corrupción
La Intervención confirma el «uso fraudulento de fondos públicos» por el cuñado de la exdirectora de la Guardia Civil
Bienvenido Martínez fue contratado para asesorar a empresas en la etapa del PSOE pero «no consta» que lo hiciera; los peritos judiciales sospechan que imputó facturas falsas de un Centro de Negocios que costó 1,7 millones a la Junta de Andalucía
El cuñado de María Gámez se puso un chófer que no le correspondía a costa de la Junta de Andalucía
![El juez instructor del caso, José Ignacio Vilaplana, llegando a los juzgados de Sevilla](https://s3.abcstatics.com/abc/www/multimedia/espana/2023/09/20/juez-vilaplana-ROMqNpkWYsYvO2TuVZ2dlJP-1200x840@abc.jpg)
Hubo un uso «fraudulento» y «absolutamente ineficiente» de los fondos públicos. Es la conclusión rotunda a la que llegan los 143 folios del informe que dos interventores de la Junta de Andalucía han remitido al Juzgado que investiga la contratación irregular de la ... consultora administrada por Bienvenido Martínez Martínez por parte del Gobierno socialista, a la que encargó la gestión de un Centro de Negocios de Andalucía en Madrid que funcionó entre los años 2009 y 2011.
El juez de refuerzo de Instrucción 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, aprecia supuestos delitos de prevaricación, malversación y blanqueo de capitales en la actuación de Bienvenido Martínez y de dos de sus hermanos, Manuel y Juan Carlos Martínez. Éste último es el marido de María Gámez, a la que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, calificó como «la mejor directora» que ha tenido la Guardia Civil en sus 178 años de historia tras dimitir el 22 de marzo pasado. La renuncia coincidió con la imputación de su esposo por haber recibido de manera indirecta fondos de la Administración andaluza a través de una sociedad dedicada al asesoramiento empresarial.
En un informe del 24 de julio pasado, al que ABC ha tenido acceso, los peritos designados por el instructor del caso para analizar la operación ponen en duda incluso que Experience Management Group (EMG) SL, la sociedad del cuñado de la exresponsable del Instituto Armado contratada por el Ejecutivo socialista, realizara los servicios encargados, que consistían en el alquiler de espacios para empresas andaluzas, el apoyo técnico a sus planes de negocio y la búsqueda de inversores en Madrid.
Un Centro de Negocios sin actividad
De las indagaciones realizadas por los funcionarios expertos en control financiero se deduce que la Junta de Andalucía puso en marcha un Centro de Negocios en la capital de España para nada y con un elevado coste para las arcas públicas. Los gastos que ocasionó este servicio a la entidad pública Fomento, Asistencia y Gestión Integral de Andalucía SLU (Fagia), dependiente de la agencia autonómica IDEA, ascendieron a 1.681.100 euros entre 2008 y 2011. «No consta la prestación efectiva de los servicios contratados», revelan los interventores.
La propia agencia IDEA –la que pagaba las ayudas irregulares de los ERE– reconoció en un escrito enviado al juez hace un año que «no se presentaron solicitudes de servicio de asesoramiento a empresas» durante la etapa que el cuñado de María Gámez se ocupó de gestionar el citado centro. Todo ello «se traduce en un uso absolutamente ineficiente de los fondos públicos», advierten los peritos.
La actividad desarrollada fue «claramente deficitaria», puesto que los gastos duplicaban a los ingresos captados mediante el asesoramiento a empresas.
Los interventores no han encontrado facturas que acrediten los servicios contratados por la Junta
La investigación de la presunta red corrupta de desvío de fondos públicos apunta a que la consultora de Bienvenido Martínez emitió supuestas facturas falsas, que imputó a las arcas autonómicas sin detallar el servicio se había prestado, qué producto había vendido o cuál era el importe real. En todas las facturas de EMG figura el concepto genérico «honorarios por servicios de asesoramiento», sin que existan documentos acreditativos. «No hay copias, no hay albaranes, no hay documentos de entrega ni información desglosada, ni detalle de las empresas asesoradas». Nada de nada.
Los peritos sostienen que Fagia (la Junta) incumplió la normativa civil al abonar facturas «sin que conste» que el cuñado de Gámez prestara los servicios contratados. Los pagos se convierten «en entregas de dinero público sin contraprestación», lo que implicaría «el uso fraudulento de fondos públicos», concluyen.
El informe que está sobre la mesa del juez destapa otras graves irregularidades. El Gobierno andaluz contrató «en fraude de ley» a EMG, constituida solo dos meses antes de que fuera invitada a participar en el proceso selectivo.
Documentos sin datar
Los documentos que presentó carecen de fecha y la plantilla de la empresa se reducía a una única persona que, según Fagia, «tenía la solvencia técnica suficiente para la multiplicidad de tareas exigidas en el pliego», destacan los interventores.
El cuñado de Gámez había sido director general de Inversiones de la agencia IDEA, empresa matriz de Fagia, hasta el «día inmediato anterior a la fecha de la firma del contrato», el 31 de octubre de 2009.
El informe destaca que Bienvenido Martínez recibió el contrato al día siguiente de cesar como directivo de la Junta
Desde su puesto, según reveló la Policía Nacional, controlaba el funcionamiento de los entes instrumentales de IDEA, entre ellos la empresa pública que terminó contratando sus servicios «prescindiendo total y absolutamente del procedimiento administrativo establecido».
Bienvenido Martínez fue, además, presidente de la empresa automovilística Santana y mientras ocupaba dicho cargo contrató a su propia consultora, que facturó más de 330.000 euros a esta fábrica cuando estaba en quiebra.
Un entramado societario «delictivo»
En esta causa, que surge de la macrocausa de corrupción de Santana Motor, el juez trata de averiguar si los hermanos Martínez se lucraron desviando el dinero público destinado a empresas andaluzas. La Policía sospecha que los familiares de Gámez crearon un «posible entramado delictivo» con el objetivo de ocultar el origen de los «importantes ingresos» (unos 1,36 millones de euros) que recibieron a través de sociedades como Santana Motor, Fasur SA y Laboratorios Farmacéuticos Rovi, según se desprende de un informe del Grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).
Las citadas mercantiles a su vez habían cobrado subvenciones millonarias por parte del Gobierno socialista a través de la agencia IDEA, donde uno de los miembros de la saga familiar había sido directivo.
El juez ha pedido a la Agencia Tributaria un informe para conocer si el dinero público terminó en las cuentas corrientes de tres consultoras: Job Management Liberty SL, creada el 12 de enero de 2012 por el marido de Gámez; la citada Experience Management Group SL, y Be Make Create SL, dirigida por el tercer hermano, Manuel.
Job Management Liberty SL ingresó 128.880 euros de Laboratorios Rovi y 21.789 de Isofotón, otra inversión ruinosa del Gobierno andaluz que cerró tras acaparar 43 millones de las arcas autonómicas.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete