Juanma Moreno se distancia de gobiernos autonómicos de PP-Vox y promueve su primer plan de memoria histórica

La Ley andaluza de memoria histórica de 2007, en cualquier caso, se mantiene, y además se pretende aprobar un compromiso de desarrollo, aunque no en los mismos términos que en el anterior plan. La Consejería de Turismo, Cultura y Deporte programa en su plan una inversión de cinco millones de euros en memoria histórica hasta 2027, lo que supone prácticamente la mitad que la planificada en el marco 2018-2022 que fue aprobada en la última legislatura socialista.

Se mantienen, no obstante, en el documento la mayor parte de los programas y el compromiso de que se desarrollen iniciativas que cumplan con los principios de «verdad, justicia y reparación« y se destaca la activa política que se ha llevado a cabo en los últimos años en Andalucía que ha estado »a la vanguardia« de España. El texto respeta así los planteamientos recogidos en la Ley de 2007.

En su primer Plan, el Gobierno de Juanma Moreno anuncia una inversión de 870.000 euros en los próximos años para continuar con los acuerdos con otras administraciones para la exhumación de fosas que se distribuyen por Andalucía y la recuperación de los cuerpos. Esta cifra, no obstante, es la mitad de la que se incluyó en el anterior plan de memoria de 2017. Éste ha permitido, por ejemplo, que la Junta participe en la exhumación de la fosa de Pico Reja, del cementerio de Sevilla, junto al Gobierno de España, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento.

En este sentido, la Junta de Andalucía asume el compromiso de continuar en los trabajos de identificación de los restos, como se planteó ya en el primer plan en colaboración con las universidades públicas andaluzas. Por este motivo, se prorrogará el convenio con la Universidad de Granada para la recuperación e identificación de las víctimas de la guerra civil española y para el mantenimiento del Banco de Datos de ADN de restos óseos desde el que se están gestionando todos los informes que van llegando desde las distintas fosas. La Junta destinará a este objetivo 2,9 millones de euros en los próximos años.

Para completar este proceso, la Junta de Andalucía planifica en su nuevo plan la creación de un censo de víctimas andaluzas que permita «continuar el proceso de reconocimiento institucional de las víctimas de la guerra civil y la posguerra«. En ese censo se debe recoger información sobre las circunstancias de fallecimiento o desaparición de cada persona, el lugar o la fecha aproximada en el que ocurrieron los hechos.

Junto a esto, en cumplimiento de la Ley de memoria histórica de Andalucía, que data de 2017, el Gobierno autonómico compromete para este periodo la creación de un Instituto de la Memoria Democrática de Andalucía como «servicio administrativo con gestión diferenciada dependiente de la Consejería y que tenga como función el estudio, investigación e impulso de las políticas de recuperación de la memoria democrática».

El plan destaca el trabajo realizado durante los últimos años por las asociaciones memorialistas y se compromete a mantener líneas de interlocución y trabajo permanente con los colectivos. De hecho, serán ellos quienes tendrán ahora que evaluar el borrador presentado por la Consejería que arranca su proceso de participación.

No obstante, la elaboración de este primer borrador de plan no supone que las asociaciones memorialistas hagan un balance positivo de la gestión del Gobierno andaluz. Todo lo contrario. El portavoz de la federación andaluza de memoria histórica, Antonio Manuel Mateos, lamenta que este documento se vaya a impulsar sin haber ejecutado el primero y advierte de una "falta de compromiso real" del Gobierno autonómico.

"El texto que han promovido traslada lo que preveía la Ley de 2007. El problema es que luego no se ejecuta como ha ocurrido con el anterior plan los últimos cinco años. Vuelve a ser una tomadura de pelo a las familias, a las víctimas y al movimiento memorialista. Hay una absoluta falta de voluntad política y de diálogo. No derogan la ley pero no la ejecutan", explica Antonio Manuel Mateos.

El portavoz de la coordinadora basa su crítica en algunos ejemplos: "No nos han recibido en cinco años, no ha habido homenajes institucionales a víctimas, no hay nuevos lugares de memoria, no se ha avanzado en la adaptación de los contenidos curriculares y se han cerrado las oficinas de atención a las víctimas de las provincias. No nos podemos creer nada".