La Junta destinará 28'5 millones de euros a un plan pionero que unifica Salud y Servicios Sociales

Este fue uno de los ejes que estructuraron la Comisión de Salud celebrada ayer en el Parlamento de Andalucía, en la que se abundó en detalles acerca de la I Estrategia Andaluza para la Coordinación Sociosanitaria, la que supondrá una atención a todos los niveles para pacientes o personas en convalecencia que también sean objeto de programas sociales.

Será algo similar a la histórica colaboración entre Consejerías detrás del Plan Integral del Alzheimer y Otras Demencias o del protocolo anti maltrato en personas mayores, y permitirá que aquellas personas que precisen cuidados especiales que no garantice su entorno familiar o sus posibilidades económicas puedan utilizar los recursos hospitalarios aunque ya estén dados de alta.

Concretamente cubrirá ocho objetivos estratégicos, seis líneas y 37 acciones. Por ejemplo, el evitar traslados o estancias innecesarias en hospitales; prevenir los reingresos; evitar situaciones de dependencia (o que estas empeoren) o reducir la potencial brecha de género existente en la intervención sociosanitaria de forma transversal.

El período de esta I Estrategia de Coordinación Sociosanitaria, que entronca con el Pacto Social y Económico por el Impulso de Andalucía que se firmó en marzo de 2023, abarca el presente 2024 y se extiende hasta 2027. Para garantizar los servicios se dotará con un presupuesto de 26 millones y medio de euros procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España (11,9 millones de euros); del propio SAS (11,4 millones) y de fondos Feder (3,2 millones).

Pese a que esta ampliación de la atención sanitaria y la promesa de consolidación de la plantilla dibujaron un panorama más amable en el sector a corto plazo, no fueron suficientes para contener la intensidad de una Comisión parlamentaria que enseguida tornó en debate respecto a los sueldos de los médicos andaluces.

Catalina García rectificó la cifra inicial de 97.888 euros ofrecida a los medios de comunicación como cuantía media anual de los facultativos. Ayer aseguró que el sueldo es de 78.000 euros que «varía cada mes» pues lo matizan los trienios, las guardias, la continuidad asistencial o el nivel de carrera profesional de cada persona.

El diputado popular Antonio Saldaña salió en defensa de la consejera y evocó la última etapa de gestión socialista en tanto que «podrán haberse producido malas interpretaciones o una confusión, por lo que pedimos disculpas, pero los médicos cobran ahora más».

La propia García, que reconoció que las condiciones laborales de los médicos «no son ni mucho menos suficientes», recordó que el gasto ha crecido de 4.900 millones de euros en 2018 a 6.400 en 2022. Es decir, un 31 por ciento más.

Además, contabilizó en 11 millones la financiación de las 240.000 horas de continuidad asistencial de 2023, concepto que en lo que va de año ha dejado 72.000 horas.

Los principales portavoces de la Oposición reclamaron a la Junta más explicaciones al respecto de este baile de cuantías monetarias en la retribución del personal.

Rafael Segovia, de Vox, consideró «fundamental, en aras a la transparencia, publicar uno a uno los salarios» de cada médico y reprochó que se hayan puesto sobre la mesa cantidades que parecen más abultadas por las guardias o la continuidad asistencial.

Desde el PSOE fueron aún más contundentes. La parlamentaria Ángeles Prieto deslizó que la Consejería trata de «manipular los salarios para ocultar su mala gestión».

La portavoz socialista, Ángeles Férriz, directamente calificó de «burda mentira» tanto la cifra inicial de más de 98.000 euros como la última versión de 78.000, «que tampoco es cierta». En ese sentido, aseguró que «ahora los médicos le exigen que les pague esa media que dice el PP que cobran. Es lamentable que hayan tenido que subir sus nóminas a las redes -sociales- para demostrarlo. En vez de cuidar a los médicos, Moreno Bonilla los insulta».

Durante la Comisión de Salud se abordaron otras cuestiones como el acuerdo sobre medicamentos genéricos con el Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos, el Programa Red Local de Acción en Salud, los beneficios de servicios de PET-TAC en hospitales andaluces o cuestiones más locales sobre infraestructuras hospitalarias en Almería o Granada.

Dentro del bloque de preguntas de los parlamentarios destacó la relativa a asignación de plazas MIR de la convocatoria 2023/2024, que sirvió a la consejera para recordar al Gobierno de Pedro Sánchez la revisión de criterios para las unidades de formación, que se traduciría a su juicio en un incremento de plazas.

Aunque no evadió el problema de que se hayan quedado sin cubrir 39 plazas de Medicina Familiar y Comunitaria, rebajó su impacto asegurando que es la «tónica nacional». Además, aseguró que en la última convocatoria el porcentaje de los MIR provenientes de otras comunidades ha sido del 27%, muy cercado al 28% del año anterior y a mucha distancia del 18% de 2018. «Más médicos se quedan en Andalucía y más médicos eligen Andalucía para formarse», concluyó.