La Junta de Andalucía propone al Gobierno central un acuerdo para desarrollar un plan integral para el Campo de Gibraltar

La medida rescata el espíritu de la propuesta lanzada en 2018 por la entonces presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, al entonces ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que desembocó en un marco de colaboración entre ambas instituciones que se cerró ya después de la moción de censura con Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Este acuerdo incorporó entre otras medidas la creación de la unidad especializada Ocón, que fue disuelta finalmente en 2022.

Fue el consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, quien compareció ante el Parlamento y en un salón de plenos con presencia de instituciones como el Ayuntamiento de Barbate y los principales sindicatos y agrupaciones profesionales de cuerpos y fuerzas de seguridad. En esta ocasión no pidió la dimisión del ministro del Interior, sino que trasladó una propuesta de acuerdo que incluye retome elementos de la «vía Doñana».

La propuesta de Antonio Sanz incorporaba medidas concretas. En primer lugar un plan integral «que ofrezca soluciones globales a un problema que tiene que ver con el empleo, con las actuaciones sociales, con la situación económica«.

En segundo lugar, Sanz pidió la declaración del Campo de Gibraltar, y de toda la provincia de Cádiz como zona de especial singularidad en materia de seguridad, una medida que permitiría una mejor dotación de recursos y de personal para garantizar la seguridad.

Como tercera medida, Antonio Sanz solicitó un refuerzo de los recursos de embarcaciones para la Guardia Civil en el Estrecho y específicamente la recuperación de la unidad especializada disuelta en 2022 para trabajar de forma más contundente contra el narcotráfico.

También pidió Sanz, que se apruebe la consideración de profesión de riesgo de policías y guardias civiles y que en el Puerto de Barbate se alcance un acuerdo para que se instale una base marítima de la Guardia Civil y una base de vigilancia aduanera para dotarlo de garantías de seguridad y que «no sea refugio de narcotraficantes».

Por último, en el ámbito judicial, la Junta de Andalucía, como ya hizo el PP a nivel nacional solicita que la Audiencia Nacional asuma los delitos de narcotráfico, una medida que se añade a la petición trasladada esta semana por el consejero de Justicia para crear un juzgado especial en el Campo de Gibraltar para el narcotráfico.

En toda esta batería de medidas, el consejero no hizo referencia a medidas que sean competencia autonómica, sino que se refirió específicamente de acuerdo con el planteamiento expresado en las últimas semanas por el Gobierno autonómico, a actuaciones que son competencia estatal. En cualquier caso, la propuesta de Sanz parte de un marco de diálogo y acuerdo con implicación de las dos administraciones, así como de los ayuntamientos de la zona.