromisos del Ejecutivo con los nacionalistas a cambio de mantener a Pedro Sánchez en Moncloa.