La Junta rectifica el decreto de simplificación para excluir cultivos de Doñana tras el acuerdo con el Gobierno de España
La redacción del artículo del reglamento de Montes se modificará con efectos retroactivos desde el 17 de febrero para evitar que nadie se pueda acoger a él
La Junta de Andalucía ofrece al Ministerio revisar el artículo del decreto de simplificación que ha dejado en suspenso el pacto de Doñana
El Gobierno de España y la Junta de Andalucía han alcanzado un acuerdo 'in extremis' justo antes de la validación del decreto de simplificación en el Parlamento autonómico y un día antes de la visita de la vicepresidenta del Gobierno de España a San Telmo para reunirse con el presidente andaluz, Juanma Moreno. El polémico artículo 244 del decreto de simplificación se revisará la próxima semana, con efectos desde el mismo día en el que entró en vigor (el pasado 17 de febrero) y se incluirá una nueva redacción que explícitamente deja fuera a todos los suelos forestales de la Corona Norte de Doñana que se vieron afectados por el plan de la fresa, y que son a quienes iba dirigida la proposición de ley de ampliación de regadíos de Doñana que quedó en suspenso tras el pacto entre la Junta y el Ejecutivo central. También quedarán excluidos los suelos de la Vega de Granada.
La nueva redacción acordada modifica así el párrafo que se introduce en el reglamento de Montes de Andalucía, que va más allá de una adecuación a la legislación estatal, dado que incorpora un carácter retroactivo, del que se podrían beneficiar cultivos de la corona norte de Doñana o de La Vega de Triana. Concretamente, el artículo permite que superficies sobre las que se hubieran implantado plantaciones de especies forestales de turno corto en régimen intensivo, como chopos o eucaliptos, puedan volver a tener un uso agrícola. Esa posibilidad la abre la nueva legislación estatal a la que se adapta Andalucía, pero en la redacción incorporada en el decreto incorporaba una posibilidad de retroactividad que ha provocado malestar del Ministerio de Transición Ecológica y que fue denunciada por el PSOE. Con la redacción que tenía afectaba a suelos que se quedaron fuera del plan de la fresa. No existe un cálculo sobre la dimensión exacta aunque desde el Gobierno andaluz inciden en que serían 40 hectáreas de la Corona Norte de Doñana y otras 30 más en la Vega de Triana. Ninguno de estos suelos podrá ya acogerse al decreto.
En la nueva redacción se excluye de la posibilidad de recuperación del uso agrícola aquellas superficies anteriores a la entrada en vigor del decreto (esta era la puerta clave que abría la anterior redacción), superficies que se encuentren en montes públicos, en aquellos catalogados como de utilidad pública o en cualquier clase de suelo catalogado de utilidad pública. Todo ello, con un carácter retroactivo para evitar que ningún empresario pudiera reclamar derechos adquiridos. Según el PSOE ya había algunos casos. Según el Gobierno andaluz, nadie lo había solicitado hasta el momento.
Con este acuerdo, que se tendrá que trasladar a un decreto el próximo martes en el Consejo de Gobierno, se pone fin a un conflicto que ha sacudido el acuerdo de Doñana y que se desató el pasado lunes. Fue entonces, cuando el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, denunció que entre las decenas de leyes, órdenes y reglamentos que se modificaban con el decreto de simplificación se incluía una revisión del reglamento andaluz de Montes con incidencia en los suelos de la Corona Norte de Doñana, del que el Gobierno autonómico no había informado públicamente. A reacción de esta denuncia, el Ministerio de Transición Ecológica dio por suspendido el pacto de Doñana y canceló una reunión prevista con los municipios del entorno para analizar el reparto de la línea de ayudas.
El Gobierno andaluz negó en primer lugar que fuera una medida que afectara específicamente a Doñana y subrayó que se trataba de una trasposición de una ley estatal que, según la Junta, había sido acordada previamente con el Ministerio. No obstante, ante la airada reacción del Gobierno, anunció de forma inmediata su disposición a cambiar el articulado y llegar a un acuerdo con el Gobierno. Ese mismo día se produjo una conversación entre la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el presidente andaluz, Juanma Moreno.
El miércoles a mediodía, representantes de las consejerías implicadas y del Ministerio mantuvieron una reunión de "trabajo cordial y rápida" en la que se formalizó el acuerdo entre las dos partes: aprobar un nuevo decreto que rectificara el contenido y que entrara en vigor con efectos retroactivos para evitar que ningún agricultor pudiera haber generado algún derecho.
Para el Gobierno andaluz, el diálogo abierto y la rectificación son un "ejemplo" de la voluntad de consenso de la administración. Según el relato de la Junta de Andalucía, esta medida se introdujo en el decreto de simplificación al entender que suponía un desarrollo del pacto de Doñana y que estaba consensuado. Una vez que se comprobó que no había acuerdo y que los efectos de la medida no eran compartidos por las dos administraciones implicadas, la Junta de Andalucía dio marcha atrás.
Para el PSOE-A, sin embargo, ha sido una "rectificación forzada" tras haber sido descubiertos en una medida que se pretendía aprobar "sin transparencia". "Hemos conseguido evitar por segunda vez que el PP abra la puerta a una nueva amenaza a Doñana. Han tenido que aceptar modificar unos artículos que querían colar para recalificar suelos forestales a agrícolas en Doñana".
Pese a todo este debate, el decreto de simplificación fue validado por el Parlamento andaluz con el voto a favor del PP y el de Vox, y con el rechazo de los otros tres grupos de la oposición, PSOE, la coalición Por Andalucía y Adelante Andalucía. Los tres partidos forzaron primero una votación para pedir la retirada del documento y su tramitación como un proyecto de ley (lo que permitiría presentar alegaciones y un proceso de debate institucional) y han anunciado medidas judiciales. El PSOE ya ha advertido que elevará el documento al Tribunal Constitucional por no estar debidamente justificada su urgencia y extraordinaria necesidad y por faltar algunos informes que consideran preceptivos en determinadas partes del articulado como el del Consejo de Gobiernos Locales. Desde el Gobierno andaluz restaron cualquier importancia a estas denuncias y subrayaron la legalidad del decreto y la respuesta que en la memoria final se ofrece a los informes jurídicos que pedían una mayor explicación de la urgente necesidad del decreto.
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