TOMA DE DECLARACIÓN
Imputan a la adjunta al Defensor del Pueblo Andaluz por presunta falsedad documental
Los hechos se remontan a la época en la que, María Juana Pérez, actual adjunta del Defensor del Pueblo andaluz, era alcaldesa socialista de la localidad jienense de Peal de Becerro
Imputan a la adjunta al Defensor del Pueblo Andaluz por presunta falsedad documental
En el año 2010 el ayuntamiento pealeño decide contratar a una empresa para que instale el equipo necesario para mejorar la señal de la televisión digita l (TDT) que en esos momentos era muy deficiente. De ello se encarga la empresa de José Claudio Marín que, en su momento pasa la factura correspondiente al ayuntamiento de Peal. Llegado este punto hay un desacuerdo entre ambas partes que deriva en un contencioso administrativo por el que la empresa le reclama el abono de 32.000 al municipio.
Sin embargo, el denunciante al acudir al juzgado para dirimir esta reclamación, que fue finalmente desestimada, observa con sorpresa como en el expediente se han incorporado dos documentos que él asegura no haber firmado nunca. Se trataba del boletín de instalación del transmisor digital y el certificado final de obra. Documentos imprescindibles para poner en marcha los equipos y hacer llegar la señal de la TDT a la localidad con la calidad suficiente para poder sintonizar las televisiones. Notablemente sorprendido por la inclusión de estos dos documentos, José Claudio Marín, decide entonces interponer una denuncia por «falsedad documental» contra la alcaldesa socialista, María Juana Pérez (actual adjunta del Defensor del Pueblo Andaluz) y contra el secretario del ayuntamiento.
Los denunciados fueron llamados a declarar ayer, en calidad de imputados, en el Juzgado de Instrucción nº 1 de Jaén. Las dos partes se ratificaron en sus posturas iniciales: el denunciante aseguró que las firmas que aparecían en estos documentos no son suyas, que son papeles, presuntamente falsos, que se aportaron al expediente y que por lo tanto podrían cambiar la decisión del juzgado de lo contencioso administrativo y seguir reclamando el pago de los 32.000 euros que aún siguen pendientes de cobro.
El empresario denunciante confía en que su denuncia siga adelante en los juzgados tras la toma de declaraciones de ayer y pueda resarcirse de los perjuicios que este asunto le ha ocasionado desde que se inició en 2010 . De hecho relató que tuvo que litigar también con el ayuntamiento de Cazorla por discrepancias sobre la instalación de otro centro emisor digital para mejorar la señal de la TDT, aunque en esta ocasión pudo llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes. Pero que, en cualquier caso ha ido viendo como mermaban, e incluso se anulaban, el número de encargos y contratos para su empresa a raíz de todo esto.
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