El Gobierno español se lava las manos ante el relleno de tierra en Gibraltar

Sin embargo, el Gobierno asegura por escrito no tener conocimiento de cuál es la finalidad de la mercancía, a pesar de que en los últimos años se han tomado sobradas imágenes de montículos en la zona del Eastside, donde el promotor inmobiliario TNG Global Foundation está construyendo un macroproyecto residencial y de ocio.

Así consta en una comunicación oficial emitida por la Secretaria de Estado de Seguridad el 14 de agosto en respuesta a una petición de información formulada por el escritor y profesor universitario Guillermo Rocafort Pérez. Rocafort, que ha escrito más de 20 libros sobre temática histórica, jurídica y económica, se dirigió al Gobierno al amparo de la Ley de Transparencia señalando que «todos los días y a todas horas están cruzando la frontera de España con Gibraltar cientos de camiones con piedras y tierra desde canteras ilegales de España al objeto de cimentar sobre el mar español una nueva mega construcción ilegal de Gibraltar por la costa este de la Colonia».

En consecuencia, lanzaba una docena de preguntas acerca de los controles que ejecutaban las Fuerzas de Seguridad, las potenciales sanciones y si el Ministerio estaba al corriente y pensaba tomar medidas para frenarlos. El motivo último de la consulta tiene que ver con la titularidad de las aguas que se están rellenando para poder cimentar las construcciones, que nuestro país reconoce como suyas. «Se habla de una ocupación de mar español de 200.000 metros cuadrados», indica Rocafort en su procedimiento, cursado el 17 de julio.

La respuesta del Ministerio del Interior señala hasta en tres ocasiones que el movimiento de material de España a Gibraltar no supone ninguna infracción. Así, indica que en el Resguardo Fiscal, que controla «mediante levante aduanero» las exportaciones de mercancías desde España a la Colonia británica, «no se tiene constancia de la existencia de ningún procedimiento sancionador relativo». Por otro lado, asegura que la Sección Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil en la aduana linense no ha detectado «irregularidad alguna» hasta la fecha en cuanto a pesaje, documentación, y tipo de material que exportan los camiones de áridos, ya sea en inspecciones aleatorias o por orden del Administrador. Asimismo, Interior señala que no tiene «constancia ni se han recibido avisos acerca del posible paso ilícito de camiones con piedras y tierras desde territorio español hasta Gibraltar».

Con todo, lo más sorprendente es que el Ministerio del Interior asegura desconocer el destino final de las más de 60.000 toneladas de piedra importadas por Gibraltar. Concretamente, sostiene en el escrito que «desconoce si el destino final de este material -piedra y escollera- ha sido para efectuar el 'relleno de mar' al que hace referencia la presente cuestión».

Este posicionamiento contradice las declaraciones de Interior realizadas a este periódico a mediados de julio, en las que aseveraba «España ha venido protestando reiteradamentepor las acciones de relleno y modificación de la costa que Gibraltar realiza en aguas territoriales españolas cada vez que éstas se han producido y lo seguirá haciendo». Sin embargo, ahora el Estado explica que «desconoce si el destino final de este material -piedra y escollera- ha sido para efectuar el 'relleno de mar' al que hace referencia la presente cuestión».

La adjudicación de la licitación de los terrenos a TNG Global se produjo en octubre de 2021. Por entonces, el acumulado de toneladas métricas que había cruzado la aduana era de poco más de 11.000. Un año más tarde, el montante era de 44.984 Tm, siempre según el Ministerio, que contabiliza 1.434 movimientos de transporte de este material sólo en 2022.

La siguiente primavera, el Gobierno de Gibraltar recibió 90 millones de libras esterlinas (unos 103 millones de euros al cambio del momento) en concepto de arrendamiento de los terrenos por parte de TNG Global Foundation. Conectado con ello o no, 2023 añadió otras 16.000 toneladas al acumulado de exportaciones de tierra y escollera llegadas desde España.

Los siete primeros meses de 2024 han ejercido cierto freno, pero aún así pasó por la aduana otro millar de toneladas. De hecho, la comunicación que firma la directora del Gabinete de la Secretaria de Estado, Ana María Prejigueiro Rodríguez, recuerda que «no existe ningún tipo de restricción sobre áridos en la actualidad».

Por su parte, el también periodista Guillermo Rocafort afeaba en su petición informativa los «delitos medioambientales que lleva a cabo Gibraltar con esa mega construcción sobre mar español», preguntando si el Seprona lo estaba investigando. La respuesta ministerial es que «la vigilancia relacionada con la protección medioambiental es ejercida por las distintas Unidades del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras» y que ésta cuenta «con el apoyo del Servicio Marítimo de Algeciras, en lo que respecta a los vertidos ilegales al mar territorial». Sobre el proyecto urbanístico, ni rastro.

El desconocimiento que expresa el Gobierno de España solivianta a numerosos sectores de la zona española circundante, testigos del avance pausado, pero encaminado, de las obras.

Después de todo, es muy significativo que el Ministerio utilice el término escollera que significa, según la RAE, «obra hecha con piedras echadas al fondo del agua, para formar un dique de defensa contra el oleaje, para servir de cimiento a un muelle». En la limitada línea costera gibraltareña no se prevé a corto plazo ningún otro espigón distinto al que envolvería, generosamente, al Eastside Project.