Caso Aljaraque: los ex ediles morados y el mediador ante 12 años de cárcel, con Caraballo desimputado

La Fiscalía de Huelva , que lo ha mantenido como investigado por cohecho por el presunto soborno de Aljaraque – la supuesta compra de los ex ediles de Sí Se Puede Aljaraque a cambio de un puesto de trabajo de la mujer de uno de ellos y de una concejalía para el segundo-, solicita el sobreseimiento para el ex dirigente socialista y mantiene como acusados a los dos ex concejales, Francisco Martín y Pedro Escalante , y para el sindicalista que hizo de mediador (supuestamente), José Luis Rodríguez (CCOO). Queda también fuera el directivo de la empresa en la que entró a trabajar la mujer de Martín, Aguas de Huelva , días después del acuerdo.

El fiscal acusa a los tres por cohecho y solicita para ellos cuatro años de prisión , a los que Martín y Escalante, suman también la petición de inhabilitación para cargo o empleo público por diez años . Para Rodríguez no hay referencias de inhabilitación.

En el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público, que firma el jefe del departamento, Alfredo Flores , al que ha tenido acceso ABC se considera probada la participación del socialista pero solo en los intentos por parar la moción que los ex ediles morados tenían firmada con el PP (diciembre 2019) y en su aprobación para que el sindicalista hiciera las veces de mediador entre los de «Sí se Puede Aljaraque» y la ex alcaldesa, Yolanda Rubio (PSOE).

«No existen indicios relevantes de su participación activa» según el fiscal para acusarlo.

Entre las partes que finalmente cogobernaron había un enfrentamiento inicial. Se puso de manifiesto, según se detalla en el escrito, en una reunión decisiva que tuvo lugar en la Diputación, con presencia de Caraballo, de la ex alcaldesa y los dos ediles morados.

El intento de alianza estalló porque Rubio se negó en rotundo, frente que Martín o Escalante, entraran en el gobierno local. El fiscal llega a describir este encuentro como « tenso y con un duro enfrentamiento verbal entre la alcaldesa y Martín».

En ese momento, la dirección del PSOE empieza a «preocuparse» por cómo pueden responder los ex ediles morados y el camino que pudiera seguir la moción de censura y se contacta – el escrito no concreta quien lo hace - con Rodríguez «por sus muchos contactos y su poder negociador» para que trate de acercar posturas.

El fiscal considera acreditada la intervención del ex líder del PSOE en los intentos de frenar la moción de censura y su visto bueno para que el sindicalista de CCOO mediara en el asunto pero mantiene que no está acreditado , por el contrario, que Caraballo tuviera conocimiento de la futura contratación de la mujer de Martín y de que este trabajo se ofreciera «como precio» para que los concejales morados la retiraran.

En cuanto a la relación entre el sindicalista Rodríguez y Caraballo, el ex presidente de la Diputación dijo en sede judicial que « lo conocía por su participación en conflictos laborales ». Ese era el trato con el sindicalista, según el ex presidente de la Diputación.

En cuanto a la triangulación de llamadas entre ambos en los días de enero de 2017 en los que se estaban produciendo las negociaciones – llamadas en las que se apoyó la instructora de la causa-, el fiscal destaca que «son los únicos contactos acreditados entre ambos investigados».

El Ministerio Público se apoya para sostener el sobreseimiento en varios puntos. De un lado, en la declaración del ex dirigente socialista – « siempre ha negado que diera su autorización o visto bueno a la contratación»-, en las afirmaciones y declaraciones del denunciante – un ex asesor de la formación morada-, a las que le atribuye intención mantener la denuncia que finalmente presentó (enero 2017) y que dio origen al proceso judicial en el Instrucción 1 de Huelva.

El análisis de las conversaciones grabadas por el ex asesor de Podemos – que forman parte de la causa- «determina el intento lógico del denunciante para apoyar su futura denuncia de que los investigados aporten datos relevantes de Caraballo, que no obstante no se produce más allá a referencias a su visto bueno o estar informado», «lo que puede referirse –baraja la Fiscalía- a las conversaciones para frenar la moción de censura por el representante de CCOO y en todo caso al ofrecimiento para entrar en el equipo de gobierno».

« No cuadra con la lógica y la experiencia que José Luis Rodríguez (CCOO) informase a Caraballo que la mujer de Martín iba a ser contratada en todo caso por Emhasa (Aguas de Huelva), por el contrario resulta más verosímil que igual que ocultó dicho dato a los investigados a los concejales investigados, atribuyéndose el mérito de haberlo conseguido, lo hiciese igual con Caraballo, de forma que cobrase mayor valor su intervención de cara a futuras negociaciones en el ámbito laboral de la Diputación o en todo caso tuviese un favor político que cobrarse ».

Según Flores, se explicaría así la breve conversación el día de la reunión en la que se cerró el acuerdo. «Debió consistir poco más que en un todo va bien, sin entrar en más detalle» – reflexiona- y hace referencia a una conversación entre el denunciante y Rodríguez, habla de su labor mediadora. «Claro, es que yo me dedico a esto desde hace ya muchísimos años y qué no sabré yo lo que pasa, es que ese conocimiento me da la posibilidad de arreglar las cosas a la gente».

Presentados los escritos de acusación, están en trámite los de las defensas antes de que el instructor dicte auto de apertura de juicio.