De la «igualdad» del pacto andaluz de 2018 a la «singularidad» de la financiación catalana

Es decir, el sistema de financiación ha crecido y de ahí que sea cierto el argumento del Gobierno de España de que Andalucía, como el resto de territorios, reciben una financiación récord en este 2024. Pero la distribución ha aumentado de forma desigual y eso perjudica a Andalucía. Según los datos del Ministerio de Hacienda, con informes con variables idénticas, en los últimos diez años (legislaturas de Rajoy y Pedro Sánchez), Andalucía ha crecido en un 65% y Cataluña en un 105%.

Esta conclusión es similar a la recogida en el informe sobre financiación autonómica promovido por el PSOE en el Parlamento andaluz en 2018 y respaldado por el PP e IU, pero también otros documentos más recientes como el informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) de enero de 2024 que define las cuatro comunidades que han salido perdiendo con el actual sistema para las que propone la creación de un fondo de nivelación: Andalucía, Valencia, Murcia y Castilla La Mancha. Andalucía está seis puntos por debajo de lo que le correspondería, Cataluña está 1,7 por encima y Madrid 2,1 puntos arriba. Cantabria y Baleares lideran la clasificación con 14 y 15 puntos por encima de lo que les correspondería. Este documento plantea un fondo de nivelación extraordinario para estos tres territorios de 3.000 millones de euros.

Si Andalucía tiene más población que Cataluña, ¿por qué recibe menos financiación de acuerdo con el sistema de 2009? La respuesta es que se introdujo un reparto en función del concepto de población ajustada en el que se consideran variables como la edad de la población, la despoblación o la insularidad (que beneficia a Cataluña o a Canarias). Esto da como resultado un modelo « complicado y poco transparente, que genera una elevada desigualdad y cambios caprichosos en la ordenación de los distintos territorios en términos de recursos por habitante ajustado», según concluye el citado informe de Fedea.

El malestar de Andalucía con el sistema de financiación viene prácticamente desde el principio, aunque se evidenció especialmente cuando tras la crisis económica se implementaron restricciones en las transferencias autonómicas y en el gasto público que derivaron en mayores carencias de financiación para las comunidades. Fue entonces cuando con Mariano Rajoy de presidente y en Andalucía, con José Antonio Griñán, primero, y con María Jesús Montero después al frente del área de Hacienda se exigió un cambio de sistema de financiación que generara más recursos para la comunidad autónoma porque no se podían sostener los servicios públicos y muchos territorios habían tenido que incurrir en un endeudamiento con el Estado que aún se arrastra.

Este proceso se completó en los últimos meses de Susana Díaz como presidenta y de María Jesús Montero como consejera de Hacienda de Andalucía en un informe aprobado por el Parlamento andaluz por todos los grupos que fijaba dos planteamientos clave: la «igualdad y la equidad». El documento fijaba entre sus conclusiones: «El cambio de modelo debe estar dirigido a las personas, no a los territorios. Todos los ciudadanos deben tener el derecho a recibir los mismos servicios públicos sea cual sea lugar de residencia, sin que aparezca como determinante su capacidad fiscal. No se trata de exigir solidaridad, sino equidad, y esto requiere la igualdad de todos los españoles a la hora de acceder a los servicios públicos vivan donde vivan». Hay una palabra clave por su ausencia en todo este documento: «singularidad».

El documento, además, plantea una serie de medidas correctoras que beneficien a Andalucía como la redefinición de las variables de población ajustada incorporando nuevas medidas como el número de universitarios, la tasa de paro, la población en riesgo de pobreza o exclusión social o el número de dependientes. También se defiende un criterio de equidad que garantice «igual financiación por habitante para cualquier ciudadano español con independencia de su lugar de residencia y dado un mismo régimen fiscal».

Asimismo, el informe recoge como una propuesta clave «eliminación del estatus quo que arrastra privilegios acumulados procedentes de anteriores sistemas de financiación autonómica y provoca que los resultados financieros finales no se correspondan con los criterios de necesidad».

Dónde sí hay coincidencia entre este documento y las negociaciones actuales es en lo referente al endeudamiento y el plan de quita de deuda que se negocia con Cataluña: «Se consideraría adecuado un mecanismo de reestructuración de la deuda autonómica en manos del Estado tomando como criterio la insuficiencia financiera sufrida por aquellas comunidades cuyos recursos del sistema de financiación autonómica actual se sitúen por debajo de la media»

Desde entonces, 2018, hasta ahora se ha producido un cambio significativo en cuanto al aumento de los fondos destinados a la financiación autonómica. Los fondos que se transfieren a las comunidades autónomas han aumentado un 30% aproximadamente, lo que supone 30.000 millones de euros más a repartir. Esto ha permitido cumplir parte de lo que recogía este informe de 2018, como viene subrayando el Ministerio de Hacienda. Entonces se pedían 4.000 millones de euros para hacer frente a los servicios públicos en Andalucía, y el incremento en estos seis años ha sido de 6.000 millones.

Pero, como subraya la Consejería andaluza de Hacienda, dirigida por Carolina España, no es un incremento por decisión política sino porque superada la crisis la recaudación ha aumentado y con ello han subido los fondos destinados al sistema de financiación. Pero al repartirse de acuerdo con un modelo que infrafinancia a Andalucía, la distancia con otros territorios, como es el caso de Cataluña, es mayor ahora que en 2009. A Andalucía le corresponderían, según esta estimación de la Junta de Andalucía, en torno a 1.300 millones más al año.

En este contexto, como ya ocurrió en 2009, es una negociación con los partidos nacionalistas catalanes, la que puede marcar ahora la definición de un nuevo modelo de financiación autonómica. Y el punto de partida que defiende ahora, en plenas conversaciones por el Presupuesto General del Estado y la investidura de Illa, el Gobierno central con María Jesús Montero como ministra, tiene difícil encaje en la resolución aprobada por el Parlamento andaluz.

Los partidos nacionalistas e incluso el PSC están poniendo encima de la mesa el argumento de la balanza fiscal (el dinero que aportan con sus impuestos al sistema frente al que reciben), lo que es precisamente el punto que más rechazó el Parlamento andaluz en su dictamen y uno de los elementos que más fractura genera entre territorios en España. Asimismo, se ha introducido el concepto de «singularidades» en algunas comunidades como Cataluña «aunque negociadas en un marco general».

El tema clave en cualquier caso es la reclamación de las formaciones nacionalistas de un 'cupo catalán' como el que tienen Euskadi o Navarra. Esto supondría, en la práctica, que Cataluña saliera del sistema general, tuviera una negociación singular y una gestión distinta al resto de los impuestos que se recaudan en su territorio. De momento, el Ministerio de Hacienda y el PSOE-A rechazan esta posibilidad de un régimen fiscal catalán propio que piden los partidos nacionalistas catalanes y que temen las comunidades gobernadas por el PP. Si esto ocurre, sistema como tal, basado en los principios de equidad, igualdad y solidaridad se caería por completo. Y ocurriría exactamente lo que denunciaba el acuerdo que suscribió el Parlamento andaluz en 2018: se primaría con más recursos a las comunidades con más capacidad tributaria, es decir, donde sus empresas y su población abonen más impuestos.

En cualquier caso, existe un elemento clave y de difícil encaje en todo este proceso. El mayor ejemplo que dio Andalucía en 2018 fue el consenso entre los principales grupos políticos. Una «posición común», Y se reclamaba precisamente que el «nuevo modelo de financiación contara con un elevado consenso político y territorial y fuera justo y aceptable para todos». De momento, esa posibilidad no sólo es compleja por las relaciones entre los principales partidos, sino que entre comunidades de idéntico partido político el planteamiento puede ser distinto, ya que si Andalucía o Valencia reciben más fondos de la misma bolsa, otras como Cataluña o Madrid pueden tener una mayor diferencia entre lo que aportan con su recaudación fiscal y lo que reciben a través de transferencias.