La Junta de Andalucía puede pedir que se anule la revisión del TC como perjudicada por el fraude de los ERE

Llegados a este punto, con todas las sentencias dictadas y los amparos parciales concedidos también a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, la Junta de Andalucía puede explorar una vía judicial para evitar o, al menos, intentar que sus peores temores se cumplan.

La Administración autonómica, a través del Gabinete Jurídico, tiene la opción de personarse ante la Audiencia de Sevilla como perjudicada por el fraude en la pieza política de esta macrocausa de corrupción. Una vez personada, puede solicitar al tribunal sentenciador que, antes de emitir una nueva resolución, eleve una consulta o cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que aclare si el Constitucional ha invadido competencias del Tribunal Supremo y la Audiencia en sus sentencias, según diversos juristas consultados por ABC.

A través de que los magistrados que redactarán las resoluciones definitivas, incluso podría plantear un incidente de nulidad porque el TC no ha dado traslado de sus decisiones a la Junta de Andalucía como parte perjudicada por el desvío masivo de fondos públicos, a diferencia de la Audiencia de Sevilla. El órgano sentenciador sí le pidió informes sobre las peticiones de indulto formuladas por los condenados.

Según las citadas fuentes jurídicas, la Junta puede invocar que actúa en defensa del interés general de los 8,5 millones de andaluces que resultaron perjudicados por el reparto de casi 680 millones de euros de manera «libérrima y arbitraria» entre empresas, entidades y particulares durante una década. «La Junta puede alegar que el TC, al descartar la malversación, daña sus intereses económicos al poner en riesgo la recuperación de los fondos públicos defraudados, y que este órgano se ha excedido en sus funciones» al reinterpretar tipos penales y cuestionar pruebas en favor de los condenados, según explica uno de los juristas consultados.

El Gabinete Jurídico de la Junta por ahora no ha movido ficha. ABC consultó este jueves a la Consejería de la Presidencia, de la que depende este servicio, pero no ha obtenido respuesta.

Los precedentes pesan en su contra. En la etapa de Gobierno socialista, los letrados autonómicos secundaron, desde su criterio jurídico, la estrategia del Ejecutivo para montar un cortafuegos que protegiera a los expresidentes Chaves y Griñán. En el escrito remitido al juez que procesó a ambos, los letrados autonómicos María Victoria Gálvez e Ignacio Carrasco pidieron que ni siquiera se celebrara el juicio contra la antigua cúpula autonómica al no apreciar delito alguno. Alegaron que no hay «trama criminal» ni «existe prueba alguna» de que los expresidentes y otros 24 acusados tuvieran conocimiento «de la ilicitud penal, ni siquiera administrativa, en la concesión de ayudas y subvenciones».

La Administración andaluza, como parte perjudicada por el presunto saqueo de los ERE, era la única que estaba legitimada para pedir las responsabilidades civiles en el proceso. Como renunció expresamente a las fianzas para restablecer el daño económico al no formular ninguna acusación, se archivaron todas las piezas de responsabilidad civil. A día de hoy, no ha ejercitado las acciones civiles que se había reservado expresamente antes del juicio contra los ex altos cargos. En su lugar, ha optado por reclamar el dinero en otras piezas separadas del caso ERE donde reclama 135 millones de euros y a través del Tribunal de Cuentas. Hasta el pasado mes de junio, la Junta había recuperado sólo 27 millones de euros.

La Administración podría hacer valer su condición de perjudicada para reclamar las cantidades defraudadas a los condenados. El relato de hechos probados de la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla no ha sido anulado por el TC. La resolución cifró en 680 millones de euros la suma total de dinero público distribuido en la década mediante un sistema de ayudas que eliminó controles para eludir la Ley General de Subvenciones.

La malversación se produjo, según el Supremo, porque se dispuso «de esos caudales como si fueran propios, de forma libre y arbitraria, al margen de todo control y de cualquier criterio mínimamente reglado» y atendiendo a «intereses políticos».