El caso por la corrupción socialista de Estepona se desinfla casi 17 años después

El exalcalde Antonio Barrientos está acusado de un delito continuado de falsedad, fraude y malversación, de otro de cohecho y de prevaricación. La Fiscalía solicita dos años de cárcel, además nueve años y tres meses de inhabilitación para cargo público y una multa de 40.000 euros. Lejos de los más de diez años que pedía cuando hizo la calificación.

Aún así, el Ministerio Público explica que hubo unas prácticas supuestamente irregulares relacionadas con los convenios urbanísticos, así como con la creación de una Caja B en el Ayuntamiento. Explica la Fiscalía que esto llevó al «desfalco» del Consistorio. «Se produjo un desfalco en toda regla», ha insistido.

La acusación se mantiene para 37 personas, entre ellas Antonio Barrientos, así como que fueran responsables municipales del PSOE y del Partido de Estepona (PES). Hay empresarios y funcionarios. Se imputan posibles delitos de cohecho, malversación, fraude, prevaricación, falsedad y blanqueo de capitales.

Según el representante de la acusación pública en su exposición, estos delitos investigados, relativos al periodo 2003-2008 (es cuando se produjeron las detenciones), «se articulan en torno al elemento común de la instrumentalización del cargo público, infringiendo los principios de legalidad con el fin de obtener unos beneficios propios o para terceros«.

La Fiscalía explica que eran prácticas «frecuentes» en ese contexto social y político. Al respecto, ha señalado que «había una reacción social discreta» ante la corrupción urbanística en el ámbito municipal, debido a un «discurso político engañoso», que se justificaba en un crecimiento económico y de la atracción de inversión.

Para el fiscal, la existencia de la Caja B «siempre ha estado en el centro de la investigación» y entiende que es «la razón de ser» de dichas prácticas supuestamente ilegales, al tiempo que ha considerado que «era fácil de organizar» en un momento de «auge urbanístico» en Estepona por «la inoperancia de los mecanismos de control«.

Así, la acusación ha explicado que la Caja B resultaba de utilidad en primer lugar para las autoridades municipales «por el rédito político» que tenían por el manejo de esos fondos, así como por la oportunidad que suponía de supuestamente seguir «desviando parte del dinero».

Al mismo tiempo ha afirmado que «también resultaba útil para el empresario pagador», porque así lograba «ventajas», al ganarse «la disposición de las autoridades» que debían impulsar trámites administrativos a su favor y porque eran «el cauce idóneo para contabilizar gastos».

El fiscal ha dicho que no duda de que eran «aportaciones voluntarias», aunque ha señalado que «hay pruebas que llevan a descartar la espontaneidad de las mismas». Del mismo modo, se ha referido a distintos tipos de convenios investigados, como los de planeamiento y los de gestión para la monetarización de aprovechamientos urbanísticos. Sostiene la «manipulación» que hubo, basándose en los peritos que hablan de infravaloración de los mismos.

El fiscal ha defendido la investigación realizada, aunque ha señalado la «dificultad» para realizarla, y también la denuncia presentada por los exediles David Valadez, que tras estallar el caso fue elegido alcalde de Estepona, y Cristina Rodríguez. «No tenían nada que ganar y mucho que perder«, ha reseñado la Fiscalía, aseverando que fue una denuncia con »información coherente« y refrendada por documentación.

Al respecto, ha asegurado que en la denuncia se hablaba «de prácticas alarmantes« y situaciones que »quiero pensar que ahora serían impensables, pero que entonces muchos toleraban«.

Sobre el comisario jubilado José Manuel Villarejo ha afirmado que declaró como testigo en el juicio y que ha quedado claro que no tuvo nada que ver con la denuncia inicial. «No la forzó», ha insistido. «Nunca tuvo una posición relevante» ha añadido, sin perjuicio de que vio opciones de negocio aprovechando información que obtenía por su posición en la Policía Nacional.