La Junta de Andalucía esgrime su Estatuto para exigir estar en la negociación de Gibraltar

El malestar por la exclusión de la Junta y la falta de información a los municipios del Campo de Gibraltar se ha venido acrecentando durante las últimas semanas desde que en abril se produjo la primera reunión de alto nivel en Bruselas con presencia de la Comisión Europea, el Reino Unido, el Gobierno de España y Gibraltar. Desde ese momento, el Gobierno autonómico viene reclamando sin éxito estar presente en esta negociación. La llamada entre el ministro Albares y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la reunión convocada el lunes en Madrid entre el Ministerio, la administración autonómica y los municipios parecían haber rebajado la tensión. Pero no ha sido así.

«Es un despropósito, un disparate, un sin sentido y una deslealtad que no se invite a la Junta de Andalucía a participar en las decisiones. En la reunión no se dieron detalles, sólo se explicaron cuestiones superficiales. Se dijo realmente menos de lo que se contó a los medios de comunicación. Hemos ofrecido lealtad, responsabilidad y discreción y nos han respondido así», afirmó el consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, quien a continuación puso sobre la mesa el Estatuto para incorporar un argumento legal en esta confrontación con el Gobierno de España. «Solicitamos que reconsidere la posición, pero debemos evitar vías de conflicto, demasiados temas tiene ya la Justicia y más en en una cuestión política como esta porque tanto el presidente como este consejero hemos expresado que la posición de la Junta de Andalucía. Ofrecemos lealtad, discreción y responsabilidad y de ahí no nos vamos a mover», afirmó al ser preguntado sobre si ejecutaría alguna medida legal con base en el Estatuto de autonomía.

La petición de la Junta de Andalucía fue desatendida en la reunión celebrada en Madrid. El ministro Albares, en sus distintas intervenciones públicas, dejó claro que la política exterior debe ser definida por el Estado y que puede haber comunicación con una comunidad pero que «nunca va a estar en una delegación internacional». Y menos aún en este caso en el que es la Comisión Europea la que negocia con presencia del Ministerio.

Andalucía señala con malestar que Gibraltar sí está presente. Pero el ministro tiene claro que la situación no es comparable como dejó claro en su entrevista en Canal Sur: «La situación de Gibraltar no es comparable. Andalucía no es un territorio por descolonizar sino parte del territorio español. La Junta y los alcaldes están representadas por el Ministerio».

Más allá de las formas, las discrepancias de la Junta de Andalucía se aprecian también en el fondo. El Gobierno autonómico incide en que quiere «un acuerdo pero no cualquier acuerdo» y en la reunión en Madrid puso encima de la mesa dos iniciativas que, según Sanz, han sido desatendidas.

La primera es la configuración de un régimen fiscal propio para el Campo de Gibraltar como el que hay en Ceuta o Melilla para evitar los desequilibrios que se producirán una vez que se permite la libre circulación de personas y mercancías en Gibraltar. La base de esta medida es que no hay igualdad de condiciones entre el régimen fiscal del peñón y el que tiene por ejemplo el Puerto de Algeciras.

Esta medida no está exenta de polémica y de problemas de aplicación (por ejemplo, cuál es el límite territorial de este modelo fiscal). Y de hecho, ayer ya se encontró con su primer rechazo formal a través de la ciudad autónoma de Ceuta. «Vamos a estar atentos. Nuestro Régimen Económico y Fiscal (REF) especial es una de nuestras principales ventajas y ya cuenta con el beneplácito tanto del Gobierno de España como de Europa y no por petición expresa, sino por condicionantes como la extrapeninsularidad. No tiene por qué suponer una competencia, pero habrá que ver qué medidas contempla y a qué aspectos afectaría para, a partir de ahí, estar atentos, a la expectativa», apuntó el portavoz del gobierno de Ceuta, Alejandro Ramírez, también del PP.

El segundo aspecto es la configuración de una mesa interadministrativa e institucional para trabajar de forma conjunta en el futuro del Campo de Gibraltar, una propuesta que también fue descartada por el Gobierno central, que, según Sanz, no ha aclarado aún ni cuándo se formalizará el acuerdo sobre Gibraltar ni si habrá otra reunión antes de que esto ocurra con Andalucía. De momento, ha habido dos, una en mayo de 2022 y otra en noviembre de 2023. Esta mesa debería servir también para evaluar el nivel de cumplimiento del plan de medidas para el campo de Gibraltar anunciado por la Junta de Andalucía tras aprobarse el Bréxit en el referéndum. El Gobierno andaluz señala que el nivel de ejecución de este plan está por encima del 70%.

No obstante, la mayor parte de los detalles del acuerdo aún no han trascendido. Se ha hecho pública la supresión de la verja para la libre circulación de personas y mercancías, el régimen compartido del aeropuerto con la recuperación de vuelos nacionales, un plan dirigido a garantizar los derechos de los trabajadores, un sistema de regulación de la entrada y salida de soldados del aeropuerto y el puerto o un sistema de control, aún no definido, de las fronteras. Todo ello, de momento, sin demasiado detalle.

El resto debe resolverse en los próximos días. De hecho, el ministro de Exteriores de Reino Unido, David Cameron, y el vicepresidente de la Comisión Europea encargado de negociar con los británicos tras el Brexit, Maros Sefcovic, están citados este jueves este jueves en Bruselas y sobre la mesa, entre otras cuestiones, está el futuro de la colonia.

En el Congreso, además, hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene previsto comparecer para avanzar nuevos detalles del inminente acuerdo sobre Gibraltar entre la Comisión Europea y Reino Unido. Desde esta Cámara Alta, el diputado socialista y alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix defendió una proposición no de ley para pedir una declaración unánime de apoyo al acuerdo con Gibraltar.