La Junta de Andalucía ofrece protección a los funcionarios que alerten sobre prácticas corruptas

El canal interno de denuncia está funcionando desde el 13 de junio de 2023. Su creación viene motivada por la directiva europea de filtradores (whistleblowers, en inglés), que obliga a toda la Administración pública y a las empresas de más de 50 trabajadores a disponer de una plataforma segura para facilitar que el informante esté protegido en todo momento.

Con la citada norma andaluza, que se encuentra en la recta final de su tramitación, la consejería que dirige José Antonio Nieto regula la organización y funcionamiento del canal interno de denuncia en la Administración autonómica y las entidades instrumentales que integran el conglomerado del sector público andaluz. Incorpora así un arma nueva para combatir la corrupción a través del enlace https://canaldedenuncias.junta-andalucia.es/. Este canal se suma a la Oficina Andaluza Antifraude, el órgano de extracción parlamentaria creado en 2021 al que se remitirán las filtraciones que excedan el ámbito de la Administración.

Las denuncias de presuntas irregularidades que pongan en riesgo los fondos públicos se pueden presentar por escrito o verbalmente a través de cinco medio diferentes: buzón electrónico, dirección de correo postal, comparecencia personal, llamada telefónica y sistema de mensajería de voz.

El canal interno de información facilita que las alertas se registren de manera anónima y que las comunicaciones de los órganos competentes de investigarlas preserven también el sigilo.

El artículo 4 del proyecto de decreto, que ya cuenta con el informe favorable del Gabinete Jurídico de la Junta, establece que el sistema cumplirá los requisitos previstos en la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y lucha contra la corrupción.

Para salvaguardar al denunciante ante posibles represalias, la Junta «garantizará la confidencialidad y seguridad de la información, la reserva de la identidad del informante, de cualquier tercero mencionado en la comunicación y de las actuaciones que se desarrollen en la gestión y tramitación de ésta, así como el cumplimiento de la legislación vigente en materia de protección de datos personales», según detalla el documento. El incumplimiento de la obligación de disponer de este canal está considerado una infracción muy grave.

El borrador del decreto se halla en la fase final de consulta pública. Solo resta el dictamen del Consultivo antes de la aprobación por el Consejo de Gobierno y su entrada en vigor al día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

¿Quién se encargará de investigar las denuncias? La norma prevé que cada secretaría general de las consejerías designe, en su respectivo ámbito, a una «persona interlocutora», que será seleccionada entre los funcionarios de carrera adscritos al grupo A y subgrupo A1. Su función es facilitar la comunicación entre el denominado «responsable del sistema» y el órgano afectado por la denuncia, sin que ello implique el acceso al canal, para evitar así fugas de información.

Al frente de la coordinación del canal se situará un responsable nombrado por el Consejo de Gobierno andaluz, un jefe de servicio perteneciente al cuerpo de funcionarios del nivel más alto de la Administración y con más de diez años de antigüedad. Tendrá el cometido de coordinar las investigaciones en marcha y asegurar el anonimato de las denuncias que se formulen.

Cuando un empleado público informe de una supuesta infracción, ésta queda anotada en un libro-registro de informaciones e investigaciones internas y se le asigna un código de identificación. El responsable del sistema «comprobará que los hechos o conductas comunicadas se encuentran dentro del ámbito» de acción de la Junta y resolverá si lo admite o no en «un plazo no superior a diez días hábiles desde la fecha de entrada de la información».

Su respuesta puede ser negativa, lo que implica el archivo automático de la denuncia por distintos motivos: que los hechos sean inverosímiles o carezcan de fundamento, que no incurran en ninguna infracción del ordenamiento jurídico en el ámbito de aplicación del sistema y que «existan indicios racionales de la obtención de la información mediante la comisión de un delito». En tal caso, el filtrador puede acabar denunciado ante la Fiscalía, según especifica el borrador.

Si la denuncia es admitida a trámite, se remite de inmediato al Ministerio Fiscal cuando los hechos pudieran ser delictivos, o a la Fiscalía Europea si afectan a los intereses financieros de la UE. De lo contrario, se remite la comunicación a la autoridad u organismo competente para indagar los hechos y el responsable del sistema podrá solicitar información adicional al informante para recabar pruebas y hacer una entrevista al denunciado.

El proceso finalizará con la emisión de un informe antes de tres meses que recogerá un relato de los hechos denunciados, las pesquisas realizadas para comprobarlos y las conclusiones alcanzadas tras la instrucción y la valoración de los indicios que las sustentan. La norma contempla prorrogar tres meses más la investigación en los asuntos que entrañen más complejidad.