El inicio del curso político de Andalucía: del relato del agravio a los retos de la gestión

El relato político ya está escrito. Los acuerdos suscritos entre el PSOE, PNV, ERC y Junts para las investiduras de Pedro Sánchez, primero, y de Salvador Illa, después, han permitido sentar las bases y recuperar un discurso del «agravio» a Andalucía. Los argumentos se han venido acumulando para el PP andaluz: se ha firmado garantizar el 50% de financiación de la dependencia para el País Vasco, el traspaso de algunas líneas del Rodalíes (Cercanías) a Cataluña, la quita de 15.000 millones de deuda para Cataluña y finalmente el modelo de «financiación singular» con el nuevo Gobierno de Salvador Illa. Eso, sin incluir, la amnistía y sus efectos sobre el electorado.

Probablemente hay que remontarse al periodo 2005-2007, con el proceso de modificación de los principales estatutos de autonomía para encontrar un curso político tan condicionado por el modelo autonómico de competencias, financiación y legislación. Entonces, hace 20 años, las tensiones derivaron en una reforma general del marco competencial, en el blindaje y extensión de conceptos como nacionalidades históricas, en un nuevo modelo de financiación aprobado finalmente en 2009 y en el caso andaluz en el reconocimiento de la 'deuda histórica'.

Este curso político determinará hasta dónde se llega en esta ocasión. Cada paso que se dé será incorporado a un relato político en el que el PP se dispone a subir un nivel más: tratar de trasladarlo a la calle con movilizaciones sociales, recuperando el espíritu de 1977, y con un mensaje que ya ha prendido en otras comunidades y en otras etapas históricas: «Nos están robando». Como refuerzo la voz y el rostro del gobierno ha cambiado con la apuesta por Carolina España, quien está llamada a liderar todo el relato del «agravio» y la confrontación con el Estado.

En este relato, el PSOE-A está en manos del Gobierno de España y también del presidente catalán Salvador Illa. Ese es su principal problema, pero también lo que consideran su principal oportunidad. Superado el objetivo de situar a Salvador Illa como presidente de la Generalitat y en un escenario de más que probable prórroga de Presupuestos Generales del Estado, las expectativas están puestas en que se intente pasar pantalla de la situación catalana y se empiece a abrir el terreno de juego a otras comunidades. Y ahí, de nuevo, cobra protagonismo Andalucía, la comunidad que marcará el próximo ciclo electoral.

No obstante, los últimos datos del Centro de Estudios Andaluces de junio de 2023 plantean un escenario social algo más complejo. En medio de todos los acuerdos de Cataluña, el paro es el principal problema, con un 36%, seguido de la sanidad con un 11,9%. La situación política apenas supone un 5%. Cobra más relevancia si se toma ese mismo informe como referencia y se compara con los datos de un año antes. Entonces, la situación política estaba en segundo lugar con un 10,2% y la sanidad no estaba ni en entre los cinco primeros, con un 3,6%. Es decir, la evolución no ha sido hacia una mayor preocupación por la situación política (entre la que se incluye el tema catalán), sino más bien al contrario. No es que no preocupe, es que hay otros temas que preocupan más.

De ahí que este arranque de curso de Juanma Moreno venga marcado por dos movimientos. El primero vincular todas las confrontaciones políticas con los temas más cercanos a la ciudadanía. «El cupo catalán afectará a la sanidad y a la educación» decía la nueva portavoz del gobierno, Carolina España. La base está asentada. Si faltan recursos para la dependencia, es por el acuerdo con el País Vasco; si fallan las infraestructuras es que la inversión está en otros puntos del territorio, si no hay recursos es que el modelo de financiación castiga a Andalucía. El segundo movimiento está más pegado al terreno: la crisis de gobierno del pasado mes de julio. Un paso orientado a afrontar los retos de la gestión autonómica en los próximos meses: sanidad, educación, vivienda o turismo con cambios en las áreas que necesitaban de un nuevo impulso.

En este aspecto tratará de centrarse la oposición, intentando acercar la realidad de la política autonómica al día a día de la ciudadanía. De hecho, habrá también intentos de movilizaciones sociales y de alzar la calle en los temas clave, aunque no por Cataluña, sino por la sanidad, la educación o la vivienda.

La Junta de Andalucía mantiene la vía cerrada a cualquier negociación bilateral con el Estado sobre financiación o quita de deuda. No aceptará compensaciones a medida por los acuerdos de Cataluña. Su posición, por tanto, quedará fijada en la reunión del 6 de septiembre convocada por Alberto Núñez Feijóo y en la Conferencia de presidentes. El reto será que en estos espacios institucionales aparezca también el fondo de nivelación que reclama la Junta y no sólo el rechazo al pacto catalán. La situación económica de la Junta le da margen. Mientras que pueda haber otras comunidades más ahogadas por la deuda, con más problemas de ingresos o sin certezas sobre si tendrán o no presupuestos de 2025, Andalucía aprobará los suyos en tiempo y forma gracias a la mayoría absoluta del PP, mantiene una línea de crecimiento, la deuda está controlada en relación con el PIB y cada vez hay más recursos para los servicios públicos. Es más que probable que el Gobierno central no tenga presupuestos, y que de nuevo las mayores cuentas públicas sean las andaluzas.

La crisis migratoria de Ceuta y Canarias ha vuelto a poner a prueba el modelo de solidaridad interterritorial español. Andalucía inicia el curso con el objetivo de cumplir con su acuerdo con Ceuta y el reparto pactado entre comunidades y completar la acogida de 30 menores inmigrantes. Al mismo tiempo busca fórmulas para dar una mayor respuesta a la ciudad autónoma. El problema es que los centros de menores este año tienen sus 645 plazas para niños, niñas y adolescentes al 115%, frente a otros veranos en los que se encontraban a la mitad. En el otro extremo, Andalucía juega con una tranquilidad. Frente a otras crisis migratorias que han tenido como protagonistas a las costas andaluzas, en esta ocasión las llegadas han bajado en un 40% respecto al año pasado. En cualquier caso, la voz andaluza, como segundo territorio con más inmigración irregular es clave, y su postura se asemeja más a la de Canarias o Ceuta que a la de otros territorios autonómicos también gobernados por el PP o al de la Cataluña nacionalista.

El último plan de choque, de febrero, ha permitido a la Junta de dar por primera vez después de meses balances positivos en cuanto a la reducción de listas de espera. Pero pese a esto, hay un objetivo marcado de difícil ejecución: cerrar este año con una reducción del 60% en los pacientes que han superado los plazos legales y de un 18% en la lista general. El nuevo curso se abre con un cierto margen para la Junta de Andalucía, una vez que el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha dejado caer a la consejera Catalina García (ahora responsable de las políticas de sostenibilidad) y su sucesora, Rocío Hernández, viene acompañada de un cierto margen de cortesía. Aunque el plan de verano ha podido ya gastar ese margen, al menos políticamente. Sobre la mesa ya se encuentra con dos primeros desafíos además de las listas de espera: el virus del Nilo y la viruela del mono.

La falta de agua marcó el pasado curso político. Andalucía negociaba ya con Murcia la llegada de barcos cargados de agua potable para el verano cuando la lluvia irrumpió en primavera y alivió la escasez de las reservas. Esto permitió rebajar las restricciones y devolver la calma a distintos sectores económicos, entre ellos, el turismo. Pero los embalses realmente siguen en situación crítica, están al 32%, y muy por debajo de la media de los últimos diez años. Si las lluvias no responden en otoño, volverá la situación de emergencia. La salida de Carmen Crespo al Parlamento europeo, precipitó un relevo en el equipo que asume estas competencias que llegan ahora a manos de Ramón Fernández-Pacheco. Ya está programada en septiembre la primera reunión con el Ministerio para proyectos prioritarios, como las desaladoras de Málaga y Almería, y a partir del 30 de septiembre, con el cierre del año hidrológico habrá que evaluar la situación y adoptar, si es necesario, una nueva fase de medidas restrictivas. Preocupa sobre todo la Axarquía.

El debate de la situación de la vivienda empieza a imponerse en la agenda de forma progresiva, especialmente por la subida de los precios de alquiler y las dificultades de emancipación de la población más joven. Tras medidas como el bono alquiler joven (un plan con retrasos y problemas de tramitación) y los avales para la compra, la Junta de Andalucía ha puesto encima de la mesa su proyecto de ley de vivienda centrado la promoción de nuevos inmuebles. En paralelo, la Junta de Andalucía mantiene su rechazo al modelo planteado legislativo planteado por el Gobierno central que previsiblemente no se llegará a estrenar en la comunidad ya que su principal medida (la declaración de zonas tensionadas y la intervención sobre los precios de alquiler) depende de la voluntad y de las decisiones políticas de las autonomías. Este mismo área, la Consejería de Fomento, mantiene el reto de avanzar en este curso político en las principales inversiones de infraestructuras que se han puesto en marcha y que dentro de dos años serán la carta de presentación autonómica ante el electorado.

El turismo está marcando parte de la agenda política en esta legislatura. Los datos de visitantes o económicos siguen siendo positivos (incluso en julio cayeron los viajeros pero subieron las pernoctaciones), y se va a mantener el esfuerzo en captar viajeros de larga distancia (es uno de los objetivos del desplazamiento a China). Pero se han abierto aristas al modelo turístico que seguirán condicionando el debate. La Junta aplacó el pulso por la tasa turística con una mesa de sostenibilidad que tendrá al menos que enseñar alguna de sus cartas en este curso político, durante el cual se pondrá a prueba realmente el decreto de viviendas turísticas de la Junta de Andalucía. Se medirá la capacidad de controlar este fenómeno en las ciudades y si la base jurídica que se ha dado a los ayuntamientos es o no suficiente. Y queda una tercera decisión: en medio de todo este debate turístico la Junta puso encima de la mesa el cobro de una tasa por entrar en los museos y equipamientos culturales. En junio quedó aplazada. Pero ahora sigue sobre la mesa de la nueva consejera de Cultura, Patricia del Pozo.