POLÍTICA
La Fiscalía archiva la denuncia de la Cámara de Cuentas contra el presidente del PP de Granada
Se acusaba a Sebastián Pérez por un contrato en la empresa provincial de suelo cuando estuvo al frente de la Diputación
La Fiscalía Provincial de Granada ha archivado la denuncia que en su día fue interpuesta por la Cámara de Cuentas de Andalucía contra el presidente del PP de Granada, Sebastián Pérez, en relación con el sistema de contratación en Visogsa, la empresa provincial de vivienda y suelo cuando fue presidente de la Diputación granadina.
«Con independencia de su titularidad, nos encontramos ante una sociedad anónima» que, salvo excepciones entre las que no se encuentra la contratación de personal, «se rige por el derecho privado». Así se hace constar en el decreto de archivo de las diligencias de la Fiscalía Provincial de Granada dado a conocer este viernes por el Partido Popular.
Según ha defendido la parlamentaria andaluza del PP Ana Vanesa García , este archivo demuestra que su partido hizo una «buena gestión» en Visogsa, puesto que de las dos denuncias que se han presentado por contrataciones supuestamente irregulares en la empresa «ya hay dos archivos judiciales».
«Sin perjuicio de que según la Ley de Contratos del Sector Público deban respetar en su contratación los principios de publicidad y concurrencia», indica el decreto de archivo que especifica que, aunque el contratado «fue despedido disciplinariamente con anterioridad de dicha sociedad, no debe existir hecho delictivo ni en la concurrencia a la convocatoria pública acontecida con posterioridad ni en la resolución que lo selecciona para el cargo».
El origen de la denuncia se retrotrae a antes de que Sebastián Pérez presidiera la Diputación de Granada cuando José Luis Hernández, ex gerente de Visogsa con el PSOE, fue denunciado por este trabajador cuando fue despedido. Le pidió dos años de cárcel por supuesto acoso laboral en un proceso del que Hernández fue absuelto.
En el último giro de esta polémica político-judicial, el PP ha apuntado directamente al presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Antonio López , que fue teniente de alcalde cuando Hernández fue alcalde de Guadix por el PSOE.
En la investigación del sistema de contratación en Visogsa, López ha estado «tutelado» por su «buen amigo» José Luis Hernández , quien, según ha explicado Ana Vanesa García, se habría dedicado a presentar «denuncia tras denuncia en la Cámara para que su amigo pusiera la institución a su servicio y diera traslado de las mismas a la Fiscalía».
«Para eso puso el PSOE a Antonio López al frente de la Cámara de Cuentas, para que tramite las denuncias que se presentan contra el Partido Popular de Granada y contra Sebastián Pérez», ha remachado García que ha señalado al «tridente» socialista de Granada, encabezado por su secretaria provincial, Teresa Jiménez, al que se le está viendo claramente el «uso torticero» que hacen de las administraciones públicas en manos del PSOE , como es el caso de la Cámara de Cuentas de Andalucía.
«El archivo de esta denuncia evidencia las malas artes que utiliza el presidente de la Cámara, el socialista Antonio López, quien está manchando una de las instituciones más importantes de Andalucía », ha denunciado la parlamentaria popular que también ha incidido en la «estrecha» relación que le une con José Luis Hernández «quien le ha llevado de la mano en todos los cargos que ha ocupado».
Tras su etapa en el Gobierno local de Guadix, el hoy presidente de la Cámara de Cuentas fue consejero delegado de la empresa Aguas de Guadix , coincidiendo con que Hernández era el presidente de la misma; y casualmente, la empresa privada Graudi S.L., propiedad de Antonio López, fue la adjudicataria «a dedo» de todas las auditorías que se realizaron en Visogsa, siendo Hernández gerente, entre los años 2008 y 2010.
«Y decimos que fue a dedo porque la misma Visogsa ha informado que se le pidió de manera verbal una oferta económica a Graudi S.L. y que su factura fue de 33.000 euros anuales, cuando la media que se estaba pagando en la empresa por auditorías era de 20.000 euros. No solo se le contrató a dedo, sin ningún papel de por medio, sino que se le pagó una cantidad mucho más alta», ha añadido García.
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