La Guardia Civil revela que una empresa satélite de UGT Andalucía financiada con la formación hizo 65 transferencias a la asesoría de su consejero
Un sargento detalla en el juicio que Soralpe ingresó 2,1 millones de euros al sindicato sin identificarse a qué se debían dichas transferencias
Las mariscadas caribeñas de los 'cursos' de la antigua cúpula de la UGT en Andalucía
Un sargento de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigó el circuito financiero de la presunta trama de facturas falsas de la federación andaluza de UGT ha constatado este lunes que la empresa Soralpe, propiedad al 100% del sindicato, realizó 65 transferencias bancarias por un importe total de 257.222 euros a una consultora privada administrada por el propio consejero delegado de esta sociedad satélite, Enrique Emilio Goicoechea, que se llama Bat Gestión Empresarial, dedicada a los servicios financieros y contables.
Este investigador ha declarado por videoconferencia en la cuarta sesión del juicio que celebra la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla contra la antigua cúpula de la UGT Andalucía por la presunta financiación irregular del sindicato a través de catorce subvenciones que le concedió la Junta de Andalucía entre 2009 y 2013 para impartir cursos de formación a trabajadores y parados. Están acusados cinco ex responsables de la UGT-A y diez proveedores por supuestos delitos de fraude de subvenciones y falsedad documental.
Durante el interrogatorio, el fiscal Anticorrupción ha señalado que el atestado policial realizado con motivo de la investigación judicial destacaba las 65 transferencias realizadas entre 2009 y 2014 a la asesoría privada del propio consejero delegado de Soralpe, cuya principal vía de financiación son los fondos que le transfiere la propia UGT-A, que le cede el usufructo de locales y aulas de formación de su propiedad para que ésta, a su vez, facturase a el Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) por el uso de los mismos, en los que se imparten cursos de formación subvencionados. En un momento determinado, la UGT-A empezó a pagar por el alquiler de aulas propias por las que antes no abonaba nada, según las manifestaciones realizadas por trabajadores de Soralpe a la Guardia Civil.
«Derivándose, por tanto, una situación irreal mediante la cual se estaban justificando gastos ante la entidad concedente de las subvenciones que en sí no lo eran», puntualizaba el atestado de la Guardia Civil, cuyo contenido ha ratificado su autor.
En el juicio, el sargento de la Benemérita, que es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y tiene un máster en comercio internacional, ha reseñado que «no hemos encontrado ninguna factura» que justifique estas transferencias de dinero a Enrique Goicoechea, que desempeña un papel clave en la trama empresarial de la UGT-A, a diferencia de lo que ocurría con otras sociedades con las que Soralpe contrataba el asesoramiento jurídico y contable.
El enigma de los pagos a cuenta a la UGT-A
«No podemos llegar a saber a qué se deben esos pagos», reiteró el testigo cuando le volvió a preguntar por este asunto el abogado del exsecretario de Administración y Finanzas de la UGT-A Federico Fresneda, para el que el fiscal pide siete años de prisión y 50 millones de euros de multa. Con posterioridad, a preguntas de la letrada de la exresponsable de Gestión Económica del sindicato María Charpín, el guardia civil indica que no se estudió la contabilidad de la empresa privada del consejero delegado de Soralpe.
En su declaración, el sargento hace hincapié en que la actividad de la sociedad satélite de la UGT ajena al alquiler de aulas es testimonial. Tiene como clientes a unas ocho entidades, que apenas aportan «300.000 euros y pico» de la facturación de Soralpe, en torno al 13%, frente a un 87% procedente de la UGT-A y el IFES, que le transfieren fondos públicos para impartir cursos de formación. Entre 2009 y 2014, Soralpe recibió 7,1 millones de euros del IFES y 5,2 millones de la UGT-A. De esta última cuantía, especificó que hay una «diferencia» de 1,6 millones de euros «entre lo facturado y lo no facturado» y «no podemos determinar exactamente a qué se debe».
No es la única incógnita que revela la investigación policial cuyo objetivo es «averiguar el destino» de los fondos públicos y si «existía gasto por propiedades que pertenecían a la UGT-A», ha detallado el guardia civil. Soralpe también realizó pagos a la UGT-A por importe de 2,1 millones de euros que se «justifica por el concepto genérico de pagos a cuenta». «No sé en contraprestación a qué Soralpe le ingres más de 2 millones a la UGT-A. En principio no hemos encontrado justificación», ha respondido el testigo al fiscal Anticorrupción Fernando Soto.
Con posterioridad, la letrada de María Charpín abundó en este asunto y preguntó al sargento si conocía que Soralpe tenía un contrato por el que hacía préstamos a la UGT-A que pudieran justificar dichos pagos. El guardia civil ha respondido que «yo no me puedo inventar» que se tratase de préstamos. «Si pone pago a cuenta, yo solo puedo deducir que es un pago a cuenta», por lo que «no se puede determinar a qué se deben esos pagos», dado que no se reseñan. A la Guardia Civil les llamó la atención la «cantidad de dinero en conceptos tan ambiguos y sin especificar» que figuran como pagos a cuenta al sindicato.
«Alto riesgo de destrucción de pruebas»
Soralpe y Novasur, dos empresas vinculadas a la UGT-A fueron registradas por orden judicial en diciembre de 2013. En julio de 2015, la Guardia Civil llevó a cabo el registro de la sedes del IFES en Sevilla. El investigador justificó dicha intervención por «el alto riesgo de destrucción y alteración» de documentos de la supuesta trama de financiación irregular, entre otras razones por la aparición de noticias en medios de comunicación sobre el destino de los fondos de formación, confirmó a preguntas del representante legal de Federico Fresneda.
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