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La justicia investigará los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud

Un juzgado de Sevilla admite a trámite la denuncia presentada por el PSOE-A contra el Gobierno de la Junta de Andalucía por supuesta malversación y prevaricación en la adjudicación de en torno a 300 millones

La consejera de Salud defiende la legalidad de los contratos de emergencia del SAS

La Junta de Andalucía defiende la legalidad de su contratación de emergencia sanitaria en pandemia

Fachada de la Audiencia Provincial de Sevilla abc

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Los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS), a los juzgados. El juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla ha admitido a trámite la denuncia presentada por el PSOE-A el 20 de junio contra el Gobierno de la Junta de Andalucía por «presunta malversación y prevaricación« en la adjudicación de en torno a 300 millones de euros mediante contratos de emergencia sanitaria realizados por el procedimiento excepcional aprobado para la pandemia de Covid-19 y que, según los socialistas, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) siguió utilizando hasta 2023, «dos años después de su derogación legal».

Según informa el PSOE-A, la admisión a trámite de esta denuncia conlleva la apertura de diligencias sobre los contratos de emergencia realizados por el SAS en el marco del procedimiento 110/21 desde 2021 hasta 2023, utilizando un procedimiento de emergencia «sin publicidad, ni control, ni concurrencia y basándose en una normativa derogada«.

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha valorado la admisión a trámite de esta denuncia «por abuso en la contratación de emergencia por parte de la Consejería de Salud durante dos años desde la finalización de la pandemia mediante adjudicaciones a dedo, adjudicaciones sin concurso de recursos públicos a la sanidad privada«.

En declaraciones difundidas por el PSOE-A, Espadas ha destacado que «en el momento en el que el deterioro de la sanidad pública es más grave y claramente denunciado por pacientes y profesionales sanitarios, se confirma que efectivamente los tribunales de justicia van a investigar qué es lo que ha pasado desde 2021 a 2023 en los que la Consejería de Salud del Gobierno de Moreno Bonilla se ha saltado todas las normas de contratación pública y en definitiva ha derivado recursos públicos a la sanidad privada cuando lo que han crecido son las listas de espera y sin duda el deterioro de la propia sanidad pública«.

«A partir de ahora lo que intentamos que fuesen explicaciones e información en vía parlamentaria no nos ha quedado otra que trasladarlo a los tribunales de justicia y esperamos efectivamente que se depuren responsabilidades penales en su caso«, ha concluido el líder del PSOE-A.

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