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El denunciante de Alvise pide intervenir el autocine de Málaga, un restaurante y Selvatic Festival

Es parte de la liquidación de Madeira Invest Club, donde su CEO acumula cientos de querellas por estafa

Álvaro Romillo ha registrado una denuncia en la Audiencia Nacional que señala que entregó 100.000 euros en efectivo a Alvise Pérez

El denunciante de Alvise rompe su silencio y asegura que «la trama es más grande de lo que la gente piensa»

Motín contra Alvise en su canal de Telegram tras reconocer que aceptó dinero negro: «Menos mal que nos has engañado poco tiempo»

Autocine de Málaga, una de las empresa que piden que sea intervenida Archivo
J. J. Madueño

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La trama por la supuesta financiación ilegal de la campaña de Alvise Pérez salpica a Málaga. Álvaro Romillo, el empresario que ha denunciado al eurodiputado, ha pedido a la Audiencia Nacional en su denuncia que intervenga tres empresas en la capital de la Costa del Sol. Por un lado está el restaurante llamado Negro Carbón, por otro la promotora Selvatic Fest y, por último, el autocine, que está catalogado como el más grande de Europa. Todo para una posible liquidación de Madeira Invest Club tras cientos de denuncias por estafa.

Selvatic Málaga Fest y Málaga Forum alegan, por su parte, que «no tienen ningún tipo de relación ni vínculo contractual con Madeira Invest Club» , que los datos de Selvatic Málaga Fest y Málaga Forum están a disposición de consulta pública en el registro mercantil.

La organización del festival explica que es un proyecto cultural «solvente» y que en 2024 ha tenido «resultados sólidos, y en un entorno cívico, sano y seguro». No van a hacer declaraciones y dejará que el curso legal de las acciones emprendidas por terceros siga su curso con total normalidad.

El empresario Álvaro Romillo denunció que el eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez había recibido de sus manos 100.000 euros en efectivo en plena campaña de las elecciones europeas. Este jueves se ha ofrecido a declarar ante la Audiencia Nacional para «aclarar cualquier cuestión» relativa a la presunta estafa cometida por Madeira Invest Club. Un caso por el que acumula querellas.

Dineros en efectivo

En un escrito dirigido al Juzgado Central de Instrucción Número 4 Romillo se abre a «facilitar la labor instructora, prestar declaración si es citado y aportar la documentación«. Esto pese a que el titular del juzgado todavía no ha abierto una causa penal, sino que ha pedido a la Fiscalía que informe previamente sobre la competencia del tribunal para investigar.

El juez libró este oficio después de que víctimas de una presunta estafa pidieran a la Audiencia Nacional que investigase el supuesto fraude de más de 300 millones de euros cometido por Madeira Invest Club. Hasta el momento, constan dos denuncias, presentadas por Aránguez Abogados y Zaballos Abogados, respectivamente.

El primero representa a algo más de 500 afectados y explica en su escrito que Romillo, que se presentaba bajo el alias CriptoSpain, «alardeaba de ser un gran experto en elusión fiscal y conocedor de criptomonedas». Según estos despachos, Romillo habría manifestado «públicamente la vinculación de esta trama con Alvise Pérez, motivo por el que argumenta y excusa la paralización de la plataforma y la no devolución del capital a los afectados».

500 denuncias

La representación de Romillo explica al juez que el pasado 19 de septiembre interpuso una «autodenuncia» ante la Fiscalía General del Estado en el que detallaba «una serie de hechos por si pudieran ser constitutivos de delito y poniéndose a disposición de la Justicia para aclarar cualquier cuestión, comprometiéndose a liquidar sus bienes con el fin de hacer frente a los pagos de los inversores».

En la denuncia, Romillo sostiene que entregó 100.000 euros «en efectivo» al eurodiputado Alvise Pérez el pasado 27 de mayo, semanas antes de los comicios europeos. Ese escrito ha sido remitido a la Fiscalía del Tribunal Supremo, que debe decidir ahora si investiga a Pérez por un presunto delito de financiación ilegal.

En el mismo, Romillo incide en que Pérez le contactó porque tenía una «necesidad de tráfico y alcance». Para eso necesitaba fondos que no requirieran ser controlados por el Tribunal de Cuentas. «Fondos para el partido y dinero para afrontar ciertas multas por revelación de secretos contra el Estado y la protección de datos», asegura en la denuncia.

El eurodiputado acudió supuestamente a Romillo, precisamente, por su posición como CEO de Madeira Invest Club. En este contexto, y a la espera de la decisión del magistrado sobre la posible apertura de una causa, los letrados de Romillo piden «que actúe según crea conveniente en aras a garantizar los derechos de todos y cada uno de los intervinientes en la causa».

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